Juez argentino acusado de delitos de represión gestiona refugio en Chile
El magistrado está procesado como partícipe primario de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983), época en al que se desempeñó como fiscal de Mendoza, capital de la provincia homónima, a 1.000 kilómetros de Buenos Aires.
El juez argentino Otilio Romano, a quien se busca como procesado en su país por delitos de represión durante la dictadura militar, se encuentra en Chile, donde gestiona que la ONU le conceda estatus de refugiado político, informaron hoy a Efe fuentes de organismos de defensa de los derechos humanos.
El magistrado Walter Bento, quien busca a Romano para que cumpla una citación en una causa por 103 casos de crímenes de lesa humanidad, notificó hoy la situación del acusado a los abogados de la querella, dijo a Efe uno de esos letrados, Pablo Salinas.
Precisó que Bento también informó a las partes involucradas en esa causa que ha pedido la destitución de Romano al Consejo de la Magistratura, organismo encargado de la designación y control de los jueces, con vistas a pedir la captura del acusado.
“El refugio político no lo resuelve el Gobierno de Chile sino la ONU”, apuntó Salinas en referencia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
“Romano se presenta como si fuera un perseguido político, pero no lo es: debe responder por 103 casos de secuestros, torturas y desapariciones de personas” en la provincia de Mendoza (oeste) vecina a Chile, puntualizó Salinas.
El magistrado está procesado como partícipe primario de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1976-1983), época en al que se desempeñó como fiscal de Mendoza, capital de la provincia homónima, a 1.000 kilómetros de Buenos Aires.
El pasado 25 de agosto, un día después de que Romano viajara a Chile, el Consejo de la Magistratura le suspendió en sus funciones y el acusado incumplió con una citación judicial.
“Hasta agosto pasado (Romano) era el hombre fuerte de la justicia federal de Mendoza, tuvo un poder enorme, pero ahora es un prófugo porque la justicia le intimó a presentarse y no se presentó”, dijo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
La represión ilegal desatada por la dictadura argentina causó la desaparición de 30.000 personas, según coinciden el Gobierno y organismos humanitarios, actuales querellantes en numerosos procesos por violaciones a los derechos humanos que se instruyen en tribunales de todo el país.
