Essal y crisis en Osorno: quiénes son los dueños del agua en Chile

Frente a la grave crisis sanitaria que se vive desde hace más de una semana en la ciudad de Osorno, por el extenso corte de agua potable de la empresa Essal S.A., uno de los temas que ha entrado al debate es el del funcionamiento de las compañías que prestan este imprescindible servicio.

Así, incluso el ex Presidente Ricardo Lagos se refirió al proceso de privatización de las empresas distribuidoras de agua que desarrolló, en parte, durante su gobierno.

En el programa Bienvenidos, Lagos aseguró, en referencia a Esssal, que “ellos tienen una concesión, no son dueños del agua (…) La mayor demostración de que ellos (las empresas) no son los dueños del agua es que en unos años más el que esté sentado en La Moneda si quiere dejarlo en manos del Estado, pues lo deja. Porque es una concesión por un período de tiempo”.

Sin embargo, al contrario de lo señalado por Lagos, este no es el caso de Essal.

El modelo Frei y el modelo Lagos

Para entender con claridad el modelo que rige a las empresas sanitarias en Chile, es necesario remitirse a los años 90, cuando durante el gobierno de Eduardo Frei, se decidió incorporar capital privado en las empresas sanitarias con el objetivo de distribuir “de mejor manera” los recursos estatales.

Así, el Estado no financiaría obras de infraestructura sino que serían los clientes los que pagarían por estas inversiones y la rentabilidad de las empresas a través de las tarifas pagadas en las cuentas mensualmente.

Este modelo llevó a la privatización de las empresas más grandes que había en ese momento, que eran la Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias (Emos) en Santiago, la Empresa Sanitaria de Valparaíso, Aconcagua y Litoral (Esval) en Valparaíso y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos (Essal).

Se le entregó a una empresa privada la administración de la infraestructura y los derechos de agua, que pasaron desde el Estado a la empresa.

Luego, en el gobierno de Ricardo Lagos, y tras la resistencia ciudadana que generó en Concepción y sus alrededores el modelo que buscaba incorporar capital privado a la Empresa Servicios Sanitarios del Biobío (Essbio), el gobierno decidió implementar un modelo distinto.

Así se crea la figura de la Transferencia del Derecho de Explotación de las Concesiones Sanitarias. En concreto, esto significa que a una empresa privada se le entrega la concesión y las inversiones en infraestructura, pero por un periodo de tiempo establecido de 30 años, con lo que la empresa tiene el derecho a cobrar las tarifas y hacer las inversiones necesarias para dotar de todos los servicios sanitarios a la población que atiende. La empresa, tras hacer una evaluación económica de lo que recibiría en esos 30 años descontando las inversiones, le pagó por esta transferencia al Estado.

Aníbal Torrejón, gerente de Ingeniería y Administración de Concesiones de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios (Ecconssa) explica que este “modelo Lagos” es una figura más parecida a un arriendo. Al contrario del “modelo Frei” que es una privatización.

La diferencia entre ambos modelos (el de Frei y el de Lagos) es que a los 30 años que establece el contrato las empresas acogidas a este último modelo vuelven a manos del Estado. “Entre comillas, se termina el arriendo”, dice el ejecutivo.

En los contratos no está especificado que haya una renovación automática, sino que el contrato termina o se puede volver a licitar un contrato de transferencia de derechos de explotación u operar directamente las empresas, agrega.

En el “modelo Lagos”, Ecconssa es la contraparte en la administración de las empresas. Es decir, cuando el contrato de estas empresas se acabe, la concesión vuelve a manos del Estado a través de Econssa, lo que va a ocurrir entre 2031 y 2034, dependiendo del año en que se transfirió cada empresa.

Estas empresas operadoras son Aguas del Altiplano, Aguas Antofagasta, Tratacal, Sembcorp Aguas del Norte, Aguas Chañar, Aguas del Valle, Aguas Nuevo Sur Maule, Aguas Araucanía, Aguas Patagonia de Aysén, Aguas Magallanes.
Cada una de estas empresas regionales deja de funcionar con un directorio y una administración por separado y se funden en Econssa.

La única excepción es la empresa que abastece de agua potable a la comuna de Maipú, que es la única empresa municipal en Chile.

Cuando el entonces Presidente Eduardo Frei enajenó y vendió las sanitarias Emos, Esval y Essal, el Estado continuó participando en ellas con un 35% de las acciones, para tener derecho a representación en el directorio. Parte de esas acciones se vendieron en la pasada administración de Sebastián Piñera, quedando sólo con la propiedad de un 5% a través de Corfo.

