PSU: Violencia, libertad y justicia

Durante este lunes 06 de enero y martes 07 de enero, cientos de miles de estudiantes estaban rindiendo la tradicional Prueba de Selección Universitaria. Lo hacen en enero puesto que la fecha inicial, a fines de noviembre, debió ser modificada por el espiral de violencia que atraviesa nuestro país y, en consecuencia, por la falta de condiciones mínimas de seguridad para los estudiantes. Más allá de la clara condena que se debe hacer a todos los grupos minoritarios que a través de la violencia pretenden boicotear la PSU y atentar así contra el derecho a la educación de miles de jóvenes, se hace relevante plantear una discusión de fondo sobre este sistema de admisión a la educación superior.

En primer lugar, debemos cuestionar la PSU como herramienta. ¿Tiene sentido la existencia de un sistema único, estandarizado, con preguntas de opción múltiple, que sea factor común para personas que deseen estudiar carreras tan distintas como ingeniería, derecho o artes? Nos parece que no. No sólo porque la Universidad de Chile y el Demre monopolizan el sistema de admisión a la educación superior, sino porque además la existencia de una prueba única que evalúa conocimientos en cuatros asignaturas (matemáticas, lenguaje, historia y ciencias naturales) no permite considerar las diversas habilidades e intereses que tienen cientos de estudiantes a lo largo de todo Chile.

Sin embargo, lo más preocupante son los efectos perniciosos que tiene esta prueba única de admisión en los planes curriculares y, en definitiva, en la enseñanza de todos los colegios a lo largo de Chile. La PSU es el mayor atentado a la libertad de enseñanza en Chile, ya que obliga, en la práctica, a los colegios de todo el país a definir sus planes de estudio en torno a esta prueba, abandonando así, forzosamente, sus respectivos proyectos educativos si es que quieren mantener su número de matrículas y sus posiciones en los rankings. Naturalmente, esto es aún más perjudicial en los colegios vulnerables –municipalidades y particulares subvencionados– que no pueden darse el lujo de dejar de lado la preparación para la PSU de sus cursos de enseñanza media.

Debemos avanzar hacia un sistema de admisión que vaya más allá de una prueba estandarizada. Por ejemplo, que cada universidad, CFT e IP pueda tener su propio sistema de admisión, de modo de establecer criterios –justos y transparentes– que sean acordes a su proyecto educativo, al rol que deseen desempeñar como institución y al perfil de alumno que esperen formar. Esto no es incompatible con la existencia de una prueba estandarizada, pero un buen paso sería permitir que cada institución pueda ponderar, libremente, esta prueba, asignándole la importancia que estimen conveniente.

Nada justifica que grupos minoritarios y violentos pretendan, a través de la fuerza, atentar contra el derecho a la educación de cientos de miles de estudiantes a lo largo del país. Sin embargo, se urgente avanzar hacia un sistema de admisión a la educación superior más justo, que no se limite a la simple evaluación de contenidos, sino que comprenda el análisis de habilidades (tradicionales y blandas), valores las aptitudes extracurriculares y permita preparar de mejor manera a los actuales estudiantes y ciudadanos del futuro, respetando la libertad de colegios y universidades,