Nuevos aranceles regulados: cómo se calcularon y las críticas de las instituciones con gratuidad

La Ley de Educación Superior, promulgada en mayo de 2018, establece que se deberá elaborar una nueva metodología de cálculo de los aranceles regulados, es decir, de aquellos que financian las transferencias del Estado para los planteles adscritos a la gratuidad.

Tras ello, las universidades o institutos profesionales que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad se deberán regir por dichos valores regulados de aranceles, pudiendo cobrar a los estudiantes únicamente los montos que se establezcan.

En la tarea de desarrollar la nueva metodología de cálculo, que recae en la Subsecretaría de Educación Superior, “la ley es sumamente clara respecto de que estos aranceles se deberán determinar en base a los costos directos e indirectos de impartir una carrera, y se aplicarán de manera gradual a contar de 2022, reemplazando a los actuales aranceles regulados”, explicó a EL DÍNAMO el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.

Dentro de este contexto, en enero de 2019, se constituyó una mesa técnica entre los ministerios de Educación y Hacienda, junto a la Dirección de Presupuestos, y se efectuó un levantamiento de información, donde se invitó a los planteles adscritos a la gratuidad a informar acerca de los costos que les implica impartir cada una de sus carreras. Este sondeo, en tanto, fue respondido por el 97,7% de las instituciones.

Adicionalmente, “se realizó una consulta en que se pidió a los planteles, y sus respectivas federaciones de estudiantes, presentar propuestas para una metodología de cálculo de los nuevos aranceles, la que fue respondida por un 20% de las instituciones adscritas. Pero además, con el fin de ampliar los canales de diálogo, se realizaron diversas reuniones con las instituciones y agrupaciones de casas de estudio, como el Consorcio de Universidades Estatales y el G9, entre otras”, detalló Vargas.

Tras ambos procesos, la Subsecretaría de Educación Superior elaboró las bases técnicas para el cálculo del nuevo arancel regulado, las cuales fueron mejoradas sobre la base de observaciones que realizó la Comisión de Expertos para la regulación de aranceles. Dicha comisión constituye un organismo independiente y sus miembros fueron elegidos por la Alta Dirección Pública.

Así, acorde a estas bases técnicas, se definió que las primeras carreras en aplicar este cambio de aranceles serán las pedagogías, Derecho y las asociadas a servicios personales, tales como Turismo y Administración Gastronómica.

Además, a la hora de establecer los valores, se determinó que se entregará una mayor ponderación a la acreditación institucional y a las dimensiones de acreditación, es decir, si aparte de docencia, fueron acreditadas en ítems como investigación, innovación y/o vinculación con el medio.

De igual manera, se considerará la complejidad de la institución, en términos del grado académico o la cantidad de docentes por estudiante; si se emplaza o no regiones extremas; si cuenta con un número importante de estudiantes vulnerables; y si sus carreras se adjudican altos índices de empleabilidad de sus egresados.

“Con estas bases, la Subsecretaría realizó ahora el cálculo de los aranceles, el que ya fue enviado a la Comisión de Expertos, que abrió un plazo de un mes para que las instituciones puedan presentar sus observaciones, y que luego tiene un plazo de tres meses para evaluarlas y así pronunciarse sobre esta metodología“, agregó el subsecretario de Educación Superior.

Las críticas de los rectores

El nuevo sistema de cálculo no ha dejado satisfecho a varios de los rectores. De hecho, la máxima autoridad de la Usach y vicepresidente ejecutivo del CRUCh, Juan Manuel Zolezzi, anunció el jueves recién pasado que “el pleno del Consejo de Rectores acordó solicitar a la Subsecretaría de Educación Superior postergar el proceso de determinación de aranceles”.

Según explicaron desde el CRUCh, existen cuestionamientos con respecto a la aplicación de las bases técnicas y el cálculo de los valores regulados, ante lo cual presentarán un documento formal a la Comisión de Expertos. En esa línea, por ejemplo, “se observa que falta una aproximación sistémica al problema de política pública, si se aplica el modelo, las universidades del CRUCh sufrirán un grave impacto financiero y se verán seriamente lesionadas”, aseguraron.

Así lo afirman en la Universidad de Talca, donde estiman que, en cuanto empiece a operar este sistema en el primer grupo de carreras, podrían dejar de percibir $502 millones.

“Estos aranceles no promueven una educación de buena calidad, sino que un modelo de gestión que tiene una lógica privada y desconoce el rol de las universidades en regiones, que tienen otras estructuras de costos”, afirmó el rector de la U. de Talca, Álvaro Rojas, quien agregó que, en el caso de las instituciones que tienen una acreditación avanzada, de 6 o 7 años, con muchos académicos con doctorados y  modelos educativos innovadores, recibirán un bono de poco más del 10% del arancel calculado, lo que resultaría insuficiente.

“La institución no logra cubrir los gastos con los recursos que establece el Ministerio (Educación) para el cobro de aranceles. Esto se debe, por ejemplo, a que la inversión que se realiza para otorgar una educación de calidad, en una región como la nuestra, es altísima. También hay que considerar la calidad del cuerpo docente, compuesto en un alto porcentaje por doctores y magíster”, enfatizó Rojas.

En ese mismo sentido, desde la Agrupación de Universidades Regionales (AUR), también apuntan a que el mecanismo debe contemplar las particularidades de cada zona del país.

“Se ha aplicado en Chile un modelo, tomado de una experiencia de Australia, de forma mecánica, pero nosotros tenemos un sistema universitario en Chile que se implanta en un país diverso y complejo. A diferencia de muchos otros países, como Australia, el costo de vida en regiones es mucho más elevado, y mientras más lejos de Santiago, más cara es la vida en general”, explicó a EL DÍNAMO el director ejecutivo de la AUR, José Ábalos.

Además, “los costos de retener y atraer talentos académicos, investigadores, profesionales, en regiones son más altos”, añadió Ábalos, quien también apuntó a que “hay otro dato que no se considera en la propuesta del Ministerio (Educación), y es que la característica de la matrícula en las universidades regionales es distinta a la de Santiago. Nosotros tenemos, en promedio, en la AUR, 565 puntos de Puntaje PSU, y en las del CRUCh de Santiago es aproximadamente de 630 puntos. Entonces, tenemos un estudiantado con brechas de escolaridad, con problemas socioecómicos y de diverso tipo, y por lo tanto, hacer universidad en regiones es mucho más complicado”.

Sin embargo, y de acuerdo al subsecretario de Educación Superior, justamente uno de los aspectos relevantes de este sistema  sería que “permite reconocer, por un lado la calidad y complejidad de los planteles y, por otro, factores sociales fundamentales, como el porcentaje de alumnos vulnerables, o la territorialidad de cada institución”.

Pero no sólo eso, pues la nueva metodología de cálculo también implicaría aumentar el valor de los aranceles regulados de las carreras de Pedagogía, e incluso más de la mitad de las instituciones vería un incremento en sus aranceles regulados y las transferencias que reciben por concepto de financiamiento regulado (tomando 2019 como referencia), según la autoridad del Ministerio de Educación.