Demandas ahogan a Cathy Barriga: Maipú podría pagar hasta 20 mil millones por despidos injustificados

Patricio Bustamante Fredes llegó a trabajar un día de marzo de 2017 hasta su oficina ubicada en la Municipalidad de Maipú, cuando fue informado que había sido despedido. Por siete años había estado a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental Local, trabajo por el que recibía un sueldo de $1.548.000 mensuales. Además, había estado otros cinco años en diferentes funciones dentro del mismo organismo. En total, doce años como funcionario a honorarios.

Al verse sin indemnización, sin pago de vacaciones, ni menos las cotizaciones al día, Bustamante -quien además era presidente del Sindicato de Trabajadores a Honorarios de Maipú- decidió demandar al municipio que desde diciembre de 2016 lidera la alcaldesa Cathy Barriga. Un poco más de un año duró su proceso judicial, tras pasar por el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago y la Corte de Apelaciones, donde la justicia falló a su favor.

El municipio está obligado a pagar en total 66 millones 740 mil pesos como indemnización -además de multas por atrasos-, lo que corresponde a los feriados legales impagos y a los años de servicio, entre otros varios puntos que incluía la acción judicial. A eso se suman otros casi 300 millones de pesos por cotizaciones previsionales no pagadas durante más de una década.

Lo anterior debido a que la jueza Ema Novoa estimó que sí existía una vinculación laboral distinta a lo dispuesto para los trabajadores a honorarios en el Estatuto Municipal, tal como lo ha indicado la jurisprudencia en los últimos tres años, desde que empezaron a aparecer estos casos con mayor frecuencia. Pese a que la sentencia del 20 de abril pasado indica que procede el pago, hasta el momento los casi $367 millones adeudados no han sido cancelados a Bustamante por parte de Maipú, lo que podría transformarse en nuevas acciones legales en contra del municipio.

Su caso está lejos de ser el único en contra del organismo liderado por Barriga. Desde que la ex consejera regional asumió el mando de la comuna se registran en torno a mil desvinculaciones de trabajadores que se encontraban a honorarios, en solo 18 meses, de acuerdo a las cifras que han calculado los concejales. De estos, 317 han decidido demandar al municipio por despidos injustificados.

Casi la totalidad de las acciones judiciales se basan en el mismo fundamento: ninguno de esos trabajadores hacía “labores accidentales y que no sean las habituales de la institución”, como indica la normativa legal. Tampoco se trataba de “prestación de servicios para cometidos específicos”.

En otras palabras, la relación que existía entre estos trabajadores a honorarios y el municipio de Maipú era como cualquier otra que regula el Código del Trabajo -con horarios, firma de asistencia o un lugar físico para cumplir sus funciones y, por ende, con los beneficios correspondientes como pago de cotizaciones y vacaciones-.

El problema -según explican concejales y funcionarios actuales de la municipalidad- es que el objetivo de los despidos era generar un “ahorro”, ya que el argumento principal de la alcaldesa era que había una sobrepoblación de funcionarios y centenares de empleos “fantasmas”. Sin embargo, el municipio ha debido desembolsar millonarios montos en fallos judiciales por indemnizaciones y pagos de cotizaciones, mientras que hay decenas a la espera por ser pagados y más de 200 que aún siguen en juicio. Todo esto podría llegar a tener un costo final de más de 20 mil millones de pesos según las estimaciones de los abogados involucrados, casi un sexto del presupuesto total del municipio para este año.

La situación se vuelve más compleja porque casi la totalidad de los cargos despedidos han sido llenados con nuevos trabajadores en las mismas condiciones. “Se suponía que había una sobrepoblación y que había que ahorrar, pero al final quedamos donde mismo, pero con millonarias demandas”, dice el concejal Abraham Donoso (DC).

Pagados y por pagar

No se había completado un mes al mando de la comuna cuando la edil determinó el despido de 470 funcionarios argumentando exceso de contratos, por lo que había “tomado la difícil decisión de no renovar algunos de ellos”. Los trabajadores desvinculados fueron informados el 30 y 31 de diciembre de 2016.

