Piñera presenta “Aula Segura”: el proyecto que busca sancionar a los estudiantes que participen en actos de violencia
La medida permitiría que los directores puedan expulsar o cancelar la matrícula de los alumnos que se vean involucrados en hechos graves, tales como detonación de artefactos explosivos, agresiones físicas o posesión de armas.
Durante 2018 han trascurrido una serie de acontecimientos violentos en las inmediaciones de diferentes colegios, llegando a realizarse más de 160 intervenciones y siendo más de una docena los expulsados. Por lo mismo, durante esta mañana el Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de ley “Aula Segura”.
La iniciativa busca brindarle más herramientas a los directores de los establecimientos educacionales a la hora de enfrentar hechos de violencia catalogados como graves, tales como la detonación de artefactos explosivos, incurrir en agresiones físicas o la posesión de armas, etc.
“No sólo es una herramienta jurídica indispensable y urgente para proteger con mayor eficacia la integridad física, psíquica de toda la comunidad escolar, sino que también una herramienta útil y absolutamente necesaria para proteger el derecho de toda la calidad de la educación”, declaró el mandatario.
El Presidente, quien reiteró su compromiso con la calidad de la educación y la “dignidad e integridad que merece toda la comunidad escolar”, afirmó que “va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni nadie, pretenden causar un clima de terror al interior de nuestros establecimientos educacionales”.
En esta misma línea, el mandatario señaló que “esperamos que este proyecto de ley nos permita restablecer la tranquilidad, la paz y el clima adecuado para que los niños y jóvenes puedan aprender, educarse, y tener todas las herramientas para desarrollar en plenitud las potencialidades”.
Este proyecto de ley, que también incluye a los colegios particulares y subvencionados, pretende aumentar las atribuciones del director en materia de expulsión y cancelación de matrícula, y con ello, asegurar el derecho a la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, además del derecho al debido proceso y a la educación del estudiante sancionado (que sería reubicado).
