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Actualizado el 25 de Noviembre de 2020

Superintendencia de Educación Superior

"Todos deseamos avanzar a un mejor sistema educativo, los mecanismos pueden ser muchos, pero si lo hacemos, hagámoslo de la mejor forma posible".

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Aldo Sanhueza Carrera es Vocero OFESUP. Presidente FEECCP UNAB Concepción

La educación superior en nuestro país se ha transformado en las últimas décadas en uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y progreso de las familias chilenas, el cual ha sido gestado por los distintos actores que conforman el sistema educacional chileno.

Los datos así lo demuestran, ya que al año 1990 la matrícula total del sistema de educación superior era sólo de 245.561 estudiantes, y en tan solo 27 años ésta se ha incrementado 5 veces, sin duda que el avance y la inclusión social al sistema están a la vista. En ese sentido los avances en esta materia deben ser acompañados por una legislación educacional que sea lo suficientemente capaz de velar y promover una mejor calidad del sistema educacional.

Dicho esto nos enfrentamos actualmente a un proyecto de Superintendencia de Educación Superior, el cual valoramos desde el punto de vista de que exista una entidad especializada en velar por las buenas prácticas de las instituciones. Sin embargo, al evaluarlo en detalle nos damos cuenta de lo avasallador que es este, lo cual se refleja en puntos tales como; supervigilar la viabilidad financiera de las instituciones, el cual no esclarece detalles ni mecanismos claros para ejercer dicha labor, pudiendo generar un grave conflicto debido a las potenciales atribuciones excesivas de este organismo vulnerando así la autonomía de las instituciones y la libre disposición en la utilización de sus recursos para financiar sus proyectos educativos, en donde además si ésta lo estima conveniente podría incluso nombrar un administrador provisional – los que finamente siempre se han transformado en administradores de cierre en las instituciones donde se han implementado – provocando daños irreparables como ha sucedido cada vez que se han requerido, tales como en la universidad del Mar, lo que han vivido los estudiantes de la ARCIS y lo que comenzará a suceder prontamente en la Iberoamericana.

Considerando las demás atribuciones de ésta en materia de fiscalización, nos encontramos con la falta de regulación en cuanto a los procesos de investigación que pueda llevar a cabo este organismo, específicamente con en el número de citaciones e investigaciones a alguna casa de estudios, ya que los procesos se pueden abrir nuevamente a raíz de una misma causa sin considerar las investigaciones previas que este u otros organismos puedan haber llevado a cabo, produciendo un profundo desgaste y perjuicio a la imagen de las instituciones, tal como lo vivido por la UNAB en estos últimos 5 años.

Esto causa así un grave daño a la valoración del título profesional de sus estudiantes, los cuales más allá de la institución, si es pública o privada, son finalmente ellos y sus familias los que el día de mañana cargaran sobre sus hombros la mochila con el escudo reluciente u opacado de la institución en la cual se formaron.

Todos deseamos avanzar a un mejor sistema educativo, los mecanismos pueden ser muchos, pero si lo hacemos, hagámoslo de la mejor forma posible. Los estudiantes y sus familias no merecen ser tratados como el experimento del gobierno de turno, sino como el proyecto individual y colectivo que existe en cada uno de ellos, el cual es deber de todos cuidar y potenciar de la mejor manera posible.

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