Cura condenado por pedofilia se habría "pensionado" desviando fondos de hogar de niños hacia la cárcel
Julio César Grassi fue detenido por una causa de abuso de menores por la que finalmente fue condenado en 2009.
Un sacerdote condenado en Argentina por pedofilia fue denunciado por el presunto desvío de recursos donados a un hogar de niños que fundó pero ya no dirige hacia la cárcel en la que cumple una sentencia a quince años de presión, confirmaron hoy fuentes de la fundación que administra el hogar.
La denuncia es impulsada por Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de la localidad bonaerense de San Martín y director de la Fundación Felices los Niños, de la que depende el hogar, desde que el sacerdote Julio César Grassi fue detenido por una causa de abuso de menores por la que finalmente fue condenado en 2009.
Las maniobras por las que bienes del hogar, como alimentos y colchones, eran desviados a la cárcel de la ciudad bonaerense de Campana, donde Grassi cumple su condena, fueron reveladas en la noche de este domingo por un programa de investigación periodística del Canal 13, de Buenos Aires.
En el informe periodístico, trabajadores de la Fundación revelan que el sacerdotes los llamaba para pedirle el envío de víveres a la prisión y solicitaba que en los registros se anotaran las salidas de los bienes con destino a comedores sociales.
A partir de la denuncia, radicada en la Fiscalía 8 de la localidad de Morón, efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires allanaron en la noche de este domingo la Fundación, con sede en la localidad bonaerense de Hurlingham.
“Descubrí que entraban muchísimas donaciones a la Fundación y así como entraban se iban a la cárcel”, dijo Casolati a medios locales.
Según Casolati, estos envíos a la prisión le permitirían a Grassi de gozar de múltiples privilegios en la cárcel.
En el hogar que depende de la Fundación viven 54 chicos de entre 3 y 18 años, huérfanos o procedentes de hogares con problemas.
Luego de hacerse pública la denuncia y al saberse las necesidades económicas por las que atraviesa la institución, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires resolvió hoy intervenir la Fundación y que funcionarios provinciales trabajen coordinadamente con Casolati, para “darle continuidad al apoyo a esa entidad”.
Según informó el Gobierno bonaerense en un comunicado, el Ejecutivo provincial también instruyó a su Ministerio de Justicia para que realice una profunda investigación en la cárcel de Campana para determinar las responsabilidades sobre la denuncia por irregularidades en el manejo de donaciones.