Piden la destitución del juez argentino que huyó a Chile

En el alegato final del juicio político con fines de destitución que se lleva adelante contra Romano en Buenos Aires, Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, aseguró que el enjuiciado juez era “funcional al aparato represivo del terrorismo de Estado”.

Para Ordiales, que actúa como acusador en este juicio político, Romano “facilitaba” la “impunidad de los delitos de lesa humanidad” cometidos durante la última dictadura militar y “deshonró el cargo con el que fue investido por las instituciones de la democracia”.

La defensora de Romano, Fabiana León, rechazó las acusaciones contra el suspendido magistrado y negó que su representado, que se desempeñaba como fiscal durante la dictadura, hubiese tomado declaraciones en centros clandestinos de detención, tal como afirmaron varios testigos.

El proceso oral y público contra Romano se inició el pasado día 14 y ahora el jurado tiene un plazo de 180 días para expedirse sobre la destitución o no del titular de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia argentina de Mendoza (oeste).

Romano fue suspendido en sus funciones el pasado 25 de agosto, pero una día antes viajó a Chile, donde solicitó asilo político y ya obtuvo una visa de residencia de ocho meses.

Tras conocerse su salida del país, el juez de Mendoza que lleva el proceso en su contra, Walter Bento, lo citó a declarar por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos cuando era fiscal de esa provincia vecina a Chile, pero Romano no se presentó.

Bento emitió entonces una orden de detención internacional contra Romano, pero supeditó su solicitud a que previamente sea destituido como magistrado.