La huella del Cóndor: Penales especiales para violadores de DD.HH en el resto de Sudamérica
En Argentina los ex uniformados pasaron a ser "presos comunes", mientras que en Uruguay siguen conviviendo en una prisión especial y en Paraguay están recluidos en un cárcel privilegiada aunque ahora abarrotada. Sin embargo, en Brasil hasta ahora ninguno ha sido condenado.
Tres principios enumeró el Presidente Sebastián Piñera para anunciar el cierre del Penal Cordillera, donde, hasta la semana pasada, diez militares cumplían condena por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. La noticia recorrió el país, pero también América Latina, donde los medios la replicaron.
Pero así también, tal como se replicaron los golpes de Estado y dictaduras en las décadas de los 70 y 80 en la región, con la vuelta a la democracia se replicaron, además, las cárceles especiales para militares juzgados por torturas, secuestros y muertes.
Para Amnistía Internacional, el cierre del Penal Cordillera es un “avance” en términos de justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, asegura Roberto Morales, presidente de la organización en Chile, y sostiene que lo que ha pasado en los otros países de la región, se combina con los distintos procesos que cada uno de ellos han vivido.
Sin embargo, recalca que para la organización, la “igualdad ante la ley” -uno de los principios esgrimidos por Piñera la semana pasada- es lo que debe primar y no tiene mucha justificación que personas que han sido sancionadas por tribunales estén en condiciones tan diferenciadas.
A más de dos décadas de la vuelta a la democracia, ¿cómo cumplen condena los militares condenados en América Latina? Aquí una revisión de algunos casos.
Argentina: Cárceles comunes
“Todos los represores del sistema federal están en una cárcel común”. Así lo aseguró, a la agencia Télam, el director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de Argentina, Alejandro Marambio, tras cerrar el 19 de septiembre pasado el Instituto Penal Federal de Campo de Mayo (Unidad 34) que funcionaba al interior de la guarnición militar del mismo nombre.
Una consecuencia más del escape que el 26 de julio pasado protagonizaron desde el Hospital Militar Central, los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi, que hace tres semanas habían sido condenados a cadena perpetua y 25 años de prisión, respectivamente, en un histórico juicio en San Juan. Los condenados habían solicitado su traslado a la cárcel de Marco Paz, en Buenos Aires, por motivos de salud. “La fuga de Olivera y De Marchi logró lo que no pudieron los organismos”, resumió Página 12.
Construida como cárcel militar, el SPF se hizo cargo de la unidad 34 de Campo de Mayo en enero de 2008. El penal, con capacidad para 39 detenidos y un nivel de seguridad mediana, se convirtió en un alojamiento privilegiado para militares condenados por torturas y asesinatos ocurridos durante la dictadura que rigió ese país entre 1976 y 1983.
Según la ficha del organismo, el recinto estaba distribuido en cuatro pabellones, que contaban con alojamiento común e individual y cada uno contemplaba sectores comunes de cocina, comedor y baños. Además, habían otras dependencias como áreas de tratamiento, farmacia y enfermería, campo de deportes, gimnasio cubierto, sala de computación y biblioteca.
“Enclavada en la mayor guarnición militar del país, no se asemeja a las demás unidades. Los ex militares disponen de condiciones de alojamiento más propias de un club de campo que de una cárcel, reciben visitas en sus habitaciones e interactúan sin restricciones de horario ni de espacio”, escribió también Página 12 el año pasado.
A ese lugar llegó en octubre de 2008 el dictador Jorge Rafael Videla tras perder el beneficio de arresto domiciliario, que cumplía desde hace diez años, y permaneció hasta junio del año pasado, cuando el SPF determinó que él y otros 11 ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad fueran trasladados al Complejo Penitenciario Federal II- Marcos Paz. Allí murió Videla hace casi cinco meses.
Y fue precisamente a ese recinto, una cárcel de alta seguridad con capacidad para 1.644 internos, donde fueron trasladados los 25 internos que quedaban en Campo de Mayo y que según el organismo pasaron a ser “presos comunes”.
Según la prensa trasandina, el organismo explicó a un tribunal que el traslado se ordenó debido a que no era posible dotar a la unidad de las “condiciones de seguridad exigibles para una unidad penitenciaria”, lo que constituía un “factor de riesgo grave, real e inminente de evasiones de la población penal allí alojada, singularmente de contar con ayuda externa”.
