¿Jardines infantiles que priorizan niños migrantes? La deuda histórica en cobertura

A raíz de algunas publicaciones en redes sociales, hace unos días se difundió la idea de que los niños y niñas migrantes “irregulares” tienen primera prioridad en la postulación a jardines públicos y que esto “disminuiría las oportunidades” de los niños y niñas nacidas en Chile. Podríamos señalar muchas cosas que echan por tierra esta idea, como por ejemplo que todo niño o niña tiene derecho a una educación de calidad, independiente de su nacionalidad, nivel socioeconómico o cualquier otra condición. Podríamos aclarar que existen muchos otros criterios que priorizan a la población más vulnerable chilena o extranjera. O podríamos decir, con evidencia en mano, que sólo un 2,6% de la matrícula en educación pública parvularia corresponde a niños y niñas que nacen en el extranjero.

Sin embargo, la principal verdad que yace —casi engañosamente oculta— detrás de esta idea de “priorización” es que Chile tiene una deuda histórica en materia de cobertura en Educación Parvularia, fundamentalmente por la falta de oferta. Mientras el promedio internacional de cobertura en salas cuna es de un 25%, Chile sólo alcanza un 18%. Esta misma situación se repite en niveles medios (2 a 4 años), donde el promedio internacional de cobertura alcanza un 64% y en nuestro país sólo llega al 43%. Si realizamos un zoom por regiones el panorama es categórico: la totalidad no cumple el promedio internacional de cobertura en los niveles medios. Señalar, por lo tanto, que el acceso a la educación parvularia es un problema que se debe a la llegada de niños y niñas migrantes es, a lo menos, erróneo.

Esta discusión también nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de pasar de una política de focalización a una política de acceso universal. Desde la década del 70, ante la falta de cupos para acceder a la Educación Parvularia, se establecieron criterios para priorizar a las familias más vulnerables del país, cuestión tremendamente necesaria para comenzar a implementar una política pública. Sin embargo, hoy esta política de focalización ya no responde a los intereses y demandas de la sociedad. Muy por el contrario, fortalece la segregación —porque dificulta la interacción entre grupos socioeconómicos, pese a que el servicio es demandado por diferentes familias— cuando el camino “para el siglo XXI” debe ser el fomento de la vida en diversidad. Nuestra educación de párvulos debe transformarse en una política universal, donde todas las familias puedan acceder a estos establecimientos sin importar su condición económica, residencia o grado de vulnerabilidad, tal como sucede hoy en la educación escolar municipal y subvencionada.

Lograr lo anterior, evidentemente, requiere de diversas medidas. Sin embargo, una de las principales es transitar desde un sistema rígido —como el de hoy— a una atención más flexible, que brinde más alternativas a las familias para ingresar a la Educación Parvularia y que permita aumentar la cobertura. A nivel internacional y también nacional, existen experiencias donde las familias deciden la hora y día en que su hijo o hija asiste al jardín, hay programas donde se potencia la interacción conjunta con la familia, la cual permanece en el centro educativo durante la jornada, y otros donde sencillamente se realizan actividades pedagógicas al aire libre. Estas expresiones de cómo abordar la Educación Parvularia en el país cobran sentido si consideramos que el 73% de los niños y niñas que no asiste a la Educación Parvularia es porque alguien los cuida en casa, la familia no confía en el sistema o la oferta no responde a sus necesidades.

Todo niño y niña debe tener la oportunidad de estudiar, independiente de dónde venga, de su situación económica o de cualquier otra condición. ¿Por qué niños y niñas migrantes deberían pagar las consecuencias de un Estado que no priorizó este nivel educativo con anterioridad? Es justo y necesario que podamos contar con una política de Estado en materia de cobertura, que supere al gobierno de turno y que permita dar una mirada país al cuidado, protección y desarrollo de la infancia a través del sistema educativo, entendiéndolo como un derecho de todos los niños y niñas.