Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son nombrados en informe de la ONU sobre torturas

Este martes, la Misión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre la República Bolivariana de Venezuela (FFMV, por sus siglas en inglés) publicó su tercer informe anual en el que hace una denuncia de los crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia del gobierno del dictador Nicolás Maduro.

El informe detalla, entre otras cosas, el funcionamiento de la cadena de mando y el modus operandi de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Aunque Nicolás Maduro tenga poder en el SEBIN, varios testigos entrevistados por la Misión confirmaron que Diosdado Cabello, diputado oficialista y número dos del chavismo, también tiene una ascendencia importante en el organismo. Pero es Maduro quien tiene la facultad para nombrar a los directores generales de ambos organismos.

Los testigos que hablaron con la Misión dijeron que Cabello ostenta relaciones de confianza con los funcionarios de SEBIN, sobre todo con Gustavo González López, quien actualmente es director general del organismo, y con Carlos Calderón Chirinos, otro alto mando del servicio.

Aún de acuerdo con el informe, los detenidos eran llevados a la sede del SEBIN. Una de las prácticas habituales de la institución era mantener al detenido incomunicado durante horas, días o semanas. En algunos casos se trataba de desapariciones forzadas de corta duración. Su paradero permanecía desconocido entre un día y 12 semanas. Un exagente del SEBIN declaró a la Misión que el servicio también tenía casas seguras o clandestinas en todos los estados de Venezuela, generalmente en lugares remotos, que eran utilizados como centros de detención clandestinos. El informe precisa que las casas son confiscadas por la Oficina Nacional Antidrogas (ONA) o por el propio SEBIN para después convertirlas en escondites o lugar de tortura.

Los agentes del SEBIN interrogaban a los detenidos sin abogados y no les permitían el contacto con ellos. Les preguntaban sobre sus conexiones con políticos opositores, su participación en protestas políticas, su recepción de financiación internacional o su participación en supuestas conspiraciones u otros delitos contra la dictadura. También eran obligados a grabar declaraciones bajo coacción o tortura. Algunos denunciaron que fueron torturados para que revelaran las contraseñas de sus redes sociales y cuentas de correo electrónico.

Las víctimas informaron que fueron obligadas bajo coacción a grabar declaraciones en las que incriminaban en actos que no habían cometido. Varios de los cuales se hicieron públicos. Una detenida, por ejemplo, detalló que le exigieron que grabara una declaración varias veces porque, según el agente, que grababa, “al jefe no le gustaba”.

Los métodos de tortura

Respecto a las torturas, el informe indica que los actos comenzaban como “malos tratos, como negar comida o agua, y luego se volvían más severos, dependiendo de la reacción de la víctima y/o de la actitud de los funcionarios involucrados”.

La Misión documentó los siguientes actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos contra las personas detenidas:

• Posiciones de tensión denominadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y “el pulpo” (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos);

• Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua;

• Golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes;

• Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo;

• Amenazas de muerte o de violencia adicional;

• Amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares;

• Desnudez forzada, incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas;

• Estar encadenado durante largos períodos de tiempo.

El contundente reporte concluye que los organismos de inteligencia de la dictadura venezolana funcionan como estructuras muy bien coordinadas “en la ejecución de un plan orquestado en los niveles más altos del gobierno para reprimir la disidencia mediante crímenes de lesa humanidad”. 

Los investigadores de la ONU detallan las funciones y contribuciones de varios funcionares del régimen chavista en los diferentes niveles de las cadenas de mando dentro de los organismos de inteligencia.

“Nuestras investigaciones y análisis demuestran que el Estado venezolano se apoya en los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Al hacerlo, se están cometiendo graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, afirmó la presidenta de la Misión de la ONU, Martha Valiñas, quien, además, instó a las autoridades chavistas a investigar estos casos.

“Estas prácticas deben cesar inmediatamente, y los responsables deben ser investigados y procesados de acuerdo con la ley”, añadió.