Naciones Unidas denuncia graves violaciones a los DD.HH. en centros del Sename

El Ministerio de Justicia publicó el informe del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, el cual da cuenta de graves vulneraciones a los derechos humanos de los niños pertenecientes al Servicio Nacional de Menores (Sename) desde hace 40 años, por parte del Estado de Chile.

En la presentación del documento, el ministro Hernán Larraín señaló que “durante el año 2017, se recogieron todos los antecedentes que existían escritos a la fecha, incluyendo el informe Jeldres de 2013, el informe de las propias cámaras de diputados en sus cámaras investigadores, informes del INDH, de la Corte Suprema y todos los que pudieran dar más conocimiento sobre la situación que pudiese estar ocurriendo”.

Larraín fue claro en señalar que el informe consigna que “el Estado de Chile es responsable por graves violaciones de los derechos enunciados en la convención -internacional sobre los derechos del niño-, considerando que el sistema de protección ha resultado de una amplia vulneración de miles niños, niñas y adolescentes (NNA) bajo la tutela del Estado durante un largo periodo de tiempo. Habla de 40 años”.

El documento del Comité de Derechos del Niño apuntó que el Estado permitió que los menores “ingresen al sistema residencial por razón de carencias económicas, sin que los Tribunales de Familia activen la ayuda material que requiera la familia para otorgarles el cuidado adecuado, privilegiando la internación sobre otras modalidades”.

Según la ONU, la decisión de separar a los niños de las familias debe ser la última alternativas, pero que los tribunales separan por “razones administrativas” a hermanos, prueba de ello es que en 2017, el 24,1% de los niño tenía hermanos en otros centros del Sename.

Además, dedica duras palabras a la labor del Estado de Chile en cuando a la sobrepoblación y condición de los centros, recalcando que están “en estado crítico, existiendo un deterioro permanente de los centros, con reparaciones parciales y de mala calidad. Hay deficiencias de seguridad, como inexistencia de vías de escape y zonas de seguridad, extintores vencidos o inexistentes, escaleras en mal estado, falta de planes de evacuación, piscinas sin malla de seguridad, etc…”.

Respecto al Poder Judicial, el organismo lo responsabiliza por supervisar los avances de programas de reintegración, pero “la mayor parte de los jueces carecen de formación específica para evaluar dichos avances y se limitan en gran medida a supervisar la situación del centro (…) Las decisiones judiciales no determinan en muchos casos que derechos han sido vulnerados, lo que no permite identificar para qué se interna y de qué debe recuperarse”.

En tanto, también cuestionó el financiamiento, apuntando que el sistema de subvenciones a los organismos colaboradores (OCAS) “incentiva la internación prolongada”, además de operar según “una perspectiva filantrópica y no de derechos”.

Finalmente, da cuenta de los problemas para proteger a los niños, poniendo como ejemplo el Cread de Playa Ancha, donde se conoció la situación de 25 menores víctimas de violencia por parte de los funcionarios, por lo que recomienda su cierre.

“El abuso sexual es la segunda o tercera causa de ingreso en la red Sename y la internación expone nuevamente a los NNA a estos abusos”, precisó.