Ex presidente Sarkozy es inculpado en investigación por eventual financiación ilegal de su campaña

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy fue imputado hoy por abuso de debilidad en el caso de la multimillonaria Liliane Bettencourt, dentro de la investigación abierta por la supuesta financiación ilegal de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007.

El exjefe de Estado, que hasta ahora gozaba del estatus de “testigo asistido”, compareció hoy ante el Palacio de Justicia de Burdeos durante varias horas, en las que mantuvo un careo con el mayordomo de Bettencourt, Pascal Bonnefoy.

Los jueces querían determinar hoy cuántas veces visitó el domicilio de la mujer durante la campaña, con el objetivo de estimar si abusó de la debilidad de la heredera del imperio cosmético L’Oréal para conseguir fondos.

La fiscalía ha circunscrito el supuesto abuso al año 2007, y de confirmarse los hechos Sarkozy podría verse condenado a tres años de cárcel, 375.000 euros de multa y cinco años inhabilitación.

Su abogado, Thierry Herzog, consideró hoy la imputación “injusta e incoherente”, y aseguró que va a recurrirla “inmediatamente” ante la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de la ciudad.

“El Señor Sarkozy no está por encima de la ley y sobre todo no hoy”, había declarado por su parte el abogado de Bonnefoy, el letrado Gillot, cuyo cliente mantiene que Sarkozy visitó a Bettencourt en varias ocasiones, frente a la única vez confirmada por el expresidente.

La octogenaria, según se reveló en octubre de 2011, sufre una “demencia mixta” y el mal de alzhéimer en un “estado moderadamente severo”, y la sospecha de queSarkozy pudo aprovecharse de sus problemas mentales para sacarle dinero partió del testimonio de la antigua contable de Bettencourt, Claire Thibout.

Ésta declaró en 2010 a la policía que, tres años antes, el administrador de la familia, Patrice de Maistre, le pidió 150.000 euros en efectivo para entregárselos al entonces tesorero de la campaña electoral, Eric Woerth.

La sospecha se reforzaba por el hecho de que, según daban a entender agendas confiscadas en el despacho y el domicilio de Sarkozy, este se reunió varias veces con Bettencourt y mantuvo otras tantas citas con otros protagonistas del caso en fechas clave del mismo.

El caso se destapó por casualidad dentro de una investigación paralela por una disputa familiar llevada a los tribunales por la hija de Bettencourt, Françoise Meyers, y Sarkozy es la decimoséptima persona imputada en el mismo.

En noviembre de 2012 y tras un interrogatorio que se prolongó durante más de 12 horas en ese mismo Palacio de Justicia, acabó solo con el estatus de testigo asistido, lo que significaba que en ese momento no se encontraron pruebas suficientes contra él, pero que podía ser llamado de nuevo a declarar.

Una de las primeras políticas que mostraron su reacción fue la presidenta del ultraderechista Frente nacional (FN), Marine Le Pen, quien aseguró que, aún respetando la presunción de inocencia, no puede seguir siendo miembro del Consejo Constitucional, porque su situación le impide ejercer “con imparcialidad y neutralidad”.

Los medios especularon hoy con la posibilidad de que los jueces le restrinjan los viajes o incluso le retiren el pasaporte, lo que acabaría, según los mismos, con que pueda seguir ofreciendo las conferencias sobre política internacional que ha dado en el extranjero desde que dejó la presidencia, y complicaría sus aspiraciones políticas.

En un artículo de la revista “Valeurs Actuelles” publicado a principios de mes, Sarkozy aseguraba que para él la política se había acabado porque le parece “un aburrimiento mortal”, pero admitía que lo haría “por deber” en caso de que el país, a su juicio, necesitara su gestión.

Este caso ha convertido a Sarkozy en el segundo presidente en comparecer ante la Justicia a su salida del Elíseo, tras Jacques Chirac, condenado en diciembre de 2011 a dos años de cárcel exentos de cumplimiento por un caso de corrupción y financiación ilícita de partidos.