Los cuestionamientos a Cathy Barriga por onces de $40 millones y festejos en oficinas municipales

El pasado martes 23 de mayo, el hijo menor de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, cumplió un año de edad. Para celebrarlo, la edil contrató a la productora En La Batidora -la misma que había hecho su babyshower- para realizar toda una puesta en escena basada en el concepto “granja de animales” y celebrar junto a los más cercanos.

En el salón donde lo celebraron, cerca de las cinco de la tarde, estaba su esposo, el diputado UDI Joaquín Lavín León, sus padres, amigos y algunos funcionarios municipales, quienes cantaron animadamente el cumpleaños feliz al menor, según pudo verse en los videos que la misma Barriga compartió en Instagram.

Sin embargo, un hecho llamó la atención: la fiesta fue realizada en la sala de reuniones del gabinete del Municipio, a un costado de la oficina de la alcaldesa, la misma donde se realizó el mediático “concejo de osos de peluche” para la celebración del Día de los Enamorados. “Aquí estamos celebrando en la alcaldía con todos, qué rico”, decía Barriga en uno de los videos.

Otra anécdota de la jornada fue la firma de su hijo -a modo de broma- que acompañaba la tarjeta de invitación al cumpleaños en las dependencias municipales: jefe de gabinete -también compartido en Instagram-. La broma, afirman concejales, funcionarios y ex trabajadores de la municipalidad, no es casual, sino que está relacionada con la oficina que utiliza el menor, que fue reacondicionada como una especie de guardería para él y la persona que lo cuida día a día, pintada de verde y llena de juguetes.

Desde el interior del Edificio Consistorial señalan que la “oficina” del hijo de Lavín y Barriga se encuentra detrás del despacho de la alcaldesa, comunicada por una puerta. Antes de su llegada al sillón municipal, ésta era utilizada por el jefe de gabinete del alcalde de turno, como fue el caso de Miguel Espejo, quien fue el líder del equipo de Cristian Vittori, y de Rodrigo Velásquez, en la administración de Alberto Undurraga. De ahí el apodo en la tarjeta de invitación.

Ambos hechos, aunque podrían pasar por anécdotas, en rigor no lo son. De acuerdo al artículo 62 de la Ley 18.575, que regula las bases generales de la administración del Estado, implica una falta a la probidad “emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de terceros” o “ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales”.

El hecho recuerda un episodio ocurrido en el municipio de Providencia en 2013, cuando la entonces alcaldesa Josefa Errázuriz permitió que uno de sus sobrinos realizará una recepción por su matrimonio civil en las dependencias del Palacio Falabella, desatando la polémica entre los concejales -sobre todo UDI y RN- quienes pidieron a la Contraloría que se pronunciara. El dictamen emitido por el órgano contralor afirmó que “no ha resultado procedente que aquella autoridad comunal haya facilitado las citadas dependencias para tales efectos”.

La siguiente fotografía muestra la sala de reuniones, publicada en su cuenta en Instagram, donde se encontraban preparando el material de regalo para el Día de la Madre. En la parte superior izquierda se puede ver la habitación acondicionada para el menor, con una cuna de color rojo y una repisa con juguetes. La información fue, además, confirmada por tres concejales y varios funcionarios del municipio.

El Dínamo se comunicó con la oficina de prensa de la alcaldesa para consultar por estos y otros temas, aunque ella declinó dar una respuesta. Escuetamente, pidieron “separar” las críticas a la administración “respecto de una celebración íntima y espontánea del hijo de la alcaldesa, que desde la campaña acompaña a su madre”.

Adicionalmente, desde el municipio desmintieron “absolutamente” la versión de concejales, trabajadores y ex empleados sobre la existencia de una oficina acondicionada especialmente para un niño, pese a que se ve en las fotos que sube la misma alcaldesa a sus redes sociales. “Además, y lo más importante, no ahondaremos en estas materias, porque pueden afectar los derechos fundamentales que todo menor de edad posee”, respondieron desde el equipo de Barriga.

A seis meses de haber asumido

Cathy Barriga asumió formalmente el sillón municipal de Maipú el 6 de diciembre del año pasado. Ese mismo día comenzaron las polémicas y a polarizarse tanto los apoyos como las críticas contra la edil, quien inició una serie de despedidos acusando trabajadores “fantasmas” que recibían un sueldo pero que no tenían trabajos. También comenzaron a removerse a funcionarios que llevaban varios años en el municipio por distintas razones.