Por esos días, la alcaldesa también reveló que existían otro 900 empleados “fantasmas”, que recibían un sueldo pero que no cumplían funciones y que venían de la gestión de Cristián Vittori.

Doce días después de los primeros despidos, se iniciaron las demandas en contra del municipio. Al menos otros 500 funcionarios, luego, comenzaron a ser desvinculados durante el año y medio siguiente, de acuerdo al análisis que ha hecho un grupo de concejales, encabezados por Abraham Donoso. “La cifra exacta es difícil calcularla porque no ha habido transparencia ni informes al respecto, pese a que los hemos pedido en Concejo. Hemos podido sumarlos gracias a nuestra propia investigación”, asegura la autoridad local.

Cuando la alcaldesa asumió en diciembre de 2016, había 3.965 funcionarios trabajando para el municipio, de los que 2.737 eran a honorarios (con un costo mensual de $4.670 millones), según datos de Transparencia Activa. Pese a los centenares de despidos y la “sobrepoblación” a la que la edil aludía, las cifras no son muy distintas a las que fueron consignadas en abril pasado: 3.945 trabajadores, con 2.691 que boletean (con un costo al mes de $4.226 millones).

De todos los desvinculados, solo una tercera parte ha iniciado acciones legales, principalmente porque existe un desconocimiento respecto de los derechos de los trabajadores a honorarios. El Dínamo detectó que al menos siete abogados han llevado las más de 300 causas en contra de la administración de Cathy Barriga, panorama que a estas alturas se ha convertido en un caso emblemático por la alta cantidad de acciones legales ingresadas, por los cuantiosos montos que se han pagado y los que deberán pagarse en los próximos meses.

Entre las causas de cobranza que maneja el Poder Judicial hay al menos doce juicios que ya han sido pagados por la municipalidad, por un total de $238.981.267. Sin embargo, no en todos los casos han sido convalidados los despidos, un requisito legal para cerrar las causas definitivamente. De acuerdo a quienes han tramitado los juicios, esto se debe a “desprolijidades” de los defensores del municipio o por los no pagos de las cotizaciones adeudadas -por ejemplo-, lo que eventualmente podrían abrir camino a nuevas liquidaciones y más pagos a esas mismas personas.

El sistema judicial también tiene al menos 31 demandas ganadas por los ex trabajadores de Maipú. En total, estos recibirán por lo menos $920.317.561 entre todos. Pero a esas cifras hay que sumarles también las cotizaciones impagas por concepto de AFP, salud y seguro de cesantía, lo que hasta triplica el monto. Los pagos deben ser acciones iniciadas ante los tribunales de cobranza por la organización correspondiente en beneficio de cada trabajador.

Dentro de los 317 demandantes existe un pequeño grupo de no más de 30 ex trabajadores que lograron llegar a un acuerdo con el municipio por el pago de sus indemnizaciones, evitando seguir adelante con los juicios. Muchos no pueden esperar un año o más, por lo que optan por esta salida alternativa, aunque sin los pagos de cotizaciones pasadas.

Un documento al que accedió este medio, que reúne 14 de estos acuerdos con los montos finales, revela que se gastaron $69 millones en pagos de un total de $255 millones que originalmente sumaban todas las demandas, lo que generó un ahorro para el municipio de 186 millones. Trabajadores que habían demandado por 30 millones al municipio finalmente se llevaron solo cinco millones tras acordar pagos. Hasta el momento se trata del único “ahorro” que se ha conseguido en todo este proceso para el municipio.

El problema para Barriga es que lo peor está por venir.

Juicios a la espera

Los tres abogados con más causas son Alejandro Pareto y Patricio Peñaloza, con 89 demandantes, y el estudio de Giorgio Marino, con un poco más de ochenta ex funcionarios de Maipú. Entre ambos acumulan más de la mitad de las acciones legales que tiene el municipio por despido injustificado y comparten un criterio en común para sus causas: buscan llegar hasta el final con los juicios y no lograr acuerdos, ya que esto implicaría menos compensaciones para sus representados.

