¿De qué se le acusa constitucionalmente al ministro Marco Antonio Ávila?

A tres semanas de realizar el anuncio en los medios de comunicación, las bancadas opositoras al Gobierno del presidente Gabriel Boric presentaron este lunes en el Congreso Nacional las razones para realizar una acusación constitucional en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

En un libelo que contiene siete puntos en que se discute su gestión, los parlamentarios de Evópoli, RN, UDI y Republicanos aseguran que existen amplio respaldo para llevar este trámite que podría terminar con el secretario de Estado fuera de su cargo.

En el oficialismo, han defendido a Ávila, argumentando que la derecha y parte de la centroderecha apunta al titular del Mineduc por su orientación sexual, situación que es negada desde la oposición, donde han detallado los errores y los cuestionamientos a la cartera para intentar que el ministro deje sus funciones a través de este método incluido en la Constitución.

A Ávila lo han acusado desde RN y la UDI por imponer una “agenda sexualizada” que va en contra de sus principios, mientras que el ministro ha dicho que este proceso es parte de la democracia y que está en condiciones de responder a los puntos donde se cuestiona su administración en el ministerio que, anteriormente, vio a Yasna Provoste y Harald Beyer ser derrotados en la Cámara.

Los 7 capítulos de la acusación constitucional contra Ávila

• “Jornadas de Educación No Sexista”: en este punto la oposición apunta a que este programa vulnera los derechos de los padres sobre sus hijos en esta materia. El concepto de “alfabetización en la sexualidad”, aseguran, no respeta la posibilidad de diversificación en proyectos educactivos.

• “Orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidades de género y orientaciones sexoafectivas diversas en el sistema educativo de Chile”: este punto va a unido al primero que presentan los parlamentarios de oposición.

• Política de educación inclusiva: Ávila es acusado de incumplir la Ley General de Educación por excluir a estudiantes con discapacidad en este punto. Aseguran que sólo está enfocada en el ámbito sexual y de diversidad y no de inclusión.

• Rol de autoridad y conducción: la acusación constitucional contiene detalles de las cifras de ausentismo y deserción escolar, así como también los graves hechos de violencia al interior de los establecimientos educacionales, los que han ido en aumento durante los últimos meses. Además, se estima que hubo un retraso en la entrega de los resultados del Simce, que, en paralelo, fueron más bajos de los esperados. También se agregan los problemas de infraestructura y el uso de los presupuesto del Mineduc.

• El cuaderno de la Junaeb: acusan a Ávila por el incumplimiento en la supervigilancia que debe realizar la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb). El inserto de la “Educación no sexista” en los materiales entregados es un punto que cuestionan en la oposición, pues, supuestamente, en el texto debió ser integrada información de obesidad.

• Alimentación de la Junaeb: la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) es apuntada en una segunda ocasión por el tema alimentario. “Ha transgredido la ley solicitando la prestación de raciones de alimentos por montos superiores a 1.000 UTM, sin realizar un llamado a licitación pública ni justificar su contratación mediante un trato directo. Además, se alude un mal manejo de recursos públicos por montos superiores a los $40 mil millones de pesos”, reza el oficio.

• Sistema de Educación Pública: este último capítulo contiene negligencias e inejecuciones en la implementación de los Servicios Locales de Educación en Licancabur (Calama), Maule Costa, Valparaíso y Atacama.