Quién es María Servini, la jueza del caso Prats que ahora investiga a Roberto García Moritán
María Servini, que tiene 87 años, fue nombrada como jueza en lo criminal en 1990, bajo la presidencia de Carlos Menem.
María Servini quiso interrogar a Pinochet por el crimen del general Carlos Prats, pero no lo consiguió. WIKIPEDIA.
La jueza María Servini, de 87 años de edad, fue designada por la justicia de Argentina para que investigue la acusación por irregularidades en fundaciones y la recepción de donaciones de diferentes empresas por parte del ex esposo de Pampita, Roberto García Moritán.
Jueza nacional en lo criminal desde 1990, cuando fue nombrada por el entonces presidente argentino Carlos Menem, Servini ha estado a cargo de algunos casos emblemáticos en la justicia trasandina, y también tuvo bajo su responsabilidad el juicio por el asesinato en Buenos Aires del ex comandante en jefe del Ejército de Chile, Carlos Prats, y su esposa, Sofía Cuthbert.
Entre otras acciones que emprendió para aclarar el crimen, la jueza interrogó al ex agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Michael Townley, pero también intentó conseguir que Augusto Pinochet contestara sus preguntas mientras estaba detenido en Londres, algo que al final no concretó.
Servini también viajó a Chile para interrogar en el penal de Punta Peuco al ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, y al brigadier Pedro Espinoza, acusados de tomar parte en el atentado que le costó la vida a Prats y su esposa.
Otros casos emblemáticos juzgados por María Servini
El primer caso mediático que juzgó María Servini tras ser nombrada por Menem fue justamente contra Amira Yoma, cuñada del entonces presidente, quien fue acusada de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Finalmente, el caso fue cerrado y los imputados sobreseídos por la justicia argentina.
A fines de 2001, María Servini asumió la investigación de la represión policial en la Plaza de Mayo, que terminó con la dimisión del presidente Fernando de la Rúa, que escapó de la Casa Rosada en un helicóptero.
La crisis y la violencia que provocó la implementación del denominado “corralito” causó la muerte de 39 personas en todo el país, y en su posterior instrucción del caso, la jueza apuntó al Ministerio de Interior y a la Secretaría de Seguridad trasandina como responsables.
