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29 de Abril de 2021

Senado aprueba en general proyecto que despenaliza deudas del CAE y Fondo Solidario

La iniciativa recibió 25 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones, y deberá pasar por la Comisión de Educación para su discusión en particular.

Por Sebastián Dote
deudas CAE El proyecto continuará con su discusión en particular en la Cámara Alta. AGENCIA UNO/ARCHIVO
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El Senado aprobó en general un proyecto que busca despenalizar las deudas en Educación, entre ellas la del Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Fondo Solidario, que son usados para el ingreso a la educación superior.

La iniciativa, que fue impulsada por los senadores Juan Ignacio Latorre (RD), Yasna Provoste (DC) y Carlos Montes (PS), además del oficialista Francisco Chahuán (RN), recibió 25 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones.

Tras esto, la propuesta deberá volver a la Comisión de Educación, que la discutirá con una fecha límite del 20 de mayo para la presentación de indicaciones.

“Valoro la aprobación de la idea general de legislar en la sala del Senado de un proyecto que presentamos en pleno contexto del estallido social, cuando yo era presidente de la Comisión de Educación, sobre la despenalización de las deudas educativas. Este es un paso en la dirección correcta; sin embargo, el tema de fondo, la condonación de la deuda educativa y el reemplazo del CAE hacia un sistema solidario de financiamiento a la educación superior, sigue pendiente”, expresó el senador Latorre.

La diputada Camila Rojas (Comunes), añadió que “es una buena noticia para las y los deudores educativos, porque termina con varias discriminaciones e injusticias. Por ejemplo, hoy solo el CAE y los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en Chile, este proyecto termina con ese y otros abusos inaceptables. Hay gente que ha perdido sus casas, que viven agobiados por las deudas adquiridas por ejercer su derecho a la educación”.

La despenalización de las deudas por el CAE y el Fondo Solidario surgió de una interpretación de la ley 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, que establece que esta normativa es aplicable a los contratos de créditos para financiar estudios de educación superior.

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