Matus y relanzamiento de El Libro Negro: “Con dinero puedes hacer diferencia en un proceso judicial”

“Un misterio para mí era la tolerancia colectiva de la magistratura a la figura del fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Marcial García Pica (…) Fui a sus oficinas, ubicadas en el delgado tercer piso que emerge justo sobre la Corte Suprema. Hice antesala con una menor en uniforme escolar. Era una de las ‘sobrinas’ del fiscal. Yo entré primero. García Pica, un hombre viejo y  macizo, vestía unos suspensores burdeos sobre su camisa blanca. (…) me preguntó cuál era el motivo de mi visita. Empecé a explicar, pero el magistrado parecía no entender lo que yo le decía. (…) Súbitamente, comenzó a lanzarme besos y a hacer grotescas muecas con la boca. El anciano continuó sus avances con piropos. Desconcertada, me levanté y salí”.

Tan pronto fue publicado, la Justicia en nuestro país ordenó la incautación de todos los ejemplares de “El Libro Negro de la Justicia Chilena”, de la periodista Alejandra Matus, después de que otro de los aludidos en su interior, el ministro Servando Jordán, invocara la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto porque a su juicio el texto, con historias como la que abre esta nota, representaba “una destrucción total de nuestro sistema”.

El revuelo a nivel nacional e internacional a causa de esta censura es indiscutido. Se escribió profusamente sobre lo que ocurría con el libro en 1999 y los años venideros; sobre si Matus estaba asilada o no en Estados Unidos, sobre las múltiples protestas abogando por la libertad de expresión y por la actitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de nuestro país.

Pero del contenido mismo poco se habló, precisamente porque en ese momento estuvo prohibido.

“La gente no participó en esta discusión. No hubo un debate público”, explica la periodista a El Dínamo, por lo que episodios como el vivido por Matus, junto con el contenido de 6 años de investigación detallados en el libro, quedaron presos en las páginas prohibidas en un Chile de costumbres poco acordes con el nuevo milenio.

“Si bien los 17 no es un número muy icónico, también representa la edad de una persona que abandona la adolescencia”, plantea la periodista al momento de aludir al relanzamiento de su obra, que tendrá lugar en la próxima feria internacional del libro (entre el 20 de octubre al 6 de noviembre, con Ediciones B).

Matus se resguarda, ya que no quiere adelantar nada del capítulo de actualización que incluye el texto, el que hasta ahora se llamará “Gatopardo”. El tramo que ha avanzado la Justicia en nuestro país es enorme, en algunos temas, a juicio de la autora. “Desde cosas sencillas, como que desde cuando yo reporteaba tribunales no había baño de mujeres y todo lo que eso significa”, recuerda la periodista, para luego precisar que también “hay críticas que se le hacían al viejo sistema judicial por situaciones que hoy se mantienen o incluso se han agravado. Hay desequilibrios que no permiten todavía decir –que era la hipótesis del Libro Negro- que en Chile hay un poder independiente del Estado, que tenga el mismo peso, o sea un contrapeso equivalente al Ejecutivo y el Legislativo”.

“Un poder de rango menor”

– “Lo que te digo del Poder Judicial, como no ha estado ahí el poder, nadie lo mira o pocos historiadores lo han mirado. Pero si uno lo mira desde una perspectiva democrática, como que debe haber poder en el Poder judicial, claro, vale la pena ver por qué no ha sido así. Por qué en el fondo el Estado chileno se resiste a tener un poder judicial en forma”.

– ¿En qué se nota esta falta de poder en el Poder Judicial?

– “En el nombramiento de la Corte Suprema, una de las cosas que cambió tal vez para peor. El nuevo sistema de nombramiento, si bien ahora no hay ningún ministro nombrado por Pinochet, le da al Senado el poder de veto sobre los nombres que propone el Ejecutivo, y eso ha derivado en una negociación más o menos tácita en que se designa una vez un candidato del conglomerado de Derecha, hoy Chile Vamos, y en otra ocasión de lo que hoy es la Nueva Mayoría. Entonces nombran uno y uno. Más allá de los méritos de los magistrados, que pueden ser, se ha generado una reproducción de un sistema binominal, artificial, en circunstancias que en el resto del sistema político se está derribando el binominal, en la Corte Suprema se mantiene y goza de buena salud”.