Entre los ex funcionarios que han judicializado y que siguen en juicio, incluyendo las últimas dos demandas que ingresaron el 29 de mayo, es difícil conocer una cifra exacta de cuánto debiera desembolsar el Municipio por cada caso, ya que depende exclusivamente de lo que el juez determine en el momento que entregue su sentencia. Sin embargo, para tener una referencia de lo que implica esto, es posible hacer un cálculo basándose en estadísticas que conocen los abogados enterados del proceso.

La plataforma SoyHonorario.cl ofrece una calculadora de indemnización por años de servicio para aquellos funcionarios desvinculados que quieran conocer cuánto es lo que les correspondería, si deciden interponer una demanda por despido. Giorgio Marino -de quien es propiedad ese sitio- explica que el sueldo promedio de los ex trabajadores era de $810 mil y que tenían un promedio de cinco años trabajando en Maipú al momento del cese de funciones.

Basándose en estas cifras, aseguran los abogados vinculados a las demandas, es posible calcular que por trabajador debiera pagarse $16.537.500 en indemnizaciones -por vacaciones, años de servicio y otros- más $27.466.524 por concepto de cotizaciones impagas. En total, un poco más de 44 millones de pesos en promedio. Eso multiplicado por cada uno de los demandantes que continúa en juicio alcanza $10.560.000.000.

Pareto explica que también hay que pensar en que muchos de los despedidos tenían hasta 11 años de servicio, el tope legal, lo que hará aumentar aún más los montos a pagar. “Si la tendencia de los juicios sigue a favor de los trabajadores, esa cifra podría llegar fácilmente hasta los 20 mil millones de pesos”, dice.

Más del 90% de los juicios que llegan a final son fallados a favor del trabajador -afirman los abogados-, ya que existe jurisprudencia al respecto de la Corte Suprema, cuando la 4º Sala del máximo tribunal falló en 2015 por un caso de despido de un trabajador a honorarios del Estado, afirmando que debía aplicársele a su caso el mismo criterio que un trabajador del resto de las nominaciones que incluye el Estatuto Administrativo, al tener subordinación y que no se trataba de labores accidentales.

Eso sí, un cambio sobre esta visión se instaló en los últimos tres meses en el pleno de la corte, luego de la renovación de su conformación, donde se determinó no incluir más la Ley Bustos en los montos finales a pagar a los ex empleados. El ánimo, en todo caso, es que en corto plazo esto se revierta.

Concejo en guerra

El miércoles 23 de mayo pasado, se había citado a un concejo extraordinario para analizar la difícil situación presupuestaria que vive el municipio, que podría verse afectado aún más por los millonarios pagos a ex trabajadores que debieran comenzar a pagarse en las próximas semanas. La alcaldesa Cathy Barriga no llegó esa cita, ni tampoco se justificó, afirman los concejales, quienes apuntan a dos motivos.

Primero, el equipo de la edil apelaba a que el concejo había sido “mal citado” y que administrativamente había un error, pese a que en la sesión anterior se había determinado esta citación especial, instancia en la que tampoco participó Barriga. La otra razón era personal: tal como lo hizo el año pasado y pese a la queja de la Contraloría, la alcaldesa celebró el segundo cumpleaños de su hijo en dependencias municipales.

Este miércoles está citada una nueva sesión del Concejo donde se analizará una modificación presupuestaria propuesta por la alcaldesa, que busca trasladar $1.300 millones proyectados para otros ítems -como contratos de mantención vial o alimentación, bebida y comestible- que permita pagar las millonarias indemnizaciones comprometidas y las por venir.

Sin embargo, los seis concejales opositores -que son mayoría- lo rechazarán. “Varios concejales hemos pedido informes de por qué hay despidos y la alcaldesa no los ha entregado. Dentro de los decretos de pago se encuentra la indemnización a una ex trabajadora por más de cien millones de pesos que el juez falló por desmedro y daño moral, por el trato que tuvo la alcaldesa con ella. Nosotros queremos que eso lo pague la alcaldesa de su bolsillo y que no sea cargo del municipio”, dice Donoso, quien además es presidente de la comisión de Finanzas del Concejo de Maipú.

De esta manera, el miércoles es probable que se rechace la modificación del erario, tal y como lo hicieron al rechazar en diciembre pasado el Presupuesto 2018, porque no se contemplaron los fondos para pagar las indemnizaciones que ya se sabían que había que pagar en algún momento, entre otros puntos. La edil, finalmente, aprobó el erario mediante una “interpretación jurídica”.

