Gobierno español facilita los despidos de empleados por parte de las empresas

En una decisión que marca un antes y un después en la legislación laboral, el gobierno español anunció la puesta en marcha de una  reforma laboral que rebaja de forma generalizada el costo a pagar por parte de una empresa al momento de despedir a un empleado.

Entre los cambios que establece la nueva normativa, que entrará en vigor mañana se generaliza el contrato con indemnización por despido de 33 días y un máximo de 24 mensualidades, así como se flexibilizan las causas para que los empresarios puedan acogerse a la vía del despido procedente, que se limita a 20 días por año trabajado y fija un máximo de 12 meses. La clave para ello es que se prescinde de la autorización administrativa en los Expedientes de Regulación de Empleo.

A partir de ahora, las empresas tendrán más opciones para acogerse a la vía del despido procedente, que es la que tiene una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidad. Así, según ha explicado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, bastará con que tengan “pérdidas actuales o previstas” o una “disminución de ventas durante tres trimestres consecutivos” para poder plantear un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), es decir, para poder despedir a empleados.

Con la legislación vigente, las empresas que querían acogerse a un expediente de regulación tenían que recibir una autorización del Ministerio de Empleo, para lo que era esencial que el ERE fuese pactado entre los empresarios y sindicatos.

Del otra lado, la reforma pone en marcha un nuevo contrato indefinido para las pymes que combina el cobro del dinero de apoyo que reciben los cesantes, con el de un salario y reinstaura la prohibición que suspendió el anterior Gabinete de concatenar contratos temporales más allá de los 24 meses a partir del 31 de diciembre.

La medida del gobierno de Mariano Rajoy  ha provocado una ola de reacciones de rechazo entre las organizaciones sindicales de UGT y CCOO  y entre  fuerzas políticas como el PSOE, CiU, de hecho, desde ésta última consideraron necesaria la realización de movilizaciones en la calle  con el fin de “parar este nuevo entuerto” contra los derechos de los trabajadores

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