Iglesia considera un “retroceso” para Uruguay la despenalización del aborto
Tras finalizar su Asamblea Plenaria anual, celebrada del 8 al 13 de noviembre en Florida, en el interior del país, la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) emitió este miércoles un comunicado en el que expresa su "pesar" por la nueva normativa.
La Iglesia católica criticó hoy la reciente aprobación de una ley que despenaliza el aborto en Uruguay dentro de las doce primeras semanas de gestación y consideró la medida, impulsada por el oficialismo de izquierdas, un “claro retroceso para el pueblo uruguayo”.
Tras finalizar su Asamblea Plenaria anual, celebrada del 8 al 13 de noviembre en Florida, en el interior del país, la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU) emitió este miércoles un comunicado en el que expresa su “pesar” por la nueva normativa.
En su declaración, la CEU recuerda que la nación suramericana “ha fundado su existencia en el respeto a la libertad, en la defensa de la vida de todo ser humano y en la solidaridad con el más débil”, principios que en su opinión son vulnerados por la ley aprobada por el Parlamento y promulgada por el presidente José Mujica.
“La vida humana es un derecho inalienable consagrado en la Constitución de la República y en el Pacto de San José de Costa Rica ratificado por nuestro país”, destaca.
La iglesia también opina que la medida “no ampara a la mujer” porque “le propone la peor salida: eliminar la vida del hijo y cargar con las graves secuelas de este hecho”.
Además, “menoscaba los derechos y la responsabilidad del padre” y “deshonra la vocación médica”, al crear “una situación de posible discriminación en el personal sanitario y en las instituciones de salud”.
“Un hijo que viene es siempre una bendición de Dios, una esperanza y una apuesta generosa en un país envejecido”, como es el caso de Uruguay, enfatiza.
La CEU exhorta a “los laicos católicos” y a “los hombres y mujeres de buena voluntad” a elegir “los medios que estimen oportunos” para lograr la derogación de la normativa y pide respetar “la conciencia de los médicos” y de las instituciones sanitarias que se nieguen a practicar abortos.
En Uruguay, un país de apenas 3,3 millones de habitantes, se practican al año unos 30.000 abortos clandestinos, según fuentes oficiales aunque las organizaciones no gubernamentales dicen que la cifra es superior.
Además de indignar a los antiabortistas, la nueva normativa tampoco ha sido bien recibida por los proabortistas, que la tildan de insuficiente.
La ley establece que las mujeres que quieran interrumpir su embarazo tendrán que acudir a un médico que las derivará a una comisión formada por psicólogos, ginecólogos y trabajadores sociales que la asesorarán.
Luego tendrán cinco días para reflexionar y por último podrán iniciar si lo desean el procedimiento con su médico en un centro público o privado.
Los abortos que se realicen fuera de este procedimiento seguirán siendo ilegales y por tanto penalizados.
La organización Mujer Y Salud de Uruguay (MYSU) afirma que la iniciativa dificulta el acceso libre al aborto y deja en una situación vulnerable a la mujer en las poblaciones del interior, donde hay pocos centros médicos preparados y donde la intimidad y anonimato de la paciente no están aseguradas.
Según MYSU, cada 20 minutos se realiza una intervención para interrumpir un embarazo en Uruguay y durante 2012 ya han fallecido dos mujeres por llevar a cabo esa práctica en la clandestinidad en el país.
