Los conflictos que hicieron renunciar a Teodoro Ribera en el primer gobierno de Piñera
Ribera, quien renunció en 2012, llegó a asumir la compleja cartera de Relaciones Exteriores, en la cual deberá asumir la defensa chilena frente a la demanda presentada por Bolivia por el cauce del río Silala.
En el segundo cambio de gabinete realizado por el Presidente Sebastián Piñera durante su segundo mandato, en el que se mantuvo a la mayoría del equipo político y se recurrió a nombres conocidos para los cambios en ministerios sectoriales, uno de los nombres que sorprendió fue el regreso de Teodoro Ribera.
El abogado integrante del Tribunal Constitucional, militante RN y actual rector de la Universidad Autónoma, llegó a asumir la compleja cartera de Relaciones Exteriores, en la cual deberá asumir la defensa chilena frente a la demanda presentada por Bolivia por el cauce del río Silala.
Pero la llegada del exministro de Justicia reemplazando al cuestionado escritor a cargo de Cancillería recordó la salida que tuvo que presentar en 2012 por su vínculo con la mencionada universidad privada.
En diciembre de 2012, y tras un año y seis meses de gestión, Ribera presentó su renuncia tras las duras críticas que recibió por la contratación de Luis Eugenio Díaz, el formalizado expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para realizar informes en Gendarmería.
Díaz no se habría inhabilitado para votar la acreditación de la Autónoma a pesar de su vínculo como asesor al interior de la cartera de Justicia. En ese momento, Ribera había recibido el respaldo por parte de Piñera.
Díaz se mantuvo en prisión preventiva por las irregularidades en la entrega de acreditaciones por los delitos de soborno, cohecho, negociación incompatible y lavado de dinero.
Tanto la Universidad Autónoma como el Instituto Incacea estaban vinculados al escándalo de acreditaciones y el actual Canciller mantenía un porcentaje en la propiedad.
Según una investigación de Ciper, en 2016 la Autónoma era una de las universidades investigadas por el retiro de utilidades por parte de empresas relacionadas y es una de las cinco universidades privadas no tradicionales que pudieron acceder al sistema de gratuidad en la educación superior.
Un informe de la PDI estableció que, entre 2008 y 2012, la Autónoma pagó $7.174 millones a sociedades relacionadas o a familiares de Ribera, además de acreditar el retiro de utilidades desde dos sociedades creadas para arrendar inmuebles a la universidad: Autónoma El Llano S.A. e Inmobiliaria Autónoma S.A.
