Presidente egipcio ordena la reapertura del Congreso provocando rechazo del Tribunal Constitucional

El presidente de Egipto, Mohamed Mursi, ordenó la restitución de la Cámara baja del Parlamento, disuelta el pasado mes por la Junta Militar, en un golpe que permite a los islamistas recuperar el poder logrado en las urnas. Sin embrago, el Tribunal Constitucional afirmó que sus decisiones son “obligatorias para todas las autoridades del Estado y para todos”.

Mursi, que comenzó su mandato el pasado 30 de junio, emitió un decreto por el que anula una resolución de la cúpula castrense por la cual la Asamblea del Pueblo (Cámara baja) quedaba disuelta desde el pasado 15 de junio.

De esta forma, el presidente egipcio ordenó restablecer las sesiones de la cámara y devolverle sus prerrogativas, que se encontraban en manos de las autoridades militares desde su disolución, según la agencia estatal de noticias Mena.

Además, quedó establecida la celebración de elecciones a la Cámara baja en los sesenta días posteriores a la aprobación de la nueva Constitución en referéndum por el pueblo egipcio.

Con su decisión, el islamista Mursi asesta un golpe de efecto a la Junta Militar, que había actuado basándose en un fallo del Tribunal Supremo Constitucional, que el pasado 14 de junio anuló los últimos comicios legislativos por irregularidades.

El Constitucional ya había considerado en su fallo que los partidos no respetaron la ley electoral, que impedía presentar a representantes de fuerzas políticas en el tercio de candidaturas reservadas para independientes, lo que la entonces gobernante Junta Militar aprovechó para ordenar la disolución de toda la Cámara baja.

El Partido Libertad y Justicia, de los Hermanos Musulmanes, que controla la mayoría en la Asamblea del Pueblo, constituida en enero pasado, argumenta que, si acaso, el fallo del Constitucional debería afectar solo a un tercio de los diputados, los elegidos como independientes.

El presidente del Parlamento, el también islamista Saad Katatni, valoró la resolución de Mursi porque representa “el respeto de la soberanía de la ley y de las instituciones”.

Además, añadió Katatni en un comunicado, la Asamblea del Pueblo vigilará al poder ejecutivo y ejercerá sus prerrogativas legislativas en cuanto se reúna “a partir de las próximas horas”.

Por su lado, Mohamed Nur, portavoz del segundo partido con mayor representación parlamentaria, el salafista Al Nur, dijo a que esta resolución “devuelve el poder a sus dueños y a las instituciones egipcias elegidas, lo que facilita el traspaso de poder a los representantes del pueblo egipcio”.

Para Al Nur, la decisión presidencial “evidencia también que la Junta Militar quiere entregar el poder a los representantes del pueblo elegidos”.

Sin embargo, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA) de Egipto mantuvo una reunión de urgencia encabezado por su presidente, el mariscal Husein Tantaui, para evaluar el restablecimiento de la Cámara baja, y su posición todavía no se había hecho pública entrada la noche en Egipto.

La cúpula militar fue la máxima autoridad en Egipto desde la renuncia del presidente Hosni Mubarak, en febrero de 2011, hasta la semana pasada, cuando Mursi juró su cargo como presidente del país.

Mursi tomó esta medida días después de que sus seguidores se retiraran de la emblemática plaza de Tahrir, en El Cairo, donde protagonizaron multitudinarias protestas contra la disolución del Parlamento.

Tras una serie de contactos con las fuerzas políticas y los dirigentes castrenses, el que fuera candidato de los Hermanos Musulmanes ha tomado cartas en el asunto sin esperar a los próximos movimientos en el terreno judicial.

Aunque el fallo de la Corte Constitucional solo afectaba la composición de la Cámara baja por irregularidades en su composición, está pendiente que esta instancia judicial analice también una demanda que pide la disolución de la Cámara alta o Shura por los mismos motivos.

Dicho caso fue remitido ayer al Constitucional por el Tribunal Supremo Administrativo, lo que añade más confusión al enrevesado laberinto legal en el que se encuentra Egipto.

Otra resolución que puede modificar el escenario político en el país es la que se espera que dicte el Tribunal Constitucional el próximo 10 de julio sobre la validez de las enmiendas constitucionales aprobadas por la Junta Militar justo antes de celebrarse las presidenciales.

De acuerdo con estas enmiendas, emitidas el pasado 17 de junio, los dirigentes castrenses se reservan las prerrogativas sobre los asuntos militares, al tiempo que retoman el poder legislativo tras la disolución del Parlamento, una medida que ahora Mursi ha dejado sin efecto.