Presidenta de Comisión de OO.PP. del Senado llamó a establecer caducidad de concesión de Essal

La senadora Ximena Órdenes (PPD) se refirió a la solicitud que realizó durante la Sesión Especial del Senado para que la Contraloría investigue los procesos sancionatorios instruidos por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en contra de empresas sanitarias.

En dicha sesión se mencionó además la necesidad de modernizar la institucionalidad de los servicios sanitarios.

Asimismo, Órdenes reiteró el llamado al Gobierno para poner fin a la concesión de la empresa Essal, tras el prolongado corte de agua potable que se vivió en Osorno durante 10 días y que afectó a 200 mil habitantes.

Explicó que actualmente la ley establece la facultad delegada en el primer mandatario para establecer la caducidad de esta concesión.

En ese sentido, señaló que “lo primero que queremos hacer es un llamado al Presidente de la República para que establezca esa responsabilidad y se caduque la concesión porque, hoy día, las multas son marginales, tanto que están provisionados los recursos en la planificación financiera de las empresas sanitarias y no hay ningún incentivo para mejorar la calidad de servicio”.

La representante por la región de Aysén agregó que la situación vivida en Osorno revela una serie de precariedades e irregularidades, las que se dieron a conocer luego de que un operario de Essal revelara las condiciones en que se mantenían los equipos.

“Lo que nos preocupa es que efectivamente si la SISS tenía conocimientos desde el año 2018 de la precariedad en el sistema de captación de agua, según lo dado a conocer por un operario, sino que también fallas en los procesos de cloración de limpieza y otras (…) Hubo un error que yo encuentro, pero también hubo responsabilidad del gobierno corporativo, no es responsabilidad de un operario. En ese sentido tenemos que avanzar”.

Al respecto, señaló que recurrirá a la Contraloría para que se investiguen estos hechos.

“A nosotros lo que nos preocupa es que empresas con reiterados procesos sancionatorios, en este caso más de ochenta, finalmente en lo que terminamos es en multas marginales. En este caso, de 600 millones de pesos que es marginal para el nivel de utilidades”, dijo la senadora.

Consultada sobre si existiría una negligencia de la SISS en este caso, la presidenta de la Comisión de Obras Públicas del Senado aseguró que “a nosotros no nos corresponde hacer esa investigación, pero la Contraloría General de la República sí debería pronunciarse sobre cómo funcionó o si se establecieron medidas para mitigar esta situación (…) Más allá de las sanciones, hay que establecer los hechos tal cual como ocurrieron, pero tenemos que avanzar en un proceso de modernización (…) Tiene que haber una institucionalidad robusta y responsable”.

Órdenes junto al senador Guido Guirardi presentaron una iniciativa legal que obligaría a la SISS a establecer la caducidad de una concesión cuando la empresa comete infracciones de manera reiterada, dañe el medio ambiente o ponga en riesgo la salud de las personas.