La historia de la licitación de Corfo que enfrentó a las universidades

La adjudicación de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) del Instituto Chileno de Tecnologías Limpias (ITL) en la Región de Antofagasta, el mayor centro de Investigación y Desarrollo (I+D) que buscará el desarrollo del hidrógeno verde en el territorio nacional, desató el airado reclamo de las universidades que quedaron fuera del proceso.

Las casas de estudios, entre ellas la Universidad de Chile y la Universidad Católica, además de las locales Universidad de Antofagasta y la Universidad Católica del Norte, alegaron por la entrega de la iniciativa a Associated Universities Inc (AUI), un consorcio que reúne a establecimientos de Estados Unidos. A esto se sumaron algunas instituciones chilenas y estatales.

En las universidades tradicionales chilenas acusaron un desconocimiento del desarrollo académico en nuestro país, mientras que algunos legisladores incluso quieren crear una comisión investigadora por supuestas “irregularidades”.

Desde Corfo aseguraron que todo el proceso fue “transparente”, por lo que pidieron no politizar la situación. El consorcio y las entidades ganadoras han mantenido silencio frente a los reclamos, aunque destacando el valor de su elección.

Los postulantes a la licitación

El día 8 de abril la corporación anunció la apertura del proceso de adjudicación de ITL para fomentar la energía solar, la minería sustentable y materiales avanzados de litio y otros minerales.

La instalación de este centro era parte del acuerdo entre Corfo y SQM Salar, que resolvió las diferencias entre las partes por la explotación del litio en el Salar de Atacama y su ejecución. El pacto implicó un aporte de recursos por hasta US$ 193 millones en 10 años y se convertirá en la mayor inversión de I+D del país en esta materia.

Con este dinero, la entidad estatal avanzó en las opciones para instalar un centro, que para 2030 se transformaría en “referencia tecnológica a nivel mundial en sus temas de especialización, y un centro de innovación y emprendimiento de alcance global, que capturará valor para la economía regional y nacional”.

En el proceso participaron cuatro postulantes, cada uno con sus mandatarios y asociados. Uno de ellos era encabezado por Corporación Alta Ley, la que tenía entre sus mandatarios a instituciones como la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Concepción, Antofagasta Minerals, BHP Chile INC y Enel, entre otros, con asociados como la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y varias compañías.

La otra candidata interesada era Associated Universities, Inc. (AUI), la que entre sus asociados tenía a Asexma Chile, Colbún, Enel Generación y Colorado School of Mines, entre otras entidades. A ellos se sumaron la Universidad Autónoma, Universidad del Desarrollo y Universidad San Sebastián, a lo que se sumó la Universidad de Atacama, que fue la única estatal.

El ganador

La AUI es una corporación sin fines de lucro creada en 1946. Se creó como una institución educativa dedicada a respaldar el trabajo de investigación de las principales casas de estudios de Estados Unidos.

Ha trabajado en proyectos ligados a la energía y a la astronomía. De hecho, es una de las instituciones que respalda a la National Alumnae Association of Spelman College (NAASC, por su sigla en inglés), que a su vez apoya las operaciones del observatorio ALMA en América del Norte. También está vinculada al proyecto ALMA en el Desierto de Atacama.

Entre las integrantes del consorcio se encuentran la Universidad de Harvard, MIT, Columbia, Princeton, Cornell, Pensilvania, Princeton, John Hopkins, Rochester y Yale. Estas casas de estudios se sumarán a las chilenas en el avance del proyecto de tecnologías limpias en Antofagasta.

Los reclamos y las respuestas

La adjudicación de Corfo al consorcio ligado a las universidades internacionales generó la desazón de las instituciones que estaban mandatadas o asociadas en los proyectos postergados.

Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, manifestó en una carta abierta su rechazo a lo ocurrido, en donde aseguró que las instituciones nacionales poseían la capacidad técnica para estar a cargo del proyecto

“Esta frustrante noticia se recibe como un mensaje claro del Gobierno a su país: que no confía en sus instituciones, ni en sus universidades, ni en sus empresas innovadoras, ni en las capacidades de sus profesionales. Que no cree en el manoseado discurso de transformar nuestra producción extractiva de recursos en una moderna basada en la innovación nacional. Nos dice que el litio y las energías limpias son recursos naturales explotables por potencias extranjeras, sin desarrollo tecnológico local alguno, como lo fueron el salitre y el cobre, como sabemos se hace en los países subdesarrollados”, escribió.

Cecilia Hidalgo, presidenta de la Academia de Ciencias, sostuvo que “esta decisión representa una desconfianza enorme en la capacidad de la comunidad científica chilena para hacer este tipo de desarrollos (…) es una falta de respeto. Fue un procedimiento de evaluación muy opaco”.

Desde Corfo, su vicepresidente ejecutivo, Pablo Terrazas, aseguró que el proceso de adjudicación fue “transparente” y señaló que serán varias entidades chilenas -entre universidades y empresas- las que estarán detrás del proyecto.

“Al licitar para alguien que nos asesore en la creación de un instituto chileno, la plata no va a ninguna universidad de ningún país del mundo. La plata queda en un instituto chileno que tiene domicilio en la Región de Antofagasta, cuyo edificio físico va a estar en la ciudad o en la Región de Antofagasta”, afirmó.

La institución aludida no quiso entrar en el conflicto, y en una declaración publicada en su página web proyectó lo que realizará en nuestro país con sus socios chilenos.

“AUI se compromete a crear un instituto que impactará la minería, las energías renovables, la fabricación de baterías de litio y los sectores industriales relacionados de Chile; brindar servicios de apoyo al emprendimiento y la Macro Zona Norte; y ayudar a desarrollar la fuerza laboral que se necesitará en el norte de Chile para brindar minería sostenible, energía renovable y una cadena de valor mejorada para materiales críticos como el cobre, el litio y otros minerales”, expresó.

Hasta el cierre de estas edición, las universidades chilenas que quedaron dentro del proceso de Corfo no han entregado su reacción ante la polémica.