Embargan bienes de propietarios de discoteca brasileña
La medida fue solicitada para garantizar el posible pago de indemnizaciones en caso de que los dos dueños del establecimiento resulten responsables del incendio.
La justicia brasileña ordenó el embargo de los bienes de los propietarios de la discoteca Kiss de la ciudad de Santa María, en la que un incendio el domingo dejó al menos 231 muertos, según el portal G1 que cita fuentes oficiales.
La medida fue solicitada para garantizar el posible pago de indemnizaciones en caso de que los dos dueños del establecimiento, arrestados el lunes, sean considerados como responsables por el incendio más trágico de Brasil en los últimos cincuenta años.
“El propósito de la medida es garantizar el derecho de las personas a una futura indemnización, de modo colectivo e igualitario, para todos los familiares de las víctimas de la tragedia”, afirmó el defensor público general del estado brasileño de Río Grande do Sul, Nilton Arnecke, en declaraciones al portal G1.
La policía arrestó el lunes a cuatro de las personas a las que investiga como posibles responsables por la tragedia, entre ellos los dos dueños de la discoteca y dos de los músicos de la banda que se presentaba en el establecimiento en el momento en que comenzó el incendio.
Uno de los propietarios, Elissandro Spohr, fue arrestado en la vecina ciudad de Cruz Alta, adonde, según su abogado, había viajado para ser atendido en un hospital con síntomas de intoxicación respiratoria por temor a permanecer en Santa María.
El otro propietario, Mauro Hoffmann, fue detenido tras presentarse en la comisaría de Santa María y luego de que la policía fracasara en diferentes operaciones para localizarlo.
La policía aún no ha podido establecer si la discoteca, con capacidad para 691 clientes, según los bomberos, tenía exceso de público en la noche de la tragedia.
Pese a que los bomberos aseguran que el establecimiento cumplía las exigencias de seguridad, por lo menos hasta la última inspección, la licencia de funcionamiento del establecimiento estaba vencida desde agosto del año pasado.
Igualmente se investiga por qué no funcionaron los extintores de incendio y si los vigilantes impidieron la salida de los clientes sin pagar la cuenta.