Comisión de juristas israelíes asegura que los asentamientos son “legales”

Una comisión de destacados juristas israelíes recomendó hoy al primer ministro, Benjamín Netanyahu, legalizar todos los enclaves no autorizados en el territorio ocupado de Cisjordania porque “los asentamientos son todos legales” de acuerdo al derecho internacional.

La comisión, encabezada por el ex juez del Tribunal Supremo Edmond Levy, y de la que forman parte otros expertos en derecho internacional, asegura en un informe que entregaron hoy al primer ministro que Israel no es “potencia ocupante”, dado que ningún estado ejerció su soberanía en ese territorio, ni siquiera Jordania que lo gobernó entre 1948 y 1967.

Netanyahu ordenó en enero la formación de la comisión para analizar los aspectos legales de decenas de enclaves que los colonos levantaron en el territorio reclamado por los palestinos sin la correspondiente autorización de sucesivos gobiernos, y que en algunos casos el Tribunal Supremo ha ordenado evacuar.

El último caso fue el de Ulpaná, construido en tierras privadas palestinas y desalojado a finales del pasado junio.

Según Levy, que como juez nunca se inclinó en sus fallos por refrendar la “legalidad” de los asentamientos, la presencia judía en Judea y Samaria, nombre bíblico de Cisjordania, “no contradice” el derecho internacional y el Estado debe “asumir la responsabilidad de los residentes que se mudaron allí por iniciativa del gobierno”.

Para la comunidad internacional, todos los asentamientos son ilegales, independientemente de que cuenten o no con la autorización de los gobiernos israelíes, porque supone el traslado de población a un territorio conquistado por la fuerza militar.

Los palestinos, que aspiran a declarar un estado independiente en Cisjordania y Gaza, con capital en Jerusalén Este, consideran la colonización como el principal obstáculo a la solución de “dos estados para dos pueblos”, solución respaldada por la ONU, las principales potencias y el derecho internacional.

En total, hay más de 150 asentamientos autorizados por toda Cisjordania en los que viven hasta 250.000 colonos judíos, y varias decenas de enclaves con una población total sobre la que no hay datos precisos pero que son cuantificados en varios miles.

“La verdad es que me he quedado atónita”, dijo al servicio de noticias por internet Ynet la abogada Talia Sasón, que en 2005 redactó un informe en sentido completamente contrario y que se inspiraba precisamente en fallos de Levy y de otros jueces del Supremo durante 45 años.

A diferencia de Sasón, que exhortaba a evacuar todos los enclaves, la comisión recomienda a Netanyahu “legalizar” la inmensa mayoría de ellos, y facilitar la adquisición de tierras de propiedad palestina para que los judíos puedan vivir en Judea y Samaria.

Sasón recordó hoy que la ilegalidad de los asentamientos en general “no es un asunto de orientación política”, porque “en 2005 el Tribunal Internacional de La Haya sentenció que todos los asentamientos israelíes están prohibidos y son ilegales”.

Estos aspectos, denunció, no están incluidos en el informe del panel.

Las conclusiones, que serán estudiadas próximamente por la Comisión para Asuntos de Colonización, que preside Netanyahu, pueden conducir a un cambio radical en la política del gobierno israelí y tirar abajo toda perspectiva de paz con los palestinos.

El ministro israelí de Medio Ambiente, Gilad Erdán, pidió hoy al primer ministro “definir una política clara que rescinda la amenaza que se cierne sobre miles de familias”, en alusión a la población de los enclaves no autorizados.

Erdan, así como otros líderes de la derecha nacionalista israelí, también exigió que se obligue a la Fiscalía a que apliquen al pie de la letra las conclusiones de la comisión sobre la colonización, a menudo tratada en los tribunales por demandas presentadas por palestinos afectados y grupos de derechos humanos.