Puerto de Arica elimina trato preferencial a cargas bolivianas

Este lunes, la Empresa Portuaria de Arica (EPA) anunció una serie de medidas tendientes a mejorar y aumentar el tonelaje del terminal marítimo, con el objetivo de aumentar de las actuales 3,1 millones de toneladas que opera a más de 5 millones de toneladas anuales.

La más importante de estas acciones es la aplicación del Manual de Servicios del Puerto de Arica a la Administración de Servicios Portuarios-Bolivia (ASP-B), agencia estatal del vecino país, cuyo rol es de intermediario de las cargas de importación boliviana.

¿Qué significa esto en términos concretos? Que la carga boliviana ahora será gravada con los mismos cobros y se le aplicarán las mismas restricciones que los cargamentos peruanos, chilenos o de cualquier otra nacionalidad.

El objetivo de esta modernización, explican desde la empresa concesionaria, es aumentar la rotación de la carga.

A través de un comunicado de prensa, el gerente general de EPA, Rodrigo Pinto, explicó que el Manual de Servicios y Tarifas del Puerto corresponde al conjunto de los servicios y tarifas públicas que son parte de un puerto público.

Costos y plazos

El mencionado manual explica en detalle las condiciones por las que se cobrará a las mercancías que ocupen el puerto de Arica.

Rodrigo Pinto explicó además que “este Manual ya se aplica a las operaciones de cargas chilena, de exportación boliviana y peruana”.

En su Título V, dicho documento hace especial mención a la carga boliviana que tengan la condición de FIO (Free in and out), entendiendo ésta como “toda carga en tránsito con destino a Bolivia proveniente de terceros países, así como aquella proveniente de Bolivia, y que se encuentre regida por los tratados y convenciones vigentes aplicables al régimen de libre tránsito”.

Según este nuevo reglamento que se aplicará, las cargas de exportación bolivianas tienen un tiempo libre del pago de almacenamiento de 60 días, mientras que las de importación bolivianas tienen un almacenamiento libre de pago de 365 días.

Cumplidos ambos plazos, a las cargas se les aplicará las tarifas generales de este servicio. En específico, un valor de US$0,85 por tonelada por el uso del muelle.

Cualquier otra carga no identificada como boliviana se le cobra un valor de entre US$1,95 y US$2,79 por el mismo servicio.

Estas tarifas públicas del operador portuario regirán desde el lunes 5 de agosto de 2019.

El documento establece, además, que “las mercancías en tránsito no podrán permanecer en el Puerto por un período mayor de un año (…) a cuyo vencimiento el Gerente General de Aduana Nacional de Bolivia ordenará su envío a dicho país o su entrega a la Aduana de Chile, para que proceda a su remate como carga rezagada”. Dicha carga se mantendrá en custodia bajo la potestad de la Aduana de Chile “hasta que se proceda a su remate”, pagando al concesionario del vecino país un porcentaje del producto rematado.

En el manual se establece también que con esta medida se busca mantener los deberes que para el Estado de Chile, y particularmente para el Puerto de Arica, emanan del Tratado y acuerdos vigentes, suscritos con la República de Bolivia, garantizando así el libre tránsito comercial de la carga boliviana.

“En todo lo relacionado con los servicios, tarifas y, en general, en todas las materias relacionadas con el tránsito de la carga boliviana, no comprendidas en el Manual Operativo o en acuerdos comerciales y operativos vigentes, les será aplicable el régimen general tarifario y reglamentario, establecido en este Manual de Servicios de TPA S.A.”, se establece en el documento.

Estas modificaciones, al mantener los beneficios que cuenta Bolivia en Chile, no vulneran el Tratado de 1904 firmado entre ambos países.

Convenio vencido con Bolivia

El gerente del Puerto de Arica explicó además que existió un convenio especial con ASP-B que venció en diciembre de 2013, “por lo que no existe ningún convenio especial vigente”.

Además, argumentó que el modelo considerará la posibilidad de aplicar descuentos tarifarios por volumen a la carga boliviana, a través de convenios especiales, basado en los volúmenes.

Consultados por El Dínamo respecto a los detalles de este nuevo estándar, desde EPA aseguran que la situación de las cargas de importación boliviana “se hizo insostenible debido a la falta de programación y a las diferencias que se generaron entre el Puerto de Arica y ASP-B”.

“Por ello, la Empresa mandató al concesionario de aplicar el Manual de Servicios del Puerto, que corresponde al conjunto de servicios y tarifas públicas, ello, sin perjuicio que ASP-B acceda a descuentos u otras condiciones objetivas y no discriminatorias”.

Así, detallan, se aplicarán “los mismos procedimientos e incentivos a todos los usuarios y clientes del puerto, sean chilenos, bolivianos o peruanos, tal y como debe ser en un puerto público”.

Respecto a los descuentos a la carga boliviana, explican desde Arica que “la opción de acceder a descuentos supone usar criterios o parámetros objetivos y no discriminatorios, como en cualquiera industria o servicio. Entonces, el volumen de los servicios solicitados amerita la aplicación de descuentos, así como también la frecuencia de los servicios o los itinerarios de los mismos”.

Respuesta boliviana

Una vez se dio a conocer esta medida, los medios de comunicación del país altiplánico hicieron eco de estos cambios.

Según publican sitios bolivianos, la concesionaria chilena le dio una semana de plazo al Gobierno boliviano para buscar acuerdos respecto al ajuste tarifario por los servicios, con la advertencia de aplicar las tarifas máximas.

Desde la empresa chilena afirman que, al respecto, “no hemos recibido respuesta”.

“Al Gerente Ejecutivo de ASP-B, Sr. David Sánchez lo hemos invitado en varias ocasiones, pero no ha venido a Arica, razón por la cual, se le informó a través de una carta, reiterando la invitación”, comunicaron desde la empresa chilena ante las consultas de El Dínamo.

Según explican los mismos medios bolivianos, el mayor costo para los comerciantes de dicho país se genera por los cobros que realiza la misma agencia estatal boliviana, no en el Puerto de Arica.

El gerente de la Cámara nacional de Comercio (CNC) de Bolivia, Gustavo Jáuregui, aseguró que estos montos en algunas ocasiones “triplican o cuatriplican lo que cobra el puerto chileno”.

Los exportadores vecinos señalan que la empresa chilena mantiene un costo bajo para los servicios portuarios, pero el precio final pagado se incrementa por los costos que incorpora ASP-B por su gestión de intermediación a las importaciones.

“Como la ASP-B triplica la tarifa que cobra TPA, entendemos que ya estaría por demás pagado por el empresario boliviano. Esa modificación tarifaria, no tendría por qué afectarle al usuario final. Si llegase un ajuste tarifario, debería asumir ASP-B y no el empresario”, agregó el dirigente boliviano.