¿Cambio de nombre a la Ley o una Ley de Educación Integral en Sexualidad?

El pasado 03 de mayo, diputadas/os del Partido por la Democracia y del Partido Progresista ingresaron a la Comisión de Educación, Deportes y Recreación, una moción para cambiar el nombre de la Ley 20.418 y asegurar la obligatoriedad de impartir educación en sexualidad, afectividad y género en los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado.

Es una iniciativa loable como la mayoría de aquellas que emergen en el debate, como cuando se discutió la posibilidad de entregar Píldora de Anticoncepción de Emergencia (más conocida como Píldora del Día Después), despenalización del aborto o las tasas de embarazos en adolescentes. Esta vez el detonante son las cifras de nuevas notificaciones por VIH, que la moción (haciéndose eco de discursos catastróficos) presenta de forma más desfavorable que los países africanos.

El mal uso de las cifras no le hace un favor a la propuesta de avanzar hacia una Educación en Sexualidad, Afectividad y Género obligatoria; sino que debe avanzar en su propio mérito. Es necesaria una educación en sexualidad tal y como es necesario el conocimiento rudimentario en matemáticas y lenguaje. Así como el currículum incorpora la historia y las ciencias naturales, debe incorporar con la misma o más fuerza un contenido sobre la sexualidad humana (entendida en el amplio sentido, es decir, respecto de las funciones reproductivas, orientación sexual, identidad de género, placer y realización personal, por mencionar algunos de los ámbitos).

Las/os diputadas/os, al presentar la moción, dan cuenta de una carencia grave que subsiste en el ámbito educacional respecto del abordaje de la sexualidad, pero equivocan el camino al proponer cambios en una ley que originalmente tuvo otro propósito. Hay que recordar que la Ley 20.418 nace a raíz de la dificultad de poder entregar Pastillas de Anticoncepción de Emergencia en los establecimientos de salud de atención primaria; aunque se podía comprar con receta retenida en cualquier farmacia del país. Cuando se normó esa posibilidad, diputadas/os de la UDI recurrieron al Tribunal Constitucional y Contraloría General de la República para impedir esa posibilidad. Esto se zanjó con la ley en cuestión; por lo tanto, fue una ley pensada en esa línea: información, educación y acceso a los métodos anticonceptivos.

En su segundo trámite constitucional, se incorporó una indicación de los senadores Girardi, Ruiz-Esquide, Ominani y Horvath (se unieron dos mociones en una), que es la que actualmente se encuentra en el inciso cuarto del artículo primero. Incluso, el Ministro Secretario de la Presidencia de la época, José Antonio Viera-Gallo hizo ver que implicaría un control preventivo por el Tribunal Constitucional dado que el inciso afectaba una norma constitucional como lo era la Ley General de Educación. Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró constitucional el inciso en cuestión; pudiendo ser promulgada el día 18 de enero de 2010.

¿A qué viene este recordatorio de la historia de la Ley 20.418?

Esta es una Ley diseñada desde el Ministerio de Salud, figura así en la publicación en el Diario Oficial. De la misma manera se refirió el Ministerio de Educación cuando se le consultó respecto de la implementación de programas de educación sexual en los establecimientos educacionales de enseñanza media.

La solución debe venir desde el Ministerio de Educación a través de una Ley de Educación en Sexualidad, Afectividad y Género que asegure contenidos mínimos que sea obligatorio a todos los establecimientos educacionales independiente de la calidad del sostenedor.

Proponer cambios a una norma que tuvo otra finalidad es sacar las castañas con la mano del gato; poder decir a futuro que algo se pretendió hacer. Más significativo es pensar un marco curricular que integre la educación en sexualidad; quizás es un camino más largo, pero ciertamente que de mayor profundidad.