Rectores en pie de guerra con nuevo CAE: acusan que fijará precios y provocará daño económico

A comienzos de junio, el Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto del nuevo Sistema de Financiamiento Solidario (SIFS) que reemplazará al Crédito con Aval del Estado y al Fondo Solidario de Crédito Universitario, con la idea de que el financiamiento a estudiantes sea administrado por una institución estatal sacando a la banca del sistema.

Sin embargo, se generaron críticas luego que se revelara que la iniciativa planteaba que el nuevo crédito sería administrado por una “sociedad anónima”, que retendrá el sueldo de quienes no paguen las cuotas mensuales una vez egresados y que creará un “Dicom” para los deudores.

A esos cuestionamientos se sumaron ahora los de los rectores de las universidades privadas, quienes acusan vulneración de la autonomía, intervención, fijación de precios y desfinanciamiento. Críticas similares a las que lanzó la derecha al Gobierno de Michelle Bachelet.

Esto -según consigna La Tercera– porque el proyecto del Gobierno también prohíbe el cobro de copago a los estudiantes de los seis primeros deciles, lo que tendrá que ser cubierto con becas o créditos de las propias instituciones. Eso, aseguran los rectores, podría generarle a los planteles mermas económicas relevantes y afectar los proyectos educativos.

El rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, afirmó que “estamos en presencia de una verdadera bomba de tiempo que en algunos años va a explotar y eso va a generar un déficit generalizado en las universidades chilenas y una baja sustancial en su calidad”.

Al mismo tiempo, Covarrubias dijo que se está presentando una gratuidad con otro nombre: “Han dicho que alumnos del primero al sexto decil no pagarán nada y el mecanismo que utilizaron para no decir que es gratis es que el copago se cubrirá con una beca interna o un crédito que otorgue la propia universidad”.

El rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, señaló por su parte que “el hacer obligatorio el impedimento de cobrar copago es una fijación de precios y es muy peligroso, porque durante la tramitación de la ley o en el futuro a más de alguien con alma socialista se le puede ocurrir fijar más precios”.

Igual de crítico fue la máxima autoridad de la U. de los Andes, José Antonio Guzmán, quien cuestionó que las instituciones deban cofinanciar esta política pública y que ello podría afectar la calidad. “Esta exigencia de cofinanciar a los estudiantes tendrá un impacto negativo en la calidad. El sistema no puede ser esquizofrénico: exigir calidad, por una parte, y por otra, limitar el acceso a recursos”, afirmó.

“Las instituciones que reciban el crédito se verán perjudicadas, porque el arancel regulado no cubre los costos reales de educar un estudiante, ni aun con la corrección que se establece para cubrir la brecha. En el largo plazo, las instituciones no tendrán más remedio que bajar la calidad”, añadió.

Por otra parte, el rector de la U. Alberto Hurtado, Eduardo Silva, indicó que el hecho de que exista libertad para el cobro de aranceles en los deciles superiores al seis hará que sea más conveniente sumarse al crédito y no a la gratuidad, la que sí tiene restricciones de precio para esos deciles. “Para las universidades que están en gratuidad el nuevo sistema es muy perjudicial. La solución es el adecuado cálculo de aranceles”, enfatizó.