Esta semana comenzará a regir ley contra la violencia, acoso y discriminación de género en educación superior

Esta semana comenzará a regir la nueva Ley 21.369, que busca enfrentar las situaciones de acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en las instituciones de educación superior. 

La iniciativa, que entrará en vigencia este 15 de septiembre, cuenta con grandes avances en las universidades estatales, que tienen instaladas sus unidades de implementación además de disponer de personal capacitado en perspectiva de género; además el 82,4 % de estas cuentan con personal capacitado en derechos humanos.

Actualmente un 88% de las universidades estatales cuentan con políticas funcionando contra el acoso sexual, la violencia y discriminación de género; en el desglose, un 94,1% de este total posee normas de prevención y sanción del acoso sexual; un 64,7% cuenta con unidades especializadas en el tema, e igualmente un 70,6% ha impulsado campañas de sensibilización e información. 

De acuerdo a las nuevas exigencias de la ley, un 70,6% de las universidades estatales cuenta con política vigente en temas de género en vías de adecuación y un 23,5% cuenta con una política completamente adaptada a las nuevas exigencias de la legislación. Además, la creación de unidades de implementación para estas políticas es el área que registra mayor avance, con un 88,2%, seguido de mecanismos de acompañamiento psicológico, médico, social y jurídico para las víctimas de acoso y violencia de género, con un 76,5% de ejecución.

Angélica Marín, directora de género de la Universidad Metropolitana (UMCE) y vocera del CUECH, señaló que la implementación de esta ley “se trata de un paso importante para erradicar las inequidades en temas de género y seguir avanzando en encontrar caminos de manera participativa, junto a todas las comunidades universitarias, para generar entornos más igualitarios y democráticos”.

“Debemos seguir trabajando y profundizando en la difusión de lo que implica la entrada en vigor de esta ley, para que todas y todos los integrantes de nuestras comunidades educativas puedan conocerla. Además, tenemos un desafío pendiente en disminuir la brecha de género al interior de nuestras instituciones educacionales”, añadió.

La normativa establece que las instituciones deberán contar – en el plazo de un año de su publicación- con una política integral contra el acoso sexual, la violencia y discriminación de género que contenga un modelo de prevención, un modelo de sanción, construidos participativamente; mecanismos de monitoreo, referidos a acciones de formación, sensibilización e información, y evaluación