El Gobierno francés quiere subir el IVA y bajar las cotizaciones sociales
Lo que se busca según aseguraron los miembros del gobierno de Nicolás Sarkozy es crear empleo en Francia y disminuir las cargas sobre el trabajo. Frente a esto, la oposición francesa aseguró de que se trata de un "error económico" que beneficiará a las empresas.
El Gobierno francés afirmó hoy que antes de las elecciones presidenciales de primavera aplicará el conocido como “IVA social”, que consiste en compensar una baja de las cotizaciones sociales con una subida del impuesto sobre el valor añadido que se aplicaría a productos importados de países con mano de obra barata.
El objetivo es “crear empleo en Francia y evitar que se vendan a bajo costo productos importados”, declaró a “France Info” la ministra del Presupuesto, Valérie Pécresse.
También hoy, el ministro de Trabajo Xavier Bertrand en entrevista a la cadena de televisión “France 2” confirmó la aplicación del IVA social “por interés del país, por interés del empleo” ya que “hay demasiadas cargas sobre el trabajo” y “hay que disminuirlas”.
Recordó también que por cada 100 euros de salario bruto que paga una empresa, las cotizaciones sociales en Alemania representan 39 euros, mientras en Francia llegan a 50, lo que plantea problemas de competitividad.
Sin precisar cómo se formalizaría una subida del IVA que gravará productos extranjeros, ni entrar en posibles problemas legales, Bertrand se limitó a indicar que prefiere “que las importaciones, que durante mucho tiempo han penalizado la financiación de la protección social, financien ahora la protección social”.
De esta forma, el presidente, Nicolás Sarkozy, indicó que se trataría de aumentar la fiscalidad sobre las importaciones de países en los que el costo de la mano de obra es menor que en Francia porque la protección social de la que se benefician los trabajadores es también más baja.
La oposición socialista, aunque en el pasado algunos de sus barones se pronunciaron en favor del “IVA social”, criticó la propuesta del Ejecutivo conservador por considerarlo “inaplicable” y un “error económico” al desplazar, en beneficio de las empresas, el costo de la protección social al consumidor, precisamente en un momento en que el consumo se comporta mal.
En una línea similar, la candidata de la extrema derecha a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, denunció “una promesa muy inquietante que va a afectar prioritariamente a las clases populares y a las clases medias”.