Paraguay: De cárcel militar a cárcel abarrotada
Restos de más de una decena de víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner, que gobernó Paraguay entre 1954-1989, han sido encontrados en el patio trasero de la ex Guardia de Seguridad, que funcionaba como centro de detención de presos políticos. Tras el fin de la dictadura pasó a ser la sede de la Agrupación Especializada de la Policía, pero siguió siendo una cárcel, aunque ahora recibía a los represores juzgados por la justicia.
Allí murió Pastor Coronel, uno de los represores más emblemáticos, y pasan sus días Camilo Almada, Lucilo Benítez y Juan Martínez, considerados dentro del grupo de los oficiales más temibles de la dictadura, y quienes quedarán libres el próximo año cuando cumplan los 25 años de pena máxima que existe en Paraguay.
Así lo cuenta el semanario dominical Mirada al Sur, en una entrevista que realizó a uno de los médicos que encabeza el equipo de trabajo que sigue buscando restos en esos mismos terrenos.
Considerada una cárcel para privilegiados por las comodidades que cuenta, hoy se encuentra prácticamente llena, y según detalla el vespertino Última Hora, el recinto se ha transformado en un penal de máxima seguridad, donde están recluidos 93 agentes, entre activos y ex uniformados, además de 38 civiles. Hace un par de años, el diario ABC hizo un seguimiento al sistema carcelario paraguayo, y de este penal destacó que cada celda albergaba a uno o dos internos, que contaban con aire acondicionado y baño privado.
Uruguay: Cárcel privilegiada
En enero de este año Gregorio Álvarez, presidente de facto de Uruguay durante la dictadura cívico-militar que gobernó el país entre 1973 y 1985, estrenó una celda especial ubicada en el perímetro de la cárcel Domingo Arena. Un contenedor metálico que, según el diario La República, posee las comodidades básicas para que el ex dictador permanezca apartado del resto de los internos, con quienes ha tenido problemas, e incluso pueda recibir a familiares y amigos conservando su privacidad.
Pero los problemas los tiene con otros militares condenados también por crímenes de lesa humanidad con quienes comparte la Unidad Penitenciaria Nº 8, ubicada en el viejo Batallón de Ingenieros Nº 7.
Cuando a fines del año pasado la Comisión Especial Parlamentaria de Seguimiento Carcelario analizó la construcción de la celda especial, el primer tema que trataba respecto a este recinto, uno de los diputados del Partido Colorado cuestionó la nueva construcción asegurando que “al paso que vamos habrá una cárcel para cada uno” y agregó que “no es justo que en una cárcel funcionen las cosas de una manera y en el resto de otra”.
Construída en 2006 exclusivamente para militares, su costo de 400 mil dólares fue cuestionado por parte de la ciudadanía y abogados de derechos humanos, que desde el 2009 piden el traslado a cárceles comunes, según consignaba el sitio web LaRed21 hace ya tres años.
Brasil: Empezando la búsqueda de la verdad
El testimonio de más de 200 víctimas y testigos recogió en un año la Comisión de la Verdad de Brasil, inaugurada en 2012 por la presidenta Dilma Rousseff, y que el 21 de mayo pasado entregó su primer informe de la dictadura que sufrió el país entre 1964 y 1984. Centros de tortura en universidades, el rol feroz de la Marina, una organizada estructura para la represión y que comenzó desde el primer año de la dictadura fueron algunas de las revelaciones.
Su creación llevó al establecimiento de comisiones similares en varios estados, como Pernambuco, Rio Grande do Sul y São Paulo, destacó Amnistía Internacional en su informe anual de este año, sin embargo, sostuvo que seguía preocupando “la capacidad para abordar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad mientras continuase vigente la Ley de Amnistía de 1979”.
Cuando la presidenta Rousseff, una ex guerrillera torturada y presa durante la dictadura, retomó la idea de la comisión que había impulsado su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva, se hizo sin buscar levantar dicha ley. “La revisión de la ley de amnistía no está en la agenda del gobierno”, explicaba en 2011 la Secretaría Especial de Derechos Humanos, María do Rosario.
La comisión seguirá trabajando hasta 2014, cuando podría solicitar revisar la ley que ha impedido encarcelar a los represores hasta el día de hoy, pese a que en 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que la ley carecía de efectos jurídicos.
Pero Amnistía Internacional precisó en su reporte que “los fiscales federales iniciaron procesamientos penales de miembros de los servicios de seguridad por secuestros cometidos durante el gobierno militar, alegando que se trataba de ‘delitos continuados’ y, por tanto, no comprendidos en la Ley de Amnistía”.