Y en ese sentido, descrito con detalle en el libro está la práctica del “besamanos”, que los jueces interesados en ascender deben realizarlo ante los colegas para integrar la terna o la quina, luego ante el Ministerio de Justicia y después en el Senado, y el riesgo al que se apunta, según la autora es que “ese ‘besamanos’ obviamente puede incluir que por supuesto alguien le de apoyo a alguien, a cambio de tener un favor futuro”.

Y de la misma manera en la que Matus asegura que sería injusto decir que desde 1999 no ha cambiado nada en el Poder Judicial, también hay excepciones de ministros de la Corte Suprema, que optaron por no pasar por aquel proceso, “como Carlos Cerda, que no hizo ‘besamanos’, pero mira lo que se demoró. Hubo mucha presión pública para que fuese nombrado en la Corte Suprema”. Y es que Cerda fue el primer magistrado que logró establecer que el régimen represivo de Pinochet usaba la desaparición forzosa de personas para eliminar a opositores. Su resistencia a la política institucionalizada en materia de Derechos Humanos incluso le valió arriesgarse a caer en la Lista cuatro, lo que podía significar su salida de la judicatura.

Se le apreciaba como aparentemente soberbio. Logró presentar ante los ministros del máximo tribunal del país una suerte de súplica: “Tal vez soy distinto. A lo mejor, difícil. A vuestros ojos, probablemente altanero y algo más. Pero si hay en el Poder Judicial espacio para un juez así, es decir, que no puede dejar de ser como es y que quiere con todo su ser continuar en la institución, os suplico hagáis todo lo que esté de vuestra parte por reconsiderar vuestra decisión”. Hoy es parte de la Corte Suprema.

La difusión del libro

El texto, pese a la censura que sufrió, logró sortear algunas vallas hace poco más de 17 años. “Fue extensamente pirateado y en ese momento bajado de la precaria Internet que existía. Subimos el libro y en tres días lo bajaron 100 mil personas. No es descabellado decir que sin censura eso probablemente no hubiera sucedido, pero no lo sabemos, porque no tenemos contramuestra”, indica la periodista, consultada respecto de si la actitud del ministro Servando Jordán “contribuyó” a la difusión del libro.

El mismo ministro que en las páginas de “El Libro Negro…” es descrito caminando con los pantalones mojados en los pasillos. “Se embriagaba de tal manera en horario de trabajo, en un espacio público”, lo que motivó una queja de parte del ministro de Justicia de Patricio Aylwin, Francisco Cumplido, por su recurrencia. Pero más allá del morbo que naturalmente genera esta situación, parte central de la crítica en contra de él y de otros es que, según consta en el libro de Matus, algunos ministros “eran… sensibles a las presiones de terceros. Que con distintos intereses y otras maneras los seducían para que votaran de una u otra manera en un momento en el que la Corte Suprema tenía mucho poder”.

Resoluciones sobre políticos, narcotraficantes, empresarios, que se fallaban de tal manera que lo menos que se puede suponer es tráfico de influencias. Todo eso está en el libro, que tras su publicación, el máximo tribunal estableció una comisión de ética, que destituyó a Luis Correa Bulo. “Fue una decisión inédita, insólita y no se ha vuelto a repetir tampoco. Y la razón de esto era que recibían tráfico de influencias o eran presionados a fallar en favor de las partes. Pero esa Corte Suprema ya no existe. Esa cantidad de poder que tenía la Corte Suprema no existe porque todo el proceso penal se traspasó al Ministerio Público y hoy está radicado en los jueces de garantía y orales. Casi nada hoy sube a la Suprema. Se invirtió y así debió haber sido siempre”.

“Un tecito”

Una de las críticas que se realiza en el Libro Negro es que “los ministros de la Corte Suprema asistían a reuniones a las que iban abogados litigantes. Digamos, al Club de la Unión. O eran invitados a presenciar un partido en Uruguay pagado por terceros, o iban a una comida que organizaba la Sudamericana de Vapores. Los menos decorosos iban a fiestas particulares donde había, digamos, conductas que ellos tienen prohibidas, y no por pacatería, sino que para no exponerse a situaciones que los expongan a chantaje. Sin embargo, iban a fiestas donde había narcotraficantes, o mujeres que podrían ofrecer sexo por dinero”.