Derechos de agua y suspensión de la concesión

Aníbal Torrejón explica que Essal es dueña de la concesión, que es entregada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), lo que le permite operar en un territorio determinado y con una infraestructura necesaria para prestar los servicios sanitarios, tanto en la entrega del agua potable como el tratamiento de las aguas servidas.

La SISS, por lo tanto, también tiene la facultad para quitar esa concesión según está determinado por ley.

En el caso de las empresas administradas a través de Econssa, el procedimiento es similar, pero con una diferencia: la concesión sanitaria es de Econssa, no del operador.

“Por eso es que es importante este tecnicismo de que el contrato dice que es una transferencia del derecho de explotación, porque sólo se transfiere a la empresa el derecho de explotarla, no la concesión. Por llamarlo de alguna manera es como un subarriendo”, explica Torrejón.

Respecto a los derechos de agua explica que todas las empresas que prestan este servicio tienen derechos de aprovechamiento de agua que les pertenecen, porque los solicitaron a la Dirección General de Aguas o porque con el tiempo han ido comprando para tener un stock de derechos que les permita contar con el agua suficiente para procesarla y entregársela a sus clientes, según se estableció en el cambio de la legislación de 1986.

“Entonces, el agua en Chile no está privatizada porque está declarado como un bien de uso público, pero para explotar ese agua tienes que tener un derecho y ese derecho de aprovechamiento es privado. Es una confusión un poco semántica”, aclara el ejecutivo de Econssa.

Cuando se produce la privatización bajo el “modelo Frei” los derechos de agua que eran del Estado, a través de Corfo, se incluyen en la venta, lo que correspondería al caso de Essal. “Es decir, el privado se lleva la concesión sanitaria y se lleva los derechos de agua”, agrega Torrejón.

En el “modelo Lagos”, por otra parte, la concesión sanitaria y los derechos de agua son de Econssa y no pertenecen al privado, quien tiene el derecho de usarlos, pero luego de los treinta años del contrato los tiene que devolver a Econssa.

Con todo esto, Torrejón señala que, lo más probable, es que en su intervención televisiva el ex Presidente Lagos se haya referido al proceso de transferencia de derechos de explotación que encabezó durante su mandato, no al de privatización que corresponde a Essal.

Planes de contingencia

Los últimos dos casos más graves de problemas de desabastecimiento de agua han tenido como protagonista, precisamente, a empresas que fueron privatizadas bajo el “modelo Frei”: Aguas Andinas (ex Emos) y Essal.

La primera presentó graves problemas en la distribución del agua en 2017, tras el aumento de la turbiedad de sus caudales, los que no pudieron ser procesados en la planta de agua potable. Mientras que el problema que enfrenta Essal, según lo informado, corresponde a un incidente ocasionado por un operario.

En el caso de las inversiones en infraestructura para evitar estos problemas a futuro, éstas deben ser pagadas a través de las cuentas mensuales por los clientes.

A pesar de que ambos son hechos externos a la operación misma de la empresa, Torrejón señala que en el caso de Essal es cuestionable que la empresa no cuente con estrategias para enfrentar situaciones de riesgo que produzcan problemas logísticos.

“Es una pregunta que, por lo menos, no se ha conocido: qué pasó con los planes de contingencia de la planta. Y la segunda parte de la pregunta es si efectivamente los había”, opina Torrejón.

Respecto a si esta situación corresponde a una causal para quitar la concesión, Torrejón explica que el proceso es bastante engorroso y complejo. “Yo creo, en mi opinión personal, que el instrumento que se va a utilizar va a ser una multa importante, además una serie de compensaciones que va a tener que realizar la empresa respecto a los clientes afectados, según lo establece la ley”.

En el caso de las empresas administradas por Econssa, Torrejón explica que cada empresa desarrolla sus propios planes de contingencia, los que son exigidos y supervisados por la SISS, tales como contar con generadores que respalden completamente la generación en caso de corte de energía eléctrica en las plantas.

Sin embargo, otros posibles escenarios, como el vertimiento de un tóxico en el alcantarillado, “no creo que existan planes de contingencia a nivel nacional, para todas las plantas, que puedan dar cuenta de una situación como esa”.

Agrega que es posible que la discusión, a partir de toda la lamentable situación que han vivido los vecinos de Osorno, es respecto a la implementación de planes de contingencia que incluyan una inversión importante, tras un análisis “un poco más profundo” de los riesgos a los que está sometida una empresa tan vital como las que prestan el servicio de agua potable.

“El plan de contingencia de la industria es suspender el servicio y resolver el problema. Pero la sociedad está demandando cosas un poco más preventivas y vamos a tener que llegar a otros sistemas, como de medición en línea, por ejemplo. Y eso responde a los estándares que como país nos queremos dar”, concluye Torrejón.