Concejales de Maipú llevan a Cathy Barriga a la Contraloría por polémicos despidos de trabajadores a honorarios
Las autoridades piden que se estudie el "detrimento causado al patrimonio municipal".
Los seis concejales opositores a la gestión de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, decidieron presentar un requerimiento ante la Contraloría General de la República por los polémicos despidos de trabajadores a honorarios que ha efectuado desde que la edil asumió el cargo, que de acuerdo a sus cálculos ya suman un poco más de 900.
Un reportaje de El Dínamo reveló que hasta la fecha la administración de Barriga tiene 317 demandas por despido injustificado de trabajadores que “boleteaban”, pero que según los tribunales de justicia cumplían con las mismas condiciones que otro trabajador de planta, por lo que corresponde el pago de cotizaciones e indemnizaciones. De acuerdo a abogados, esto podría tener un costo para el municipio de más de 20 mil millones de pesos.
El documento firmado por los concejales Marcela Silva, Abraham Donoso, Ariel Ramos, Erto Pantoja, Pedro Delgadillo y Gonzalo Ponce argumentan que la gestión de la edil ha determinado la salida de cientos de funcionarios que ha significado pagos millonarios que no estaban contemplados en el presupuesto municipal por cerca de 2 mil millones, solo por 53 funcionarios, lo que ha hecho que el ítem “Compensación por daños a terceros” del erario esté con un profundo déficit.
Además, las autoridades comunales afirman que han hecho las advertencias necesarias a la edil, que no se ha entregado información oficial a estos pese a las varias solicitudes hechas y acusan que “se ha omitido información relevante” sobre cómo avanzan estos procesos. Al mismo tiempo, cuestionan el trabajo hecho por los abogados defensores del municipio y que muchas veces estos no han asistido a los juicios y que incluso se han externalizado estos servicios al estudio de abogados Albagli Zaliankik Limitada.
En esa línea, los concejales piden que la Contraloría observe el “detrimento causado al patrimonio municipal” y que con los antecedentes que cuentan podría configurarse un incumplimiento por parte de la alcaldesa. Asimismo, que se dicten las medidas necesarias si fuese el caso y que se determine la existencia de irregularidades de la Asesoría Jurídica.