– Claramente no es lo mismo, pero en el proceso de negociaciones para que se votara y aprobara al actual Fiscal Nacional, Jorge Abbott, en el Senado, trascendió una reunión que él sostuvo con el senador Guido Girardi en su casa…

– “Yo creo que las mismas normas deben aplicarse a los fiscales. Efectivamente son, y pueden ser motivo de las mismas presiones, pese a que un fiscal sea muy recio, y no por una reunión puedo suponer que signifique inmediatamente que sea susceptible de presiones. Obviamente que se ve mal que Abbott vaya a casa de Girardi, de Espina…”

– O al menos con ese sentido de oportunidad…

– “Menos en el proceso de nombramiento. Creo que eso no son actitudes que reflejen, insisto, la independencia del Poder Judicial. ¿Es acaso independiente? Es una pregunta que está presente en el libro y que todavía es válida”.

Matus no se refiere en el detalle de los casos de presunto financiamiento irregular de la política, pero consultada sobre la controversia que han traído consigo estos casos, la periodista indica que “los Ministerio Públicos de todo el mundo, obviamente, toman decisiones que son políticas. Deben determinar en qué causas van a hincar el diente, y cuáles quedarán fuera, porque es materialmente imposible que la Fiscalía ejerza la acción penal en todos los delitos que se cometen. Lo que uno esperaría como ciudadano es que todos esos criterios sean lo más transparentes posible. Qué delitos consideramos graves, cuáles tendrán penas más altas. Cuando estos criterios son dispares, cuando frente a dos causas similares hay resultados distintos, la población tiene el legítimo derecho a preguntar qué pasa ¿Cómo se resolvió? Creo que ahí, el que debe jugar un papel importante es el periodismo. ¿Dónde están los mails, correos, instructivos, para que en el caso A se tome una decisión y en el B otra cosa? ¿Por qué en uno se formaliza y en otro no? ¿Por qué en un caso se siguió el ritmo del Servicio de Impuestos Internos y en otro no?”.

Pero al mismo tiempo, la autora hace una salvedad respecto de la cobertura de estos casos, ya que antes “las cámaras estaban en los tribunales, en el ministro en visita en casos de mayor connotación pública, y en las policías. Hoy las cámaras casi todas apuntan a los fiscales y esto genera distorsiones. Porque genera que algunas personas quieran salir, como uno antes veía a jueces que tenían causas que eran… poco sustentadas”.

En ese sentido, Matus ejemplifica con contenido del libro, como cuando algunos jueces determinaban realizar una ronda de careos, o reconstituciones de escena “que eran más a pedido de periodistas, porque les gustan las reconstituciones de escena, porque se necesitaban las imágenes. Creo que se da esto en los fiscales, donde algunos buscan ese protagonismo. Por lo tanto, hay que estar también atento a cuánto hay de ego, de disputas internas. Es parte de lo que uno también debe averiguar antes de casarse con una teoría”.

Un “impresionante” avance: Derechos Humanos

Una crítica que la autora hace en general a Chile es que uno de los aspectos que más resiste al cambio es la transparencia en la información referidas a violaciones a los Derechos Humanos. Y por eso es crítica de que a finales de agosto la Cámara de Diputados rechazara terminar el secreto de los 50 años que pesa sobre la comisión Valech. “Yo creo que no es imposible que aquella persona que quisiera que su testimonio se mantenga en privado, quede así para esa persona, pero creo que es hipócrita usar la voluntad de esas pocas personas que no quieren que se conozca su testimonio como causa de que se prohíba el conocimiento de todos los testimonios, porque lo que hay de fondo es que no se conozca la verdad contenida en los testimonios. El secreto que se invoca a las víctimas como razón en sí, la mayoría de las víctimas representadas en agrupaciones de víctimas y sobrevivientes no lo pidieron y no lo desean. Eso en manos de la sociedad, en manos de los jueces, puede ayudar a completar el cuadro de información respecto de violaciones a los Derechos Humanos”.

