Punta Peuco: indultado por Piñera fusiló a mujer embarazada en 1973

El 16 de octubre de 1973 fue el último día que la ciudadana argentina Beatriz Díaz Agüero fue vista recorriendo los pasillos de la Torre N°12 de la Remodelación San Borja, en la comuna de Santiago.

Durante la madrugada de ese día fue sacada de su cama y detenida junto a su marido Carlos Adler Zulueta (25), con quien había llegado a vivir a Santiago en marzo de ese año, y cuatro de sus vecinos, apresados en las mismas condiciones.

Tras ser detenidos, el grupo fue conducido al centro de tortura de Londres 38 y luego fueron trasladados a la Casa de la Cultura de Barrancas, en Pudahuel.

Desde allí, posteriormente, fueron llevados a las cercanías del Túnel Lo Prado en donde Beatriz, Carlos, Víctor Garretón Romero (60 años, importador y militante del Partido Nacional), Cristián Montecinos Slaughter (27 años, funcionario del Fondo Monetario Internacional), Julio Saa Pizarro (37 años, cirujano dentista) y Jorge Salas Paradisi (25 años, estudiante universitario) fueron fusilados por la espalda con ráfagas de ametralladora por efectivos de la Escuela de Suboficiales del Ejército.

Beatriz había realizado sus estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cuyo, en Argentina. Tenía 26 años al momento de su detención y estaba embarazada de seis meses.

Condenas

Por este hecho, conocido como Caso Torres San Borja, en 2011 fueron condenados a diez años de presidio efectivo, sin beneficios, los uniformados Gerardo Ernesto Urrich González, Juan Ramón Gerardo Fernández Berardi y René José Guillermo Cardemil Figueroa, como autores del delito reiterado de homicidio calificado.

Este último, Cardemil Figueroa, fue el condenado que cumplía prisión en Punta Peuco que fue indultado por el Presidente Sebastián Piñera, según información dada a conocer este fin de semana por La Tercera.

Según la investigación realizada por el ministro en visita Jorge Zepeda Arancibia, Cardemil dirigió la patrulla militar que realizó el allanamiento y detención en la Torre San Borja y fue quien dio la orden de ejecutar a los prisioneros con la gente que estaba a su mando.

Con la indagatoria se pudo determinar, además, que esta detención se produjo por una delación efectuada telefónicamente por una vecina de los 6 ejecutados, y que habría sido “una equivocación”, hecho que quedó acreditado además ante la Comisión Rettig, que incluyó los nombres en la lista de víctimas.

Salvo la familia Adler Agüero, el resto de las víctimas no tenía vinculación política, ni tampoco relación entre sí. Los cuerpos fueron encontrados el 17 de octubre de 1973 en el kilómetro 12 del camino que une Santiago con Valparaíso, desde donde fueron trasladados como NN al Servicio Médico Legal, a donde llegaron con diversos impactos de bala.

Repudio internacional

Este caso por el que Cardemil cumplía condena, confirmado en marzo de 2013 por la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, es paradigmático además porque fue un caso en el que la dictadura tuvo que salir a dar explicaciones a organismos internacionales.

Cristián Montecinos Slaughter al momento de su detención era funcionario del Fondo Monetario Internacional (FMI), razón por la que el organismo consideró el hecho como una violación a los derechos humanos y solicitó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) investigar.

En junio de 1976, dicho organismo determinó que este caso constituía una violación grave al derecho a la vida y solicitó los antecedentes, recomendando a la Junta Militar iniciar una investigación para hallar a los responsables. El proceso se cerró sin culpables.

Asimismo, Marcelo Montecino denunció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ejecución sumaria de su hijo Christian. Instancia que decidió tramitar el caso y en junio de 1974 solicitó antecedentes al Gobierno de Chile. Un año después, se lee en la sentencia, el organismo internacional envió notificaciones a la Junta Militar.

Finalmente, la Junta Militar respondió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los seis detenidos “se fugaron por una ventana que carecía de protecciones, dirigiéndose a la carrera hacia una pandereta que cierra el recinto (…) Mientras huían, fueron sorprendidos por los centinelas del cuartel, dando las voces de alto de rigor y efectuando disparos al aire de prevención. Pese a ello, los detenidos continuaron su fuga, ante lo cual los centinelas de guardia hicieron blanco en sus cuerpos provocándoles la muerte. (…) Posteriormente, los seis cadáveres fueron conducidos en una camioneta hasta las cercanías del Túnel Lo Prado, donde existía el hospital de campaña del Ejército, donde fueron entregados y conducidos en una ambulancia del mismo hospital hasta el Instituto Médico Legal, donde se procedió a efectuar las autopsias de rigor”.

Dicha comunicación fue desestimada por el nulo vínculo entre los detenidos (lo que habría impedido que se concertaran para escapar), la inverosimilitud de su traslado al kilómetro 12 de la carretera Santiago-Valparaíso y porque el argumento de la fuga era usado de manera común para justificar fusilamientos.

Asimismo, la familia de Carlos Garretón, quien era militante del Partido Nacional, realizó un reclamo formal ante el Ejército por el asesinato, lo que dio inicio a un sumario interno, el que concluyó que el crimen había sido “un error militar”, expresando su pésame y pidiendo disculpas a la familia.

En el aspecto civil, la justicia acogió las demandas presentadas por los familiares y el Estado de Chile fue condenado a pagar $100 millones a cada uno de los demandantes como indemnización por daño moral.

El ex coronel de Ejército René Cardemil recibió el indulto presidencial el 6 de abril pasado, pero no logró acceder a este beneficio debido a que murió por un cáncer prostático en el hospital militar de Santiago, un día después de que Piñera firmara la resolución. Esta fue la primera vez que se buscó liberar a un reo de Punta Peuco, por “razones humanitarias”. 

De Bachelet a Piñera: demanda por Ley Zamudio cambió de nombre

El 9 de marzo pasado, el abogado Raúl Meza presentó una demanda en contra de Michelle Bachelet por “discriminación arbitraria” hacia los ex militares condenados que cumplen pena en el Penal de Punta Peuco. Todo, en medio del debate que se instaló hacia el cierre del Gobierno pasado, por el eventual cierre del centro penitenciario

Dado el cambio de Gobierno, el día 21 del mismo mes, Meza rectificó la demanda ante el Juzgado de Letras de Colina cambiando el nombre de la ex primera mandataria por el del Presidente Sebastián Piñera.