Nicaragua detiene a un segundo candidato presidencial opositor al régimen

El candidato presidencial de Nicaragua, Arturo Cruz, fue detenido en el aeropuerto internacional de Managua cuando regresaba desde Estados Unidos al ser acusado de atentar “contra la sociedad”, informó el Ministerio Público.

Cruz, quien es un economista de 67 años, “está siendo investigado por la Policía Nacional por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”, señaló la fiscalía local.

Tras la detención efectuada este fin de semana, la Policía Nacional de Nicaragua informó que “estamos realizando todas las diligencias investigativas pertinentes y remitirá al investigado a las autoridades competentes para su enjuiciamiento y determinar las responsabilidades penales”.

Cruz presentó hace dos meses su candidatura para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre por la Alianza Ciudadana por la Libertad.

El director ejecutivo de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó la gravedad de la situación y reveló que Cruz se encuentra incomunicado desde el sábado luego de su detención.

“Nicaragua: el candidato opositor Arturo Cruz está incomunicado y todo indica que se encuentra en el centro de detención de El Chipote. Se trata del principal centro de torturas utilizado por el régimen. Urgen esfuerzos multilaterales para frenar a Ortega”, indicó Vivanco a través de su cuenta de Twitter.

Junto a ello, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, exigió la liberación del candidato. “Es inaceptable la manipulación de fuerzas de seguridad y de la justicia para encarcelar a candidatos opositores, lo cual pone a Nicaragua fuera de legalidad interamericana e internacional. Estas acciones son contrarias a elecciones libres y justas”, tuiteó.

La detención de Arturo Cruz se suma a la privación de libertad de Cristiana Chamorro, ocurrida el 2 de junio pasado.

La periodista y candidata presidencial permanece aislada con arresto domiciliario como medida precautelar ordenada por una juez de Managua, luego que la fiscalía presentara una acusación en su contra por los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos en perjuicio del Estado de Nicaragua.