La propuesta de reforma educacional de Mendoza criticada por los docentes y que se inspira en Chile

En medio de la pandemia y aún con clases a distancia, en la provincia de Mendoza, en Argentina, se inició un proceso que busca reformular el sistema educativo actual. Se trata de la nueva Ley de Educación, cuyo borrador ya está disponible, el cual ha encontrado entre los profesores a algunos de sus principales detractores.

A diferencia de Chile, las políticas educativas en el país vecino pueden variar según cada gobernación provincial y, por lo mismo, los cambios que promueve dicha ley sólo serían aplicables en Mendoza.

A pocos días de conocerse los alcances de este proyecto, miembros de la oposición como gremios docentes han salido a criticar algunas de las modificaciones que pretende implementar la Dirección General de Escuelas (DGE), especialmente aquellos aspectos que hacen referencia a los cambios del Estatuto Docente, la evaluación de la calidad educativa y la municipalización de la educación.

Con respecto a este último punto, se ejemplifica como caso de éxito a Chile, según afirmó a EL DÍNAMO Danila Martínez, profesora de enseñanza básica de una escuela de Mendoza. Sin embargo, en el proyecto de ley de Educación no se haría mención a que en nuestro país se está transitando hacia otro sistema educativo, donde los municipios -poco a poco y no más allá del 2030- dejarán de hacerse cargo de la educación pública, cediendo esta responsabilidad a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

“Lo que ha dicho el director general de escuelas (José Thomas) es que se basa en el modelo de Chile. Pero si en Chile están tratando de cambiarlo porque no sirvió. Entonces, por qué queremos ir hacia ese modelo como si hubiese servido. Además, no está claro en el proyecto de ley quién sería el encargado de regular o controlar que ese porcentaje que se da a cada municipalidad sea usado realmente en educación”, agregó Martínez.

Estatuto Docente y evaluaciones

Otros de los aspectos que generan desconfianza tiene relación con el Estatuto Docente, cuyas modificaciones en la nueva ley de Educación temen que podrían derivar en una precarización laboral en términos de remuneraciones y estabilidad de los profesores de Mendoza.

“Tenemos un Estatuto del Docente, donde se establecen nuestras responsabilidades y obligaciones, y se pretende modificar con esta ley, estableciéndose que el director general de escuelas, que es la cabeza de la educación en la provincia, pueda modificar ese estatuto sin consultar, cómo y cuando lo quiera, y eso ahora no se permite con la ley actual”, detalló la docente Danila Martínez.

Ante estas críticas, el director general de escuelas, José Thomas, salió a aclarar que el borrador de la ley de Educación plantea justamente que los profesores de Mendoza deben ser bien remunerados, a diferencia de lo que sucede hoy, que obtienen los sueldos más bajos del Estado.

“Esto viene de todos los marcos normativos. Para mí el docente es el que peor remuneración tiene. Hay que tomar una decisión de la sociedad y que la tiene que tomar la legislatura”, respondió Thomas a las críticas.

Por otro lado, el tema de las evaluaciones para medir la calidad del trabajo docente, con ciertos guiños también al modelo chileno, es uno los puntos que ha sido más cuestionado. Así lo aseguró la profesora de educación primaria.

“Se va a evaluar al docente, pero también se va a evaluar a los alumnos. Entonces, la forma de saber el rendimiento sería evaluando a los niños. Acá están las evaluaciones estandarizadas que suele mandar el gobierno, donde se evalúa a todos los niños por igual, lo que no es justo ni tampoco es acorde a nuestra preparación, porque nosotros nos hemos capacitado para enseñarle a cada niño a su ritmo y teniendo en cuenta su propia realidad. En síntesis, según el rendimiento de los niños, se verá lo que pasará con el docente”, asegura Martínez.

Además, el borrador de este proyecto de ley establecería la continuidad de las clases bajo lo que se conoce como un modelo híbrido, es decir, que conjuga las clases presenciales con las virtuales. No obstante, el costo de los planes de internet, dispositivos u otras herramientas tecnológicas debería ser asumido por los propios docentes, explicó la profesora.

De igual forma, hay que mencionar que -en pos de una construcción colectiva de esta ley- la comunidad en general está invitada a entregar sus sugerencias (vía web y correo electrónico) en torno a este borrador y posibles mejoras.