Y es precisamente en este punto en el cual, según Matus, se puede evidenciar un avance “impresionante” en la Corte Suprema y la doctrina de Derechos Humanos. “Los criterios hoy son cosa corriente. La imprescriptibilidad, inamnistiabilidad, hoy se juzgan y condenan casos de tortura que antes ni siquiera entraban al sistema. Es muy significativo y tal vez es una de las áreas que se avanzó más respecto de la deuda pendiente”.

Hay cosas pendientes, sí. Hay muchos casos sin condena, pero también cabe consultarse sobre episodios que recientemente afectaron al Poder Judicial, como cuando la Corte Suprema era encabezada por el ministro Sergio Muñoz, quien designó al ex ministro de la Corte de Apelaciones, Alejandro Solís como abogado externo que apoyaría e trabajo de los magistrados en causas de Derechos Humanos. En conversación con el programa El Informante, recordó que trabajó entre el 11 de febrero hasta el 11 de marzo del 2014, y le pidieron la renuncia. Antes de su salida, acudió a conversar con el actual presidente de la Suprema, Hugo Dolmestch, en ese momento a cargo de la coordinación de los casos de Derechos Humanos. “Antes siquiera que yo lo saludara, Dolmestch me especificó que los militares han venido aquí a protestar por tu nombramiento. Han venido a pedir que termine tu contrato”. Muñoz posteriormente le confirmó su salida.

“¿Existen aún lugares de influencias de los poderes fácticos?”, plantea Matus como interrogante ante este episodio, a lo que contesta que sí, y “que se manifiestan en que a Alejandro Solís le quitaron esta asesoría probablemente por presión de los propios colegas, que se sienten identificados o tienen sensibilidades, deben haber presionado a Muñoz para que lo sacara”.

“Solís es otro de los ministros que no subió a la Suprema, porque probablemente no estaba dispuesto al ‘besamanos’, y no hubo campaña como con Carlos Cerda que era más emblemático. Y Solís quedó a la sombra de los otros, pero debería haber subido como Milton Juica, como Cerda, y sus méritos como juez investigador y sentenciador, yo creo que nadie los discute. Si él no pudo seguir con esto fue por presiones estrictamente políticas”, concluye Matus.

La idea de incluir en el debate a la gente que no maneja la jerga legal o el “abogadez” es parte del interés central de la autora, “y tenemos derecho y el deber para demandar qué Poder Judicial queremos. No sólo en el debate de qué Constitución queremos, AFP y todo. Por supuesto que la gente va a decidir caso a caso pero sí tiene derecho a pensar respecto del Poder Judicial”.

Y en uno de los momentos más graves que enfrentaron las instituciones en Chile fue en el contexto del caso Penta y SQM (marzo del 2015), cuando según la encuesta Cadem reflejó que un 79% consideraba que el Poder Judicial no asegura igualdad ante la ley. Con estos casos, se comenzaron a repetir los nombres de los abogados en múltiples causas de alta connotación, lo que para Matus es parte del fenómeno que se dio con la llegada del Ministerio Público. “Los grandes estudios se fortalecieron, porque qué pasa hoy día… de qué manera puedes incidir en un proceso si no tienes plata, porque el fiscal no necesita a la víctima para acusar o tomar decisiones judiciales en un caso penal. Depende casi de su voluntad personal considerarla o no. Pero cuando tienes dinero y eres tanto una víctima como imputado, tú puedes contratar abogados y esos abogados pueden intentar representar tu punto de vista en las distintas etapas de la investigación del fiscal, o formalización, o quizás en la condena… y ahí si tienes dinero puedes hacer una diferencia”.

– En el libro se citan estudios de los ‘90s, específicamente el Estudio del Centro de Desarrollo Urbano sobre la percepción de la justicia entre los pobres. Éste en ese momento detectó que un 71% de los encuestados estuvo de acuerdo con la frase “uno no consigue justicia si no tiene dinero”. También un 74%, estuvo de acuerdo con que “uno no consigue justicia si no tiene influencia”. ¿Eso se mantiene?

– “Se mantiene…”