Exceso de política y “maquinación” para remover al contralor: episodios de la tensa relación Bermúdez-Pérez

Las últimas dos jornadas han sido claves para la defensa del contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ante tribunales. Esto, luego que la ex subcontralora Dorothy Pérez -removida recientemente- decidiera continuar su arremetida con un recurso de protección que busca reintegrarla en sus funciones, pese a que la autoridad ya nombró a su reemplazo.

El primer paso del plan de Bermúdez fue llegar temprano este miércoles a la Corte de Apelaciones para presentar un documento que apunta a que la orden de no innovar entregada por Pérez sea revisada y rechazada, impidiendo así una posible reintegración en su cargo.

El segundo paso, incluye al Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo con que el contralor ya se comunicó en las últimas horas para su amparo en medio de este conflicto judicial. Todo esto, al tratarse de un cargo público y que representa los intereses del fisco. Desde Contraloría confirmaron a El Dínamo que el CDE se hará cargo de su defensa.

La decisión es parte de un diseño que busca terminar con las dudas respecto a la legalidad de la determinación de declarar vacante el cargo de Pérez, en base a la “pérdida de confianza” que ha sostenido Bermúdez y que, de acuerdo a fuentes al interior de la Contraloría, también responde a una raigambre de situaciones que hacían insostenible la relación entre ambos.

Los conflictos

El punto de quiebre en esta disputa fue la citación a Dorothy Pérez a declarar en el caso del mega fraude en Carabineros, la tercera semana de agosto. Bermúdez argumentó la solicitud de renuncia con que no era bueno que altas autoridades estuvieran involucradas en casos judiciales, ante lo que la ex subcontralora se negó a dar un paso al costado. Esto impulsó al contralor a removerla con otra fórmula.

Pérez era citada en su calidad de ex jefa de un área de auditoría, del que dependían dos funcionarios ya desvinculados que -tras un sumario- se determinó que eran responsables de no realizar las indagatorias ante la anomalías financieras detectadas en Carabineros, y que la ex subcontralora no habría realizado el seguimiento adecuado. En el organismo afirman que todas las decisiones “pasaban por su visto bueno”, incluyendo el hecho de que el contralor no fuese informado de la situación que estaba ocurriendo.

Sin embargo, lo cierto es que los conflictos entre ambos venían desde mucho antes y en el entorno del contralor lo grafican en tres hechos. El primero de ellos, ya conocido, apunta a las diferencias comunicacionales que tenían por las informaciones que eran emanadas desde el Departamento de Comunicaciones, dependiente entonces de Dorothy Pérez, que muchas veces habría incurrido en errores o derechamente en “filtraciones erróneas a la prensa”.

Al mismo tiempo, mucha información que debía llegar a Bermúdez -afirman en Contraloría- era “sesgada o simplemente se omitía”, lo que el mismo contralor habría corroborado en reiteradas oportunidades cuando se enfrentaba a periodistas que le hablaban de datos “entregados en su nombre”.

En paralelo, un nudo fue la creación de “Contralorito” para las campañas de redes sociales, hecho por un reducido equipo comunicacional dependiente exclusivamente del contralor. Pérez no habría estado de acuerdo con sus caricaturas y en difundir masivamente informaciones que pudieran hacer ruido con las instituciones fiscalizadas. “Prefería una política comunicacional de no transparencia”, cuestiona un funcionario de Contraloría.

Otro flanco apunta a la forma de trabajo, que de parte de Pérez habría tenido un carácter más político que técnico, buscando consensos con otros actores para evitar conflictos externos. Esto habría ocurrido, por ejemplo, en la polémica que tuvo la Contraloría con Codelco por el sistema de licitaciones y compras públicas durante el año pasado.

De acuerdo a funcionarios, la ex subcontralora era partidaria de no generar una disputa con la empresa estatal e incitaba al contralor a reunirse con lobbistas “para llegar a acuerdos en la lógica de la cocina política”. Lo mismo -afirman- ocurrió con un dictamen que beneficiaba a los funcionarios a contrata, impidiendo sus despedidos sin una justificación de peso. Dorothy Pérez habría afirmado que eso limitaba a las distintas autoridades a poner a personal de su cercanía política en puestos claves.

La “maquinación política”

Otros elementos más complejos -relatan en Contraloría- comenzaron a configurar el diseño de una posible “maquinación política” que habría tenido como objetivo final relevar en su cargo al contralor Bermúdez. Por una parte, Pérez habría mostrado en reiteradas veces su “inconformidad” en las decisiones tomadas por la autoridad “poniendo trabas en los procesos”. Esto, porque supuestamente buscaba “un nivel de influencia mayor”.

Por lo mismo, afirman en el organismo, se habría generado una imagen del contralor que no se ajusta a la realidad entre los mismos trabajadores y en la opinión pública, con la información que era entregada a la prensa por parte del Departamento de Comunicaciones, que en ese momento dirigía Elena Martínez, muy cercana a Pérez.

Los mismos aseguran que la ex subcontralora, tanto con la plana mayor del organismo como con otros funcionarios, habría instalado la idea de que existía la posibilidad de que parlamentarios presentaran una acusación constitucional para remover al contralor, por distintos hechos que los estaban enfrentando. “Ella decía que era algo corroborado con legisladores con los que se relacionaba constantemente”, agregan.

