Asesorías parlamentarias: continúan millonarios pagos de diputados por informes copiados

El 5 de abril pasado, la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS), recibió un informe de asesoría externa que había encargado respecto de la planificación urbana y la realidad de los migrantes en la región Metropolitana. El documento tiene seis páginas -incluyendo la portada- y tres cuartas partes de éste corresponde a párrafos copiados exactos de ocho fuentes distintas en internet.

Todos los extractos escogidos por la autora del documento para armar el compilado están conectados por frases cortas que sirven de nexo entre los párrafos copiados de los varios sitios utilizados, que no tienen ni una sola palabra modificada ni tampoco se encuentran entre comillas, en la mayoría de los casos. Al final del texto se encuentra un apartado con la “bibliografía” utilizada de “referencia”, aunque sin mayor detalle. Esto le costó al Congreso $500.000.

Asesorías Cristina Zúñiga Paredes EIRL es la creadora del informe elaborado para la presidenta de la Cámara y que también vendió documentos para otros dos diputados PS, Daniela Cicardini y Raúl Leiva, los cuales tienen el mismo formato de compilado de trabajos realizado por otras personas y con contenidos que los propios parlamentarios y sus equipos podrían encontrar al googlear sin mayor esfuerzo.

Zúñiga no es una asesora desconocida: entregó facturas falsas para financiar campañas políticas de manera ilegal y fue investigada por el Ministerio Público y por el Servicio de Impuestos Internos, en el marco de los casos Penta y SQM.

Fernández, Cicardini y Leiva son parte de los 94 legisladores que registran haber solicitado informes de asesorías externas para su labor parlamentaria desde que se inició la actual legislatura, con un promedio de dos por diputado.

El Dínamo revisó todo el contenido incluido en estos, detectando casos como el de los mencionados informes copiados hasta documentos de solo cuatro carillas que no son más que un resumen de proyectos que se pueden revisar gratis en el sitio web de la Cámara de Diputados, como los elaborados por la Fundación Jaime Guzmán.

Todos los meses los parlamentarios reciben una asignación de $1 millón -acumulable con otros meses si no es usado- para el pago de informes a profesionales que no son parte de sus equipos estables, monto que fue reducido en marzo pasado luego de que se ampliara la dotación de parlamentarios y se debieran realizar recortes. El objetivo de estos -según el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias– es contratar “asesorías especializadas en diversas áreas” para asistir a los legisladores en el ejercicio de su función.

Ciper y AhoraNoticias investigaron durante el año pasado el descontrol en el uso de las asesorías externas que existía entonces, donde se detectó decenas de informes plagiados y otros de muy baja calidad. A menos de uno año eso, y con la renovación de gran parte de los escaños de la Cámara de Diputados, la misma práctica sigue ocurriendo.

Las asesorías del gremialismo

Los informes que realiza la Fundación Jaime Guzmán (FJG) para los diputados de la UDI pueden dividirse básicamente en tres formatos. En el primer caso aparece el “Resumen de Sala”, que es una larga recopilación de los proyecto que están siendo discutidos, los cambios hechos en comisiones y las opiniones de los expertos invitados a éstas. En abril se presentó el primer documento, el que tiene 81 páginas.

El informe tiene, además, una conclusión de tres párrafos en los 18 proyectos resumidos y una recomendación sobre si votar a favor o en contra. 28 de los 31 diputados de la bancada gremialista pagaron por separado por este documento -con el mismo contenido para todos- alrededor de 500 mil pesos cada uno. Algunos pagaron $1 millón como el jefe de bancada Javier Macaya o $300 mil como Sergio Bobadilla.

En total, la compra de este informe significó $14.300.000 para el Congreso solo en abril, pese a que los comités parlamentarios tienen asignaciones para “personal de apoyo” y “gastos operacionales”, montos que se determinan en relación al número de integrantes de cada bancada. Eso sí, no poseen asignaciones destinadas para asesorías externas.

El segundo tipo de asesoría hecha por la FJG está destinado a las comisiones específicas que integran los legisladores. En muy pocas páginas, el documento incluye un resumen de las promesas hechas por el Presidente Sebastián Piñera en su Programa de Gobierno y los proyectos ad-hoc que están pendientes en una comisión legislativa. Cada uno de esos informes cuesta 700 mil pesos.

