La PSU un problema de política pública
"El Estado ha utilizado por años los resultados de la PSU para justificar sus aportes de distinto tipo a las instituciones ratificando, con todo el peso del Estado, los errores que ella contiene y sus consecuencias sobre los estudiantes y sus familias".
José Pedro Undurraga Izquierdo es Ingeniero comercial y director de empresas
La PSU un problema de política pública: garantizar éxito de los estudiantes que reciben financiamiento del Estado o racionar la matrícula y balancear el presupuesto fiscal; ¿qué pretendemos en realidad?
Hace ya muchos años que la PSU ha estado en la mira de los expertos por diversos motivos, todos ellos relacionados con la capacidad predictiva del instrumento y con sus sesgos de diseño; que discriminan a determinados tipos de estudiantes, sea por género, sea por colegio de origen, sea por región de origen u otros. Todas estas son dimensiones de análisis respecto de las cuales existen desde años diferencias sistemáticas y consistentes en los resultados, acusando que algo está mal. Tanto el Informe ETS 2005 como el Informe Pearson en 2013 ratifican o acentúan las observaciones respecto de su capacidad predictiva y su consistencia de diseño. Pasan los años y nada cambia en el Sistema Único de Admisión.
Algunos expertos sostienen que nada se ha hecho, pues quienes controlan y diseñaron la prueba carecen de interés para hacerlo y que no reconocen las deficiencias que los estudios independientes han arrojado. El informe Pearson expresamente señalaba “si la PSU no predice los resultados que se obtendrán en la universidad, ¿por qué estamos usándola?”
Yo agregaría que nada ha ocurrido, no sólo por el conflicto de interés entre los que demandan cambios y quienes administran y diseñaron la prueba, sino por el uso que hace el Estado de ella para la determinación de políticas públicas. El Estado ha utilizado por años los resultados de la PSU para justificar sus aportes de distinto tipo a las instituciones ratificando, con todo el peso del Estado, los errores que ella contiene y sus consecuencias sobre los estudiantes y sus familias. A mi juicio es esta última razón la más grave, pues asumimos que será el Estado quien debiera procurar el interés de los más pobres y evitar la regresividad de sus políticas. Una de las críticas más importantes a la PSU es que está fuertemente correlacionada con el nivel de ingresos de los estudiantes. Por tanto, cuando se le utiliza como instrumento de política para la asignación de los recursos del Estado a la Educación Superior, tenemos la certeza que los fondos no irán a parar a quienes más lo necesitan, sino a los estudiantes relativamente más ricos y a las instituciones que los acogen. Por cierto, habrá entre ellos algunos resilientes de los sectores mas pobres, pero serán los menos.
Buenas noticias podrían esperarse luego que la ley promulgada el 2018 establece que será la Subsecretaría de Educación Superior la encargada de administrar un Sistema de Acceso a las Instituciones de Educación Superior y que ella contará con sendos Comités Técnicos para los segmentos universitario y técnico profesional. Sin embargo, nada está asegurado si no se resuelven previamente algunas cuestiones de propósito del sistema de acceso y el establecimiento de garantías de independencia de los comités. Lamentablemente la composición del comité para el acceso a las universidades quedó entregada a una mayoría de las mismas instituciones del CRUCH que han llevado el sistema a su situación actual y por tanto lo esperable es que el conflicto de interés se mantenga. Por otro lado, en la composición del comité de los IP y CFT el peso de las recientemente creadas instituciones estatales es desproporcionado dada su experiencia e importancia relativa, lo que tampoco es auspicioso para los resultados que esperamos.
En general, podríamos decir que cuando se pretende utilizar un mismo instrumento para resolver múltiples objetivos estamos pronosticado problemas en los resultados y generalmente no se cumplirá ninguno de los objetivos buscados. Entonces, ¿cuál es el propósito de implementar un sistema único ¿o dos?, de acceso a las instituciones de educación superior?
Si alguien sostuviera que la Educación Superior es en realidad un derecho para todos, claramente el sistema no podría estar diseñado para racionar el acceso, sino por el contrario. Sin embargo, como el convencimiento -más allá del eslogan- es que ese derecho no existe en realidad de manera absoluta, han condicionado el acceso a la educación superior gratuita sólo a unos pocos; los mejores puntajes en la PSU. Ello deja fuera del sistema universitario casi por definición a la mayoría de quienes previamente han estudiado en instituciones del Estado o financiadas por éste. Para ello, han disfrazado ese objetivo tras el discurso de los talentos; “que nadie con talento se quede fuera del sistema”, en un reconocimiento explícito de que en realidad la educación superior no es un derecho universal sino solo para algunos escogidos que han recibido educación de calidad previo a la rendición de la prueba, la que no ha sido entregada por el Estado. Como la educación primaria y secundaria adolecen de diferencias sistemáticas de calidad entre colegios municipales, particulares subvencionados y particulares pagados, cualquier sistema de acceso que se correlacione de alguna manera con el nivel de ingresos estará garantizando que la gratuidad estará regresivamente siendo asignada a los relativamente más ricos y no a quienes vayan a ser más exitosos en la educación superior.
Recordemos que la PSU actual carece de poder predictivo respecto del éxito en los estudios universitarios. Tengamos claro qué queremos hacer cuando establezcamos el nuevo sistema, pues la probabilidad de que cambiemos todo para que todo siga igual no es nula dada la composición de los comités técnicos. Mientras, las oportunidades de quienes egresen de la educación escolar municipal o particular subvencionada estarán siendo sistemáticamente restringidas.
