Brasil aplica dura condena a autores del grueso de la masacre de Carandirú
Un tribunal brasileño aplicó una dura condena de 624 años de prisión a 25 policías, por haber cometido en 1992 el grueso de la matanza de 111 reclusos en la cárcel de Carandirú, un episodio considerado como el mayor ejemplo de la impunidad del sistema judicial del país.
Los policías fueron hallados culpables del asesinato de 52 internos que participaban en un motín, en esta segunda fase del juicio, que ha contado con cinco sesiones.
El juez Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo también ordenó que nueve de los 25 policías, que continúan en activo, pierdan sus respectivos cargos.
Los condenados tienen derecho a recurrir en libertad y en ningún caso pasarán más de 30 años en prisión, pues esa es la mayor pena prevista en el Código Penal brasileño.
Tras darse a conocer la sentencia, el fiscal Fernando Pereira Filho dijo que la decisión del jurado refleja “la voz de la sociedad” en relación a esa masacre, que estremeció a la opinión pública brasileña.
Por su parte, la abogada defensora, Ieda Ribeiro de Souza, afirmó que “la sociedad perdió y el mundo del crimen ganó” por “desvalorizar” a policías “que trabajaron honestamente”.
“El proceso está viciado. El sistema (judicial) está viciado. Este sistema que tenemos es un sistema enfermo”, comentó De Souza a periodistas, al puntualizar que en el Código Penal brasileño no existe el concepto de “autoría colectiva” de un crimen, en el que se basó la acusación.
En esta fase del juicio, que se prolongó cinco sesiones, el fiscal volvió a reconstruir paso a paso la ofensiva de la policía, que según los informes forenses, acribilló a los internos en sus celdas y en los pasillos, con decenas de disparos por cada víctima y en muchos casos, con tiros de gracia en la cabeza.
La abogada defensora dijo que es imposible atribuir responsabilidades individuales por falta de pruebas y por la mala calidad de los informes forenses de la época.
En su alegato final, De Souza también cuestionó los cambios de última hora realizados por la Fiscalía que, con el juicio en marcha, revisó a la baja el número de acusados y de víctimas.
La Fiscalía restó un imputado al comprobar que había fallecido y en sus alegatos finales hoy retiró los cargos por 21 de los homicidios, cuatro de ellos porque fueron perpetrados con arma blanca y el resto porque hay indicios de que ocurrieron en otra ala, donde no actuó el grupo de policías enjuiciado en esta etapa.
La masacre, que fue inmortalizada en la película “Carandirú“, del director argentino Héctor Babenco, ocurrió el 2 de octubre de 1992, cuando la policía trató de aplacar una rebelión en el pabellón nueve de la entonces mayor cárcel del país, donde se apiñaban 2.700 internos, algunos de ellos detenidos a la espera de juicio.
El presidio, insalubre y abarrotado, era considerado por las organizaciones humanitarias como el mejor ejemplo de las deficiencias del sistema penitenciario brasileño, que dos décadas después sigue adoleciendo de los mismos males.
El ataque fue dirigido por el coronel Ubiratán Guimarães, que fue condenado en 2001 a 632 años de cárcel, pero nunca llegó a ingresar en prisión y acabó siendo absuelto en una apelación celebrada meses antes de su fallecimiento, en 2006.
El tribunal de apelación consideró que Guimarães actuó dentro de sus responsabilidades y siguiendo órdenes de sus superiores, que nunca se han sentado en el banquillo por la matanza.
De Souza criticó este viernes que no haya sido juzgado el gobernador de Sao Paulo en la época, Luiz Antonio Fleury Filho, quien sólo fue convocado en calidad de testigo.
Las condenas de hoy se suman a las de la primera fase del juicio, celebrada el pasado abril, en la que 23 agentes fueron hallados culpables de trece asesinatos, que les acarrearon penas de 156 años de reclusión a cada uno.
Esas primeras condenas fueron elogiadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el pasado abril encomió que se hiciera justicia “después de más de dos décadas de impunidad”.
En la misma línea, Amnistía Internacional manifestó su convicción de que este proceso signifique el “principio del fin de un largo legado de impunidad”.
Todavía están pendientes de sentarse en el banquillo 27 agentes por su supuesta responsabilidad en 18 asesinatos, aunque el tribunal todavía no ha fijado la fecha de las próximas audiencias.