Sin embargo, el contenido de estos puede encontrarse libre y gratuito en internet en un simple googleo, como el programa del Mandatario que está disponible por completo en su sitio web y los proyectos pendientes de cada comisión que tienen un apartado especial en el portal de la Cámara de Diputados.

Por ejemplo, Issa Kort pidió un informe sobre Relaciones Exteriores. El documento tiene diez páginas -contando portada e índice- y luego un punteo del programa y las iniciativas legales en discusión copiadas directamente de la web, con un generoso interlineado y tamaño de la letra. Eso costó 500 mil pesos. Mismo estilo de asesoría pidió el diputado Joaquín Lavín sobre Economía, aunque éste tiene solo seis páginas y costó 700 mil pesos.

Lo mismo se repite con Gastón von Muhlenbrock, María José Hoffmann, Ignacio Urrutia, Jorge Alessandri, Celso Morales, Iván Norambuena y uno de los que solicitó Jaime Bellolio.

El tercer grupo de informes solicitados por los diputados UDI a la fundación son sobre materias específicas que están siendo discutidas o de interés del legislador. Sergio Bobadilla, por ejemplo, pagó 500 mil pesos por un informe de ocho páginas -incluyendo portada e índice- sobre el proyecto que perfecciona los beneficios otorgados a bomberos. Allí se detalla su tramitación y el contenido del proyecto -lo que se encuentra disponible en el sitio de la Cámara-, además de dos páginas de comentarios.

Lo mismo ocurre con Rolando Rentería y un informe de seis páginas de contenidos que costó 700 mil pesos. La misma cantidad pagó Enrique van Rysselberghe por una explicación del proyecto que crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología -ya explicado en el mismo texto legal-. A los que se suma un informe de cuatro páginas pagado por Juan Fuenzalida que reúne lo dispuesto en un proyecto de ley y los comentarios de quienes asistieron a la sesión, por $500 mil.

La diputada Sofía Cid, por otra parte, encargó un informe sobre “El impacto de las redes sociales y su importancia” por 650 mil pesos, donde se cuenta la historia de la publicidad, lo que es un logotipo y la identidad corporativa -lo que se puede encontrar libre en internet-. Una de las conclusiones del informe es que “es importante que en el desarrollo del emprendimiento la persona cuente con una asesoría adecuada para que se pude diferenciar de sus competidores”.

Informes de este tipo también tienen Nino Baltolu, Ramón Barros, Gustavo Sanhueza, Sandra Amar, Javier Hernández, Sergio Gahona, Patricio Melero y Renzo Trissoti.

Los asesores “estrella”

Asesores se repiten entre diputados y algunos de ellos llaman la atención, como es el caso del ex diputado Jaime Pilowsky Greene, quien dejó su cargo en marzo pasado, y ahora asesora al DC Iván Flores. La primera semana de mayo entregó un informe sobre seguridad ciudadana que costó un millón 300 mil pesos, que incluía minutas con lo ocurrido en tres comisiones y proyectos discutidos allí, además de proyectos pendientes del año pasado.

Otro asesor que se repite es Juan Claudio Reyes Saldías, quien en lo que va del año ha hecho dos informes para Gabriel Ascencio (DC) y dos para Gabriel Silber (DC). Al primer diputado le entregó una asesoría con discursos de intervenciones, proyectos de acuerdo y seguimiento. Son solo cinco páginas, contando la portada, donde hay una introducción y una propuesta de proyecto de acuerdo. El costo fue de 700 mil pesos.

Otro informe del 2 de mayo, que costó un millón 300 mil pesos al Congreso, es un análisis de 9 páginas sobre los primeros 100 días de gobierno de Piñera, relatando las polémicas en torno al nepotismo, el cuoteo y críticas en torno a esto, además de un apartado especial llamado “Ministros deslenguados” donde se hace un análisis de los errores comunicacionales de siete secretarios de Estado. A eso se suman dos columnas de opinión de dos páginas cada una.

El mismo tipo de informes hizo para el diputado Silber en dos oportunidades. El primero es una asesoría política sobre la posición de la Democracia Cristiana frente a los acuerdos del Ejecutivo –seis páginas, 700 mil pesos-, aunque luego hace una reflexión sobre la región Metropolitana y temáticas relevantes de interés nacional. Juan Claudio Reyes ha trabajado en varios gobiernos de la centroizquierda, como en el último de Michelle Bachelet en la Subsecretaría del Interior.

