La gratuidad y la duración de las carreras

Coincido con muchos en que la gratuidad universal en la Educación Superior -habiendo otras necesidades urgentes y escasez de recursos- es un despropósito. La ley de educación acentúa el problema de escasez de recursos con la forma en que asigna sus prioridades en educación superior; primero las universidades, donde sabemos que asisten los relativamente más ricos, y luego el subsistema técnico profesional, donde asisten los relativamente más pobres y en carreras más cortas. El mundo al revés.

Otro problema que ha sido denunciado por muchos rectores se refiere a la limitación que establece la ley para financiar la duración efectiva de las carreras estableciendo financiamiento solamente para la duración teórica de diseño (artículos 105 y 108 letra a de la Ley de Educación Superior). Sin embargo, ignorando de manera irresponsable la realidad y de forma adicional a la fijación de aranceles a los deciles no gratuitos, la Ley estableció un cepo para las instituciones al obligarlas a financiar el 50% del arancel regulado, para aquellos alumnos que extiendan sus estudios por sobre la duración de diseño de las carreras por el primer año, permitiendo que sólo puedan cobrar el arancel completo a partir del segundo año.

Aparentemente el legislador ha querido proteger a los estudiantes de eventuales abusos o excesos, haciendo a las instituciones responsables de financiar a los estudiantes en ese primer año de exceso, que hacen en promedio.
Pero al limitar el copago de los estudiantes, sea por los deciles de ingreso sea por la excesiva duración de sus estudios, deja a las instituciones en una situación insostenible atendiendo el tiempo que en promedio demoran efectivamente los alumnos en graduarse. Cómo financian las instituciones ese costo si no pueden cobrarles a los alumnos, ni les paga el Estado, que solo les aporta el arancel regulado del resto de los alumnos de los primeros seis deciles ¿O es que el legislador piensa que por ley va a cambiar la realidad?

Los alumnos no se demoran más porque sean necesariamente flojos, ni irresponsables. Los profesores no hacen fracasar a sus alumnos porque sean malas personas ni quieran abusar de ellos. Las instituciones no avalan la demora en la graduación efectiva de las carreras puesto que, entre otras cosas, una graduación tardía afecta sus indicadores respecto de la acreditación.

Los estudiantes se demoran más en graduarse por una multiplicidad de factores fuera de su control, del de sus profesores y del de las instituciones, que no es del caso analizar en esta ocasión. Recordemos que esa situación era así cuando los estudiantes y sus familias pagaban de su bolsillo el costo total de las carrearas cuando no había gratuidad.

No podemos presumir que históricamente ellos no tuvieran ningún interés en graduarse antes y pagar menos por sus carreras, cuando el costo de demorarse era soportado por ellos. Lógico es que el legislador entonces hubiera considerado esta situación y hubiera establecido un mecanismo para hacer frente a esta realidad. Esta norma produce el absurdo de que el primer año por sobre la duración de diseño debe forzosamente impartirse a mitad de precio, para poder volver a cobrar el precio completo a partir del segundo año de exceso. Quizás el legislador estimó que en el año de mayor duración de las carreras la carga de los estudiantes era menor que la carga completa de un estudiante regular, pero eso en general solo ocurre por un semestre y la mayoría de las universidades ya cobran arancel proporcional en esos casos.

Sin embargo, la norma de financiamiento incompleto del primer año de exceso en la duración de las carreras podía incentivar a las instituciones a revisar el sinnúmero de prerrequisitos que introducen rigideces innecesarias en sus mallas y a mejorar el diseño curricular, de manera que el progreso académico sea más flexible. Algo bueno en todo este despropósito que ha sido la gratuidad en la Educación Superior, para las instituciones que logren superar los problemas financieros inmediatos que ésta les impone.