Debate sobre Educación: Inclusión, calidad y juventud rural

El 24 de enero es el Día Internacional de la Educación, declarado por la ONU “en favor de una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos”. En Chile, actualmente se debaten propuestas que ponen en riesgo, paradójicamente, los esfuerzos avanzados en inclusión, equidad y calidad, pero en la crítica ha estado ausente la mirada sobre un segmento social olvidado: la infancia y juventud rural.

La educación rural atiende a población más vulnerable (o más bien “vulnerada”): a niño/as y jóvenes cuyos padres tienen un ingreso promedio mucho menor que sus pares urbanos (dos veces más bajo, según la Agencia de Calidad de la Educación) y menor escolaridad que sus pares urbanos (9 años v/s 12 años). De manera casi determinista (existe un caudal de evidencia que relaciona el capital económico y cultural de las familias con los resultados académicos de los estudiantes), esos hijos/as, de familias rurales, presentan mayores tasas de deserción escolar (datos MINEDUC) y menores resultados en pruebas estandarizadas como la internacional PISA, debido a una “acumulación histórica y sinérgica de inequidades” (ver estudio).

Los jóvenes rurales, con todo esto en contra, tienen muchas potencialidades: comparados con los adultos rurales tienen mayor proximidad a la sociedad de la información y al uso de nuevas tecnologías, mayor capacidad de innovación, mayor conciencia ambiental y se mueven más fácilmente entre lo urbano y lo rural (ver proyecto “Jóvenes rurales y territorios de Rimisp).

¿Cómo responden las políticas públicas a este potencial? En general, en Latinoamérica la oferta pública tiene sesgo urbano y concentración en las urbes, presupuestos escasos y poca pertinencia (ver estudio acá). Específicamente en educación, las oportunidades educativas en las zonas rurales son menores. En Chile, al año 2017, el 52% de las escuelas son multigrado (varios cursos en una misma sala) y la oferta de educación secundaria es escasa y con serios déficits de infraestructura y personal. En cuanto a educación superior, hace apenas dos años ni siquiera todas las regiones del país contaban con una universidad pública a la que la población regional y sus entornos rurales pudiera acudir para proseguir estudios (las de Aysén y O’Higgins comenzaron a funcionar en 2017).

Las brechas se han ido reduciendo en el tiempo, pero aún existen (según el Informe Latinoamericano Rimisp 2017, pese a los avances, hay más de 30 puntos promedio de diferencia en los resultados SIMCE entre Santiago y provincias rurales como Parinacota o Tamarugal) y muchos jóvenes rurales no ven más opciones que migrar hacia las ciudades. Lo hacen por pobreza, inexistencia de oferta educativa y desempleo o empleo precario, lo que se suele denominar “falta de oportunidades”.

La ley de inclusión parece ser un significativo avance en la dirección de reducir la segregación y hacer posible una distribución más equitativa del derecho a la educación. La implementación de la ley no se ha completado (falta nada menos que la Región Metropolitana, que en un país como Chile es decir casi la mitad del país), por lo que es poco serio emitir juicios sin una evaluación pertinente. Falta mucho camino que recorrer aún, especialmente en las zonas rurales, donde las oportunidades educativas que tienen los niño/as y jóvenes son muy limitadas.

Para que la juventud rural pueda desplegar su potencial y contar con oportunidades equivalentes a las de sus pares urbanos, se requiere profundizar los esfuerzos de inclusión y calidad que beneficien al sistema educativo en su conjunto y no a unos pocos establecimientos, además de ofertas educativas pertinentes a la situación, necesidades y aspiraciones de sus jóvenes.