La periodista Pamela Olavarría Pontica es otra recurrente, con al menos tres diputados de RN: Karin Luck, Francisco Eguiguren y Sebastián Torrealba, a quienes ha hecho dos informes a cada uno desde que se inició la legislatura el 11 de marzo, según lo que ha registrado la Cámara de Diputados en su sitio hasta el momento.

Uno de los informes hechos por Olavarría a Eguiguren incluye una minuta sobre el litio en Chile, el marco jurídico (un párrafo), cifras, opinión del Senado por el polémico acuerdo Corfo-SQM, la visión de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio y y preguntas y respuestas de sugerencia para una entrevista en la extinta revista Qué Pasa, que nunca vio la luz. Las siete páginas costaron 800 mil pesos al Congreso. Lo mismo ocurre con otro informe sobre automatización laboral, con historia y cifras que pueden encontrarse en Google a lo largo de siete páginas, con un costo de 700 mil pesos.

Mismo estilo de trabajo con un informe para el diputado Torrealba sobre delincuencia en La Legua y acciones políticas a seguir. En cuatro carillas -que tuvieron un costo de 700 mil pesos- se lee la historia de la población, algunas cifras, enunciados sobre acciones ejecutadas en el lugar y varios párrafos de un informe de una comisión investigadora. Al final se hace una propuesta sobre cómo enfocar el tema, donde la conclusión más relevante en tres párrafos es que “es necesario enfrentar el problema desde una mirada más humana”.

Otros dos asesores se repiten según los registros es Marcelo Pérez Quilaqueo, quien asesoró a tres diputados luego que dejó su cargo en la Secretaría General de la Presidencia. Pérez hizo dos informes a Miguel Crispi (RD) por un total de $1.700.000, uno de 13 páginas y otro de seis. También entregó dos informes más completos al diputado Pablo Vidal (RD) por 850 mil pesos y a Jorge Brito (RD), los cuales se elaboraron de acuerdo a la normativa.

El otro asesor que se repite es Marco Zepeda Risso, abogado y ex candidato a concejal por Maipú. A Pepe Auth (Ind.) le hizo dos informes de 10 páginas cada uno por un millón 700 mil pesos, entre redacción de proyectos, de oficios, minutas sobre iniciativas particulares y una propuesta de carta para interpelar al ministro de Salud, Emilio Santelices. Zepeda también ha asesorado a la diputada Pamela Jiles (PH) con dos informes por la misma cifra, incluyendo contenidos similares.

El alto costo de la asesoría

Cuatro páginas, que incluyen seis párrafos de texto y tres grandes gráficos hablando sobre “la incidencia del plan Auge en el cáncer vesicular” por 700 mil pesos. Es uno de los informes pagados por el diputado Daniel Verdessi (DC) a la abogada Montserrat Mundaca el pasado 24 de abril, además de otro entregado seis días después que integra un análisis de cuatro páginas sobre la “objeción de conciencia institucional”, por un millón de pesos, citando debidamente otros estudios y casos comparados.

El alto costo pagado por diputados por informes es transversal a todas las bancadas. La congresista Marcela Hernando (PR) pagó un millón de pesos a comienzos de mayo por un informe sobre Bullying y las consecuencias de la legislación actual en la convivencia escolar, con ocho páginas de análisis, cifras y una breve conclusión.

Además, otro informe que costó 700 mil pesos por seis carillas sobre el acceso a la información de los padres a la hora de elegir un jardín infantil, donde hay información de La Tercera, LeyChile.cl y una conclusión de tres párrafos donde lo principal afirma que la ley busca “resguardar los derechos en el proceso de educación de este nivel educativo”.

Por otra parte, el diputado Marcelo Díaz encargó un informe a Felipe Medina Maldonado -militante PS que trabajó en el gobierno regional en la administración pasada-, por $430 mil, que a lo largo de nueve páginas resume en cuatro minutas las reuniones del diputado y lo acordado en ellas, además de una brevísima explicación de lo que es el Festival de los Mil Tambores.

Varios otros diputados pagaron esas cifras también, aunque con estudios más acabados, como la diputada Natalia Castillo (RD) por una caracterización completa del distrito 10 y análisis y metodologías para la intervención; un informe a la diputada Camila Rojas de la Fundación Nodo XXI por dos millones sobre el Crédito con Aval del Estado (CAE) que fue usado para crear luego una comisión investigadora; y otros de alto costo solicitados por los diputados René Saffirio y Alejandra Sepúlveda.