En ese contexto, la citación a Pérez como testigo en el “pacogate” habría sido la “oportunidad” para un distanciamiento formal. Si bien se sostiene que tanto el cargo de contralor como subcontralor son inamovibles, Bermúdez se ampara en una derogación tácita que se hizo cuando se modificó la Ley Orgánica de la Contraloría, que incluyo también la posibilidad de acusar constitucionalmente a esta máxima autoridad.

En ese momento se definió que todos los funcionarios del organismo son de exclusiva confianza del contralor, incluyendo por tanto el cargo que ostentaba Dorothy Pérez. En esa interpretación jurídica se basaron en el equipo de Jorge Bermúdez para tomar la polémica decisión que hoy tiene judicializado el proceso.

De hecho, varios recuerdan que en la administración de Ramiro Mendoza -de ocho años- hubo tres personas distintas en el cargo de subcontralor -Sonia Doren, Noemí Rojas y Patricia Arriagada- y que todas salieron del cargo mediante el proceso de solicitud de renuncia voluntaria.

La versión de Pérez

A través de un escrito de 48 páginas, los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz presentaron la tarde de este lunes un recurso de protección ante la Justicia, en representación de la ex subcontralora. En él, afirman que la resolución que declaró vacante su cargo es un “acto ilegal y arbitrario” 

“Carece de una debida motivación y justificación y se adoptó actuando a través de una comisión especial y sin cumplir el debido procedimiento que establece la ley, lo que, como se verá, amenaza, lesiona y vulnera el legítimo ejercicio de las garantías fundamentales de las que nuestra representada es legítima titular”, afirman. Pérez pide dejar sin efecto la resolución y todo acto administrativo posterior.

En el documento también se relatan algunos episodios de la relación entre ambos. “(Bermúdez) comenzó a manifestar actitudes de irritación y molestia contra nuestra representada, que en ocasiones se concretaron en respuestas verbales que denotaron algún grado de hostilidad frente a ella”, dice.

Esto, afirman, “en respuesta ante los respetuosos consejos o recomendaciones de prudencia que nuestra representada en su calidad de subcontralora general de la República le efectuaba al Sr. Bermúdez Soto frente al lenguaje, el contenido y/o apresuramiento de las publicaciones que la CGR ha estado realizando en redes sociales, los que podrían producir efectos delicados para la imagen republicana de la institución, como también, para los funcionarios y funcionarias de mayor antigüedad en la misma”.

Lo anterior en referencia a las publicaciones de “Contralorito”, “parodiando imágenes de terceros con comentarios o publicaciones con un lenguaje inadecuado, o utilizando imágenes sujetas a la protección de la normativa sobre propiedad intelectual sin contar con las autorizaciones requeridas, haciéndolos propios o asociándolos a la imagen institucional”.

Pérez afirma que los comentarios “iban en el sentido de continuar usando la herramienta de las redes sociales y el valioso personaje institucional creado recientemente (Contralorito), pero hacerlo con otro foco, uno ameno y de lenguaje adecuado”.

Más adelante, el recurso detalla varias acciones que generaron problemas entre ambas autoridades del organismo, lo que habría generado una “serie de actos de hostigamiento, conversaciones y reuniones con abierta hostilidad hacia nuestra representada, algunas incluso realizadas frente a otros funcionarios de la institución”.

“A todas luces, el comportamiento mediático del contralor solo ha acrecentado sus equivocaciones y, principalmente, ha masificado sus actuaciones ilegales y arbitrarias informándolas por los medios incluso antes de dictarlas formalmente a través de actos administrativos, dañando a la institución y la honra de la Sra. Pérez Gutiérrez”, agregan.

Control de daños

El análisis en Contraloría es que se ha creado una imagen de Bermúdez de un “hombre omnipotente” y que tiene una obsesión por controlarlo todo, por lo que muchos -medio en broma, medio en serio- se refieren a él como el cuarto poder del Estado. “Una actitud inestable e impulsiva” es otra de las visiones que afirman que se ha creado en torno a su figura tras la solicitud de renuncia.

Por lo mismo, el diseño comunicacional de su defensa ha apuntado a “racionalizar y humanizar” su decisión, transformándolo en algo “lógico y entendible” en virtud de los argumentos que se han expuesto, tensionando la situación a tal punto que su remoción era la última alternativa. Así lo explican en su entorno.

Esto en el contexto, además, de que en algunos sectores se ha instalado la idea de que sí Dorothy Pérez triunfa en tribunales, el contralor quedaría en mal pie, lo que podría abrir la idea de que debe dar un paso al costado. De ahí la decisión de Bermúdez de recurrir al Consejo de Defensa del Estado.

También el análisis del petit comité de Contraloría ha recogido los conflictos con políticos y distintos sectores que pudieran influir en este mediatizado conflicto, como los polémicos dictámenes por los protocolos de objeción de conciencia para el aborto -que terminó por complicar al Gobierno- o la validez del viaje del ministro Felipe Larraín a una reunión de ex alumnos de Harvard a Nueva York -lo que no fue favorable para la oposición-.

En esa línea, en el entorno de Bermúdez están alertas también porque entienden que el Ejecutivo “no está cómodo con el contralor porque a falta de mayoría parlamentaria, muchas políticas públicas que impulsan deben ser ejecutoriadas a través de decretos”, los que deben pasar inevitablemente por la Toma de Razón de la Contraloría.

Esto haría “impredecibles” los resultados de esas decisiones para el Gobierno y el oficialismo, generando una mayor incomodidad y tensión con la clase política, en un contexto donde varias altas autoridades -como el fiscal nacional y jueces de la Corte Suprema- enfrentan procesos de destitución.