“Una bomba de tiempo”: el arriesgado escenario para el Estado y sus 300 mil trabajadores a honorarios

En noviembre de 2015, Gabriel Pineda (67) fue despedido de la Subsecretaría de Transportes donde trabajó casi por dos décadas. Durante todo ese tiempo fue funcionario a honorarios de ese ministerio con un sueldo de 890 mil pesos mensuales, por lo que al momento del despido se fue con las manos vacías. Ante lo que consideró injusto, Pineda decidió demandar al Estado.

Tras un juicio de varios meses, la Justicia falló a su favor y la subsecretaría debió pagar lo correspondiente a la desvinculación de un trabajador que tenía un contrato indefinido, lo que se tradujo en un cheque millonario. Primero, fueron 28 millones de pesos por despido injustificado; luego, 16 millones de pesos extra por las cotizaciones previsionales no pagadas durante ese periodo; finalmente, los intereses, recargos y multas por esta ilegalidad que se convirtieron en 136 millones adicionales. En total, el Estado debió desembolsar más de 180 millones de pesos.

Casos como éste son muchos, explica el abogado Giorgio Marino, quien lidera una ofensiva en defensa de una realidad que viven hoy los 305 mil trabajadores a honorarios que trabajan en la administración pública, desde ministerios, organismos autónomos hasta municipalidades, donde 170 mil de estos son de órganos autónomos y centralizados y 136 mil de los 345 municipios.

Marino afirma que la situación es grave por dos razones, principalmente. Primero, porque el Estado está actuando como el peor empleador del país al no hacer contrato a quienes prestan servicios de manera permanente, ya que no existe autorización expresa para ello y que esto sólo está permitido para trabajos accidentales. La mayoría de los trabajadores a honorarios llevan años en esa calidad, con una precarización preocupante, ya que -además- no cuentan con cotizaciones de salud y para las pensiones, con poca seguridad sobre sus empleos.

La segunda razón, explica, es porque se trata de una “bomba de tiempo” que en cualquier minuto puede implicar un problema que ni el Gobierno ni el Congreso ha calculado: que una demanda laboral como la de Gabriel Pineda, sea por despido o por cumplimiento de la ley, se extienda a más o la totalidad de los trabajadores públicos, exigiendo, por ejemplo, los pagos de cotizaciones adeudados por años.

Su preocupación no es fortuita. La Corte Suprema ha fallado al menos 60 veces en favor de los trabajadores a honorarios -y centenares de veces los restantes tribunales- conforme al Código del Trabajo, que establece que todo trabajador -bajo la modalidad que sea- que desarrolle labores no accidentales y habituales, con subordinación de dependencia, deben ser considerados como contratados, bajo todas las obligaciones que dicta la ley. Esto incluye los pagos de cotizaciones, indemnizaciones, la posibilidad de “autodespedirse” o el reintegro de mujeres despedidas cuando están embarazadas.

Los costos para el Estado

Giorgio Marino advierte que esto conlleva un problema “grave” del que no se ha tomado precauciones y que una vez que los trabajadores “tomen conciencia”, el Estado no estará preparado para los costos que debería pagar ante indemnizaciones por despidos o demandas por incumplimientos del Código del Trabajo, como se vienen cometiendo desde hace años.

Según los cálculos del abogado, si se tomaran los montos -tomando en cuenta el sueldo promedio de 500 mil pesos, con un promedio de 4,5 de años trabajados- se llegaría a cifras multimillonarias. Haciendo una ecuación a modo de ejemplo entre cotizaciones impagas, tanto de AFP y salud, más años de servicio y los más de 300 mil trabajadores a honorarios, se estaría hablando de $1.615.949.595.000 (US$2.376.396.463) a desembolsar. Todo eso sin sumar las multas, intereses y sobrecargos, que podrían triplicar la cifra.

“El problema es que el trabajador no está muy informado: un trabajo a honorarios debe ser para un trabajo puntual; sin embargo, cualquier relación laboral que implique estar en un espacio de trabajo, cumplir horarios o responder a una jefatura, se trata de un trabajo formal y se entiende por contratado, desde el minuto uno”, explica Marino.

Es por esto que hoy la exigencia para modernizar las relaciones laborales del Estado son transversales políticamente e, incluso, fueron parte de los compromisos de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, la ministra del Trabajo, Alejandro Krauss, ya anunció que un proyecto en esta línea no se encuentra entre las prioridades del Gobierno para la recta final.

“Es vergonzoso y una negligencia. El Estado no ha sido capaz de reconocer que tiene una planta alternativa a honorarios al mismo tiempo que tiene una planta contratada y eso es insostenible. Ellos trabajan para el Estado aunque no queramos reconocerlo”, dice el diputado Patricio Vallespín, presidente de la comisión del Trabajo de la Cámara. En el Congreso no existe tramitación alguna sobre esta materia, excepto uno presentado por los senadores Juan Pablo Letelier, Isabel Allende, Carolina Goic y Adriana Muñoz en 2014, pero no ha sido tramitado ni siquiera en la comisión respectiva.

Educación laboral

El problema -insiste Giorgio Marino- es la falta de información para los propios trabajadores sobre sus derechos. Por esta razón, junto a la Unión de Trabajadores a Honorarios del Estado, el abogado se ha desplegado realizando una ofensiva de educación laboral para que cada empleado público sepa las condiciones en que se encuentran y también presionar al empleador por el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema.

“Hoy se debe entender que dejamos de ser prestadores de servicios y debemos ser considerados dependientes, eso lo dice la Corte Suprema. Éste es el inicio de una batalla donde el Estado debe saber que, si quieren desvincularnos, deben asumir todos los costos que conlleva eso y que se nos garanticen nuestros derechos laborales. Los trabajadores entienden que se está reconociendo un derecho y se está haciendo un cambio de chip súper importante”, explica Patricio Bustamante, secretario general de la Unión de Trabajadores a Honorarios.

Esto puede revisarse también a través de SoyHonorario.cl. En esa línea, tanto Marino como Bustamante hacen un llamado a prestar atención a lo que ya está ocurriendo con la llegada de las nuevas administraciones municipales el pasado 6 de diciembre y que ocurrirá a fines de mes.

Muchos trabajadores -tanto a honorarios como contrata- podrían ser desvinculados de los municipios argumentando que se trata de “cargos de confianza”, una categoría que no existe en el Código del Trabajo y que es muy usada para justificar las salidas de equipos de gestiones anteriores, vulnerando en muchos casos la relación laboral.

“¿Por qué pasa todo esto? Porque cuando tienes absoluta discrecionalidad para contratar o despedir gente, muchos políticos lo usan para regalar un puesto de trabajo a los amigos o para el pago de favores. Qué ganas puede tener alguien, un alcalde, un jefe de servicio, de ser sometidos a fiscalización y presionar por cambios en la normativa cuando tienen un móvil político que les es funcional. Es difícil que ocurra”, explica el abogado.