Según explica el concejal Erto Pantoja, el grupo ha detenido la modificación presupuestaria porque, además, “los concejales también son codeudores de esto si ponen su firma, hay un tema legal”. “Estamos viendo qué hacer para que no se afecte el patrimonio de la municipalidad”, dice.

Cuando un empleador es notificado por un tribunal para pagar lo adeudado, el plazo es de cinco días máximo a riesgo de embargo -pese a que los bienes municipales son inembargables- e incluso cárcel para el representante legal, en este caso la alcaldesa. Esto debe ser solicitado por los abogados, una vez que hayan transcurridos varios procesos posteriores al fallo y varios incumplimientos judiciales.

Caso emblemático

La 31 personas que cuentan con un fallo a su favor en la actualidad llevan en su mayoría semanas esperando los pagos, lo que ha continuado generando intereses, que en algunos casos sube hasta un millón y medio por mes. Según explican al interior del municipio, el equipo jurídico de Maipú -liderado por Carlos Fairlie, asesor de la UDI y abogado en el caso tsunami y caso basura– ha ocupado varias estrategias legales para evitar ser notificados de estas determinaciones.

Esto redunda en que hoy haya al menos nueve solicitudes de embargo por no pago -muchos ejecutados como medida de presión-. Otra cosa que ha llamado la atención de los concejales es que casi la totalidad de los juicios han sido perdidos por parte del Municipio, generando cuestionamientos a la alcaldesa y al director del área jurídica, tal como ocurrió en la sesión del 16 de mayo pasado.

Varios concejales criticaron el resultado de los procesos legales, a lo que Fairlie respondió que los abogados del municipio no los había elegido él, sino que su antecesor en el cargo, Felipe Contreras. La quitada de piso molestó a los profesionales, razón por la que tres de los defensores presentaron sus renuncias: Abel Sepúlveda, Elizabeth Olguín y Marcelo Lobos, quienes emigraron a trabajar a Gendarmería, donde Contreras asumió un cargo.

La situación es delicada -afirman los concejales- porque una vez que la Justicia determina el pago, no hay muchas más alternativas y quedan casi 270 casos aún en proceso. También es complejo para la alcaldesa en torno a lo que podría enfrentar ante la Contraloría General de la República, lo que puede fundarse en un posible abandono de deberes y daño patrimonial del municipio.

El Dínamo contactó al Municipio liderado por Cathy Barriga en varias oportunidades para explicar los cuestionamientos en torno a la materia; sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, no han emitido una respuesta formal.

Si bien el caso de Maipú es emblemático, se trata de dinámica común en el resto del aparato estatal y que se repite a lo largo del país en distintos organismos con funcionarios a honorarios. El Estado hoy tiene 366 mil funcionarios bajo este modelo con los que, irónicamente, incumple la normativa emanada desde el mismo Estado hace varias décadas.

Casos similares se han repetido en municipios como Recoleta, con 5 casos este año, o en Calama, con varias decenas con demandas ganadas. El martes pasado, la Corte Suprema volvió a fallar a favor de un trabajador a honorarios del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valparaíso. La sentencia afirma que “si bien aparece contratado a honorarios, se desempeña en condiciones que no son compatibles con una prestación de servicios conforme a las modalidades previstas para ese tipo de contrato”.

Mientras los casos de Maipú avanzan a pasos agigantados en los tribunales, al interior del municipio se vive más bien calma. Entre el 11 y 13 de junio próximo, 300 funcionarios municipales viajarán a Pucón, en la región de La Araucanía, con todo pagado, incluyendo los tickets aéreos y un hotel all inclusive, en una actividad que busca premiar a trabajadores por sus años de servicio.

Desde hace unos días, los funcionarios comenzaron a ser contactados para agendar este viaje, que es una respuesta de la ceremonia de premiación realizada en octubre pasado y que debió ser pospuesto debido a cuestionamientos internos y a investigaciones periodísticas que se iniciaron a propósito de eso. El presupuesto para este ítem es superior a los 70 millones de pesos y fue aprobado por el Concejo.