Ley de Identidad de Género: la votación conjunta impulsada por la oposición que complica al oficialismo
El informe de la comisión mixta que revisó el proyecto fijó una sola votación para accedan al cambio registral tanto menores de entre 14 y 17 años y adultos. Esto, pese a que el bloque de gobierno solo pretendía aprobar la modificación para mayores de edad.
Luego de varias semanas de discusión, y más de cinco años de trámite legislativo, la comisión mixta que reunió a diputados y senadores zanjó finalmente el informe respecto a la Ley de Identidad de Género, iniciativa que ahora deberá ser votada por ambas salas.
Más allá del contenido de la iniciativa, la comisión mixta también determinó la forma en la que se votarán los artículos, definición que, según acusan en el oficialismo, incluye una “trampa” que favorecería las posturas del bloque opositor.
Así, según se acordó, en ambas cámaras se votará de manera conjunta la posibilidad de acceder al cambio de nombre y sexo registral tanto para mayores de edad como para adolescentes de entre 14 y 17 años. Con esto, el oficialismo, que se había abierto a aprobar dicha normativa solo para adultos, deberá optar por “todo o nada”.
Ante esto, el diputado RN Diego Schalper, que integró la instancia mixta, señala que el orden fijado para la votación es una “decisión política” para “forzar la votación respecto a los menores de edad”. Esto, junto con acusar una “aplanadora legislativa”.
Norma que se votará por separado, eso sí, es la que permite el cambio de nombre y sexo registral para menores de 14 años, además de definir si solo será necesaria una autorización judicial para que adolescentes realicen el trámite, o se considerará como requisito que los padres o tutores visen la decisión.
Con todo, según los cálculos preliminares del oficialismo, a la centroizquierda le basta con sus propios parlamentarios para aprobar la posibilidad tanto para que adolescentes y adultos accedan a cambiar de sexo de manera oficial.
Los días de votación no están definidos aún, ya que dependen de la tabla, pero en primera instancia se realizarían durante los días martes 4 de septiembre en el Senado y miércoles 5 en la Cámara de Diputados.
El último paso de esta legislación sería el control preventivo constitucional obligatorio en el Tribunal Constitucional, porque se incluyen normas de naturaleza orgánica constitucional, tales como las funciones que se le entregarían a los Tribunales de Familia y la disolución del matrimonio.
