Brasil: Condenan a ex jefe de Gabinete de Lula da Silva por asociación ilícita
Concluido hoy el capítulo referido a asociación ilícita, el proceso queda listo para sentencia, aunque antes los jueces deberán definir los empates registrados en los casos de siete de los 37 reos juzgados, de los cuales 25 fueron declarados culpables.
El Tribunal Supremo de Brasil concluyó hoy que hubo en el país una “asociación ilícita” para la corrupción, que integró el ex ministro José Dirceu y desató los serios escándalos denunciados en 2005 en el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
“Fue un grupo de delincuentes que avergonzó a toda la política brasileña”, declaró el decano de la corte, Celso de Mello.
Concluido hoy el capítulo referido a asociación ilícita, el proceso queda listo para sentencia, aunque antes los jueces deberán definir los empates registrados en los casos de siete de los 37 reos juzgados, de los cuales 25 fueron declarados culpables.
Por asociación ilícita, la corte condenó hoy por ajustada mayoría a Dirceu, al expresidente del Partido de los Trabajadores (PT) José Genoino, al antiguo tesorero de esa formación Delubio Soares y a otros seis acusados.
Se trata del publicista Marcos Valerio Fernandes, sus tres socios y la directora de una de sus empresas, que fueron prestadas para las corruptelas, y un antiguo directivo del Banco Rural (privado).
Las empresas de Fernándes, según el Supremo, fueron el brazo “operativo” de la red de corrupción, que se alimentó con dinero publico y se volcó a la financiación de campañas y al soborno de dirigentes de cuatro partidos a cambio de su apoyo parlamentario al Gobierno de Lula.
El fallo de hoy fue precedido por un intenso debate entre los seis jueces que consideraron probada la “asociación ilícita” y aquellos que no identificaron esa figura jurídica en la actuación del grupo implicado.
La magistrada Rosa Weber planteó que para configurarse lo que se define como asociación ilícita es necesario que existan “delitos contra el orden público” o al menos la intención de cometerlos, lo cual no apreció en la actuación de los acusados.
El instructor Joaquim Barbosa rebatió esa opinión y afirmó que esa idea genera “una exclusión sociológica” que limita la asociación ilícita a las “formadas para secuestros, robos y crímenes de sangre” y no considera así a las lideradas por “bandidos de cuello blanco”.
Según Barbosa, “el Código Penal brasileño define esa figura como la asociación de tres o más personas para delinquir”, que según su opinión “fue lo que ocurrió”, pues políticos y empresarios actuaron “asociados para cometer crímenes gravísimos” contra el Estado.
El instructor incidió en que “la practica nefasta de compra de parlamentarios”, que fue probada por la corte, “duró casi dos años y medio” y fue producto del “entendimiento entre grupos” que luego se combinaron para “sacudir las bases de la democracia”.
Barbosa agregó que, de ese modo, se “atentó” contra el orden público y se “sacudió la paz social”, algo que no solamente ocurre cuando “individuos que viven en una favela salen disparando”.
El juez Celso de Mello dijo que en sus 44 años de carrera “jamás” vio “tan bien configurada la asociación ilícita, que en este caso se formó en “la cúpula del poder” y fue integrada por “altos funcionarios que conspiraron contra el orden público”.
Según de Mello, “a esa sociedad de delincuentes el derecho penal le da el nombre de cuadrilla o bando” y representa “sin duda alguna una de las peores asociaciones ilícitas”.
