Organizaciones internacionales de DD.HH. rechazan indulto a Fujimori
El ex presidente estaba condenada a 25 años de cárcel, pero alcanzó a cumplir 10 en prisión.
El representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Amerigo Incalcaterra, expresó que “la concesión de indultos es una prerrogativa que exige un análisis riguroso en cada caso, considerando la gravedad de los hechos en el marco de un proceso transparente e inclusivo, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos”.
“Las decisiones de las autoridades deben respetar siempre la obligación del Estado de investigar, procesar y sancionar las violaciones de derechos humanos, evitando cualquier situación que pueda llevar a la impunidad”, agregó Incalcaterra.
Esa misma visión tuvo el director para la Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco. “El prestigio y la reputación del gobierno peruano pierde muchos punto tanto al interior de Perú como a nivel internacional”, dijo.
Lamento indulto humanitario a Fujimori.
En lugar de reafirmar que en un estado de derecho no cabe un trato especial a nadie, quedará para siempre la idea que su liberación fue una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de @ppkamigo en el poder. pic.twitter.com/ZZ0R9q70gs— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) 25 de diciembre de 2017
Meses antes, en julio, Human Rights Watch había advertido de las implicancias que tendría un trato especial a Fujimori. “Cualquier indulto u otro tipo de liberación de Fujimori por motivos políticos sería un golpe duro a las víctimas de atrocidades en Perú y un serio retroceso para el estado de derecho en el país”, había asegurado Vivanco.
Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad por la autoría mediata de las matanzas de 25 personas en 1991 y 1992, realizado por el grupo militar encubierto Colina, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992. Familiares de las víctimas anunciaron que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para anular el indulto.