Esto en un contexto donde -según advirtió- el exceso de funcionarios a honorarios produjo un déficit en el presupuesto elaborado por la administración anterior, que tuvo que ser reparado por las actuales autoridades. “Tuve que tomar esta decisión porque los recursos que están en el municipio no dan. De hecho aprobamos una modificación al presupuesto”, dijo en ese momento.

En esa línea, el renovado concejo municipal comenzó a enfrentarse semanalmente con la alcaldesa por distintos episodios que han calificado como irregulares y que incluso han llegado hasta la Contraloría -como ocurrió con la cuenta pública pasada-; también por los altos costos de sus iniciativas y las contrataciones millonarias a proveedores que no pasan por aprobación del Concejo.

Uno de los últimos cuestionamientos apunta a un millonario contrato vía convenio marco, que supera los 40 millones de pesos por una serie de 23 onces que dará la alcaldesa en las próximas semanas a vecinos de la comuna, como actividades del Centro de Atención Familiar, similares a las que realizó como parte de la campaña pasada junto a Joaquín Lavín León. Éstas también ocurrirán en periodo de campaña parlamentaria.

En esta oportunidad se trata de 2.600 menús pagados a $6.763 cada uno a Banquetería Pincheira, además de un Vino de Honor para 250 personas. Esto implicó un desembolso de $19.418.020, pactado el 8 de mayo pasado, firmado por la Secretaría de Planificación. Dos días después se firmó otro convenio marco con Audiorama S.A. por $22.954.000 para realizar la producción de evento de 23 actividades en terreno.

Frente a esta iniciativa, desde el municipio pidieron “no confundir onces con cumpleaños, que son actividades en pos de los vecinos. Porque hoy en Maipú los fondos no se diluyen en la corrupción, se gastan en los vecinos”.

En ambos casos -la banquetería y la producción- son contratos directos de la alcaldía con los proveedores, ya que al no superar las 500 UTM ($23.370.000) estos no deben ser aprobados por el Concejo Municipal. Misma situación se vivió en diciembre para celebrar la Navidad en el municipio, con dos contratos exactamente iguales, pero que no superaban ese monto, con la empresa Street Machine.

En dos decretos fechados el 16 de diciembre, aparece un pago por $22.372.000 y otro por $22.491.000 para la realización de un video de cinco minutos, además del “desarrollo de lanzamiento en la fachada del edificio Consistorial de una casa de dulce inspirada en las casas de ginger bread, como pórtico de acceso al edificio para celebrar la navidad, desarrollada por profesionales”.

Cabe destacar que la productora Street Machine es propiedad de Paul Morrison Cristi, hijo de la ex diputada UDI María Angélica Cristi, de quien aseguran en el municipio es muy cercano a Lavín León, del periodo en que el diputado era propietario de la discoteque Aeropuerto en la ruta 68.

La polémica cuenta pública

El pasado viernes 5 de mayo, un grupo de concejales –Marcela Silva (PS), Ariel Ramos (PC) y Erto Pantoja (pro PPD)– ingresó una solicitud a la Contraloría General de la República acusando que Cathy Barriga no realizó una cuenta pública en las condiciones que exige la ley, advirtiendo “notable abandono de sus deberes”.

Las autoridades comunales acusaron que la ley indica que la cuenta pública debe realizarse durante abril frente al Concejo y la sociedad civil, entre otros, mediante un informe escrito y que Barriga no cumplió con esas exigencias legales. Ese mismo día en que ingresaron la queja al órgano contralor, la alcaldesa Barriga realizó la cuenta pública y así la polémica terminó derivando hacia los costos asociados a este evento.

Según respondió Barriga consultada días atrás por los montos involucrados en la ceremonia “no hubo invitados especiales, los artistas fueron de la escuela de arte de la comuna y la única inversión fue el cóctel”. Sin embargo, existen cuatro órdenes de compra relacionadas a la cuenta pública, que suman $21.849.352 millones, lo que luego debió asumir ante el Concejo Municipal.

La primera corresponde a la producción del evento, que implicó un gasto de $8.330.000 pagada a Pedro Guichalaf -quien tiene otros tres contratos este año más uno por el cambio de mando en diciembre pasado- un día antes del evento; luego, una por concepto de “comida típica chilena y gastronomía local” por $6.854.400 a Paulina Torres Eventos; también hay $2.261.000 pagados a Jensen Godoy por la transmisión de la cuenta pública; y a nombre de imprenta MMG SA un pago por $4.403.952 por el servicio de impresión de mil “cuadernillos” para la jornada.

La autoridad central de la municipalidad no respondió al ser consultada sobre estos gastos en contraste a lo que declaró Cathy Barriga a la prensa.