La gratuidad llegó para quedarse
"El debate fundamental debiera girar, por tanto, en torno al modelo de educación que queremos para Chile y si estamos dispuestos a concebir la educación como un bien público".
Carolina Guzmán Valenzuela es Investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile.
La gratuidad llegó para quedarse. Ésta fue la frase utilizada por el presidente Sebastián Piñera el pasado lunes, luego de anunciar el aumento de la cobertura de la gratuidad para institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT) a un 70% a contar del año 2019, y a un 90% en los años venideros. Esta frase, en todo caso, ya había sido utilizada en junio de 2017 por la entonces Ministra de Educación, Adriana del Piano, cuando el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet rindió cuenta pública al país.
Recordemos que, en el año 2016, la gratuidad beneficiaba al 50% de los estudiantes universitarios más vulnerables (alrededor de 114,000 en total) y que ésta se amplió durante el año 2017 tanto para estudiantes de universidades como de IP como CFT (alrededor de 262,000 estudiantes en total). Para 2017, este porcentaje aumentó a un 60% de los estudiantes de menos recursos de manera que, ese año, había unos 91,000 estudiantes de IP y CFT gozando de este beneficio. En 2018, hay unos 154,000 y para el año 2019 se prevé que serán alrededor de 167,000.
El anuncio de Piñera sobre el aumento de cobertura de la gratuidad ha sido recibido de diversas maneras. Sectores de la centroderecha, cercanos a Piñera, han aplaudido la ampliación de la medida y señalan que da cuenta del compromiso del recién electo presidente con las demandas estudiantiles. Sin embargo, otros sectores vieron este anuncio con cierto recelo aduciendo que fue un intento de aplacar la marcha estudiantil convocada para el 19 de abril. Esta marcha tenía como objetivo protestar en contra de la decisión del tribunal constitucional conocida a fines de marzo de este año, en el que declaraba inconstitucional el artículo 63 del proyecto de ley sobre reforma a la educación. Dicho artículo prohíbe que personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro puedan ser controladores de instituciones de educación superior. Esta cuestión no es menor si se considera que una de las principales críticas del movimiento estudiantil de 2011 era formuladas en contra de una educación de mercado y en el que el lucro ocupa un lugar preponderante. Otra crítica hacia la ampliación de la medida de gratuidad para el año 2019, ha surgido desde el PPD. Esta crítica guarda relación con que la mayoría de los IP y CFT tienen fines de lucro, lo que implicaría que un importante número de estos tendrían que modificar esta finalidad para poder adscribirse a la gratuidad.
La gratuidad, desde sus inicios, ha generado acalorados debates y ha sido defendida y rebatida por diversos sectores. Su implementación y ampliación continúan generando reticencias y posiciones encontradas. Pareciera ser que el tema de fondo, en realidad, no es la gratuidad, sino más bien un modelo de educación de mercado en donde el lucro y la concepción de la educación como un bien de consumo quieren ser erradicados por unos y mantenidos por otros. El debate fundamental debiera girar, por tanto, en torno al modelo de educación que queremos para Chile y si estamos dispuestos a concebir la educación como un bien público. Mientras tanto, y en cualquier caso, los debates en torno a la gratuidad son saludables y bienvenidos pues nos hacen pensar acerca de la educación superior que necesita nuestro país.
