España: Con presupuestos austeros busca recuperar confianzas en la región

El Gobierno español busca recuperar la confianza de la Unión Europea (UE) y de los inversores con los presupuestos generales del estado más austeros de su historia democrática, presentados este martes al Parlamento.

Las cuentas para este año, que prevén un ajuste de 27.300 millones de euros, responden “al gravísimo momento” que atraviesa la economía del país, aseguró el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

En una comparecencia ante la prensa, destacó también que son “las que menos perjudican el crecimiento económico” y con las que se trata de que “esta crisis acabe cuantos antes”.

El Ejecutivo español prevé para este año una contracción de la economía del 1,7 por ciento del PIB.

El conservador Partido Popular (PP), que gobierna España desde finales del pasado diciembre, tiene la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados donde se tramitará la convalidación de las cuentas por lo que no tendrá problemas para sacarlas adelante, pero busca el más amplio apoyo parlamentario.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el principal grupo de la oposición y que estuvo en el gobierno desde 2004 a 2011, anunció que presentará una enmienda a la totalidad.

Su portavoz parlamentaria, Soraya Rodríguez, expresó el rechazo a las cuentas porque “obstaculizan el crecimiento” económico.

Montoro sostuvo que “el desafió de estos presupuestos es recuperar la confianza” de los socios europeos y de los inversores, y entre sus objetivos está cumplir con el compromiso adquirido con la UE por el Gobierno que preside Mariano Rajoy de reducir el déficit público este año desde el 8,51 % del PIB al 5,3 por ciento.

Ese objetivo “es irrenunciable” para el Ejecutivo y obliga asimismo al conjunto de las administraciones, incluidas las 17 comunidades autónomas -que tienen muchas competencias, como Sanidad y Educación- y ayuntamientos, advirtió el responsable de Hacienda, que recordó que su incumplimiento puede ser sancionado.

También hizo hincapié en que están concebidos ante la “situación límite” que vive el país debido al coste de la financiación de la economía española, “del alto nivel de endeudamiento acumulado”, lo que lleva a la recesión y a la perdida de puestos de trabajo.

Este año, el Estado español prevé destinar 29.246 millones de euros, el 2,75 % del PIB, al pago de intereses de sus emisiones para financiar los vencimientos de deuda y cubrir las nuevas necesidades financieras.

La deuda pública española pasará este año del 68,5 por ciento del PIB registrado en 2011 al 79,8 por ciento, por debajo, sin embargo, de la media de los países de la zona euro.

El ahorro previsto en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado implica un recorte del gasto medio de los ministerios de casi el 17 por ciento, que en el caso de Asuntos Exteriores y Cooperación experimentará una reducción del 54,4 % y afectará principalmente a los fondos destinados a la cooperación y el desarrollo.

En el apartado de ingresos se contempla la modificación del impuesto de sociedades a grandes empresas con la supresión de las deducciones fiscales y una “amnistía fiscal” para hacer aflorar rentas no declaradas dentro y fuera del país, ingresos que se sumarán a los generados por la subida de los impuestos sobre las rentas.

Las restrictivas cuentas congelan los sueldos de los funcionarios pero mantienen la actualización de las pensiones de los jubilados y las prestaciones a los desempleados aunque en este caso con un recorte del gasto del 5,5 %., y del 21 por ciento en el destinado a las políticas activas de empleo.

España tiene una tasa de desempleo del 23 % de la población activa, más del doble de la media de la Unión Europea, superior los países intervenidos como Grecia, Irlanda y Portugal.

Los últimos datos oficiales publicados hoy muestran que la destrucción de empleo sigue creciendo, con 38.769 nuevos parados en marzo, por octavo mes consecutivo.

El incremento de la cifra de desempleados inscritos en marzo se produce una vez aprobada y ya en vigor la reforma del mercado laboral, que le costó al Gobierno de Rajoy su primera huelga general, convocada por los sindicatos el pasado 29 de marzo, que la ven dañina para los trabajadores e ineficaz para crear empleo.

La reforma era reclamada por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea que ven muy rígido el mercado de trabajo en España