Simce 2020: el debate por suspenderlo y las consecuencias de no rendirlo

La crisis sanitaria que provocó el coronavirus (Covid-19) llevó, primero, a cerrar los establecimientos educacionales aquel lunes 16 de marzo. Luego, el debate se centró principalmente en las “vacaciones de invierno” y la fecha de retorno a las clases presenciales (aún no definida), mientras que hoy las miradas están puestas en la posibilidad de suspender el Simce durante este 2020.

La medida, que ya había sido sugerida el 21 de abril por la Fundación Educación 2020 en el marco de la presentación de sus “19 Propuestas de educación en tiempos de pandemia”, se sostiene “en las consecuencias que tiene esta evaluación para las escuelas y la necesidad de evitar estrés adicional a las comunidades educativas”, según se detalla en dicho documento.

Esto último, considerando que, además de dar cuenta del desempeño de los alumnos y sus respectivos colegios, los establecimientos son clasificados de acuerdo al puntaje obtenido, el cual influye posteriormente en la entrega de incentivos económicos a sus profesores y asistentes de la educación.

En esa línea, académicos e investigadores de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del Instituto de Estudios Avanzados en Educación de la Universidad de Chile también realizaron un informe con propuestas educativas para abordar en esta contingencia, el que fue entregado al Ministerio de Educación el 24 de abril e igualmente contempla la suspensión del Simce. Pero, de no rendirse estas pruebas, ¿cuál sería el impacto de la medida y por qué sería lo mejor para la comunidad escolar bajo el actual escenario?

Tiempos excepcionales, medidas excepcionales

Para el ministro de Educación, Raúl Figueroa, la suspensión del Simce aún no es una posibilidad, ya que -según afirmó en conversación con Tele13 Radio– “es muy relevante no dejar pasar la oportunidad. No tomar la temperatura, romper el termómetro por esa vía, en el fondo, como hacernos un poco los ‘lesos’ de los efectos educativos de esta crisis, yo creo que sería un error”.

Sin embargo, para Loreto Jara, coordinadora de Política Educativa de Fundación Educación 2020, “aplicar el Simce en un año tan irregular como el que estamos viviendo, desde nuestra perspectiva, no tiene mucho sentido, ya que los resultados obtenidos no serán comparables con mediciones anteriores ni futuras, y por tanto, no aportarían a la toma de decisiones sobre políticas públicas”.

Además, “a las escuelas, más que entregarles información oportuna respecto del avance del estudiantado en función de los aprendizajes, lo que conseguirá es estresarlas y distraerlas del propósito formativo una vez que se retomen las clases presenciales“, agregó Jara.

Por su parte, la parlamentaria Cristina Girardi (PDD), quien además integra la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, también se manifestó a favor de la suspensión del Simce y apeló a aprovechar esto como una oportunidad para repensar los procesos de evaluación de los estudiantes.

“Me inquieta que no seamos capaces de hacernos preguntas distintas, que queramos evaluar o medir los resultados a través de una prueba estandarizada en condiciones como las que estamos viviendo. Por qué tiene que ser la medición con pruebas estandarizadas de contenido, y que a lo mejor los niños ni siquiera van a haber visto, por qué esa obsesión casi enfermiza de aplicar una prueba como ésta, si hemos visto que el Simce no aporta nada a la educación, no ha mejorado la calidad de la educación durante años y quizás llegó la hora de hacernos preguntas distintas, de querer ver otras cosas, de querer interrogar otros aspectos de la vida de los niños, de los profesores, de lo que pasa en las escuelas”, reflexionó Girardi.

Y es que, según la especialista de Educación 2020, debido a la crisis sanitaria por la que atraviesa el país, “no es conveniente aplicar el Simce en las condiciones regulares de esta evaluación, es decir, una evaluación censal (de todas las escuelas) y con consecuencias (implicancias en el ordenamiento de la agencia de la calidad y en la asignación de excelencia académica)”.

Aunque, en caso de que finalmente se decida aplicarse, “debe ser muestral, sólo en algunos colegios, idealmente de participación voluntaria, y sin consecuencias para las escuelas”, finalizó Jara.