Abren investigación por brutal caso de bullying en colegio de Laja
El establecimiento afirmó que tomará “medidas correctivas y disciplinarias” para abordar la agresión de una adolescente en contra de su compañera.
La madre de la joven afectada acusó a la escuela de no avisarle de la situación y de no tomar medidas. AGENCIA UNO/ARCHIVO
La escuela Andrés Alcázar de la comuna de Laja, en la región del Biobío, anunció la apertura de una investigación por un brutal caso de bullying que se registró al interior del establecimiento.
A través de las redes sociales se difundió un video en el que se muestra la violenta agresión de una adolescente en contra de una de sus compañeras, todo esto mientras otra escolar que está grabando, advierte que “ya llamó a la mamá, apúrate si le quieres pegar porque la van a venir a buscar”.
La madre de la joven afectada acusó a la escuela de no avisarle de la situación y de no tomar medidas para frenar las agresiones en contra de su hija.
En una declaración publicada por La Tribuna, la escuela lamentó los hechos y aseguró que “se han activado los protocolos respectivos con el fin de resguardar a ambas alumnas”.
“La investigación está en curso con el objeto de poder aplicar las medidas correctivas y disciplinarias, por lo que tomaremos las medidas necesarias para restituir la sana convivencia escolar”, señaló el establecimiento educacional.
Cómo se sanciona el bullying
La Ley 20.536 sobre Violencia Escolar, vigente desde 2011, define al acoso escolar como “toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición”.
En cuanto a las sanciones, la normativa no impone castigos directos a los estudiantes o adultos que cometan bullying en las comunidades educativas, dejando la responsabilidad a los propios establecimientos para ejecutar su reglamento